Superávit en leyes ambientales y déficit en gestión energética
Daniel Noboa cumple un año más en funciones, en medio de una crisis energética que acarrea desde 2024. La agenda ambiental ha priorizado la creación de leyes.
El presidente Daniel Noboa empezó su segundo mandato, el 24 de mayo de 2025, con una crisis energética que no ha logrado resolver hasta hoy. La imagen del flamante ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum, constatando los daños en el dique planificado en 2024 y terminado hace un mes para contener los sedimentos en la Central Coca-Codo Sinclair, es elocuente.
Una parte de esta obra de USD 19 millones no resistió el embate de las aguas debido al aumento de lluvias. La hidroeléctrica volvió a operar horas más tarde e indujo a Blum, ex asesor de la ex ministra Inés Manzano y efímero gerente de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), a repetir el anuncio de que no habrá más cortes de energía eléctrica.
Pero la promesa tiene otro frente problemático, más allá de los retos que traiga el cambio climático a Coca Codo y los embalses de otras centrales. Se trata de la energía térmica, que significó contratos por casi USD 150 millones entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) y Progen en los apagones de 2024, en el primer período de Noboa.
Progen compró 21 generadores usados por apenas USD 8 millones, pero Celec EP pagó por ellos USD 69 millones. Los motores fueron repintados y sus placas alteradas antes de ser inspeccionados, según una investigación de Primicias. La Fiscalía investiga un supuesto peculado contra 21 personas y ha emitido órdenes de prisión.
Noboa prometió el 21 de mayo de 2026 que "irán presos los culpables" y que recuperará "hasta el último dólar". En medio de la expectativa de su promesa, el Gobierno intenta reforzar la generación termoeléctrica en 2026. Busca incorporar 920 MW con arriendo de capacidad de rápida instalación y compra de nueva infraestructura.
Se convocaron seis nuevos procesos para el arrendamiento de generación térmica (diésel/gas). Estas unidades térmicas se instalarán en zonas estratégicas como Guayaquil, Santa Elena, Manta y Esmeraldas. Hasta el momento han surgido varios contratiempos en el proceso de contratación pública.
Los contratos para generar energía termoeléctrica significan un alto costo ambiental y económico, esto último en un contexto de altos valores de importación de combustibles por el alza del precio del petróleo. Pero Noboa acaba de lanzar el Decreto 390, para abaratar los combustibles destinados a la generación eléctrica.
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La minería legal e ilegal
Otro punto difícil de la agenda pendiente con la que Daniel Noboa partió el 24 de mayo de 2025 fue el combate a la minería ilegal. En ese campo ha mostrado resultados a cargo de la fuerza pública, en un contexto de lucha contra las actividades ilícitas tanto por razones de seguridad como de protección del medio ambiente.
En cuanto al desarrollo de la minería legal, la ex ministra Inés Manzano, cuya presencia facilitó la fusión de los ministerios de Ambiente y Energía (MAE) en 2025, fue crucial para armar la política de potencial aprovechamiento de media docena de megaproyectos de minería legal en los próximos años.
Un paso importante fue la firma para el megaproyecto "Los Cangrejos", que consiste en la explotación, desde 2028 y durante 26 años, de cobre y oro a cielo abierto en dos cantones de El Oro. Las cifras que menciona el Gobierno son importantes, tanto como los riesgos que demandarán toda la atención del MAE.
Cabe anotar que, en octubre de 2025 y tras años de controversia y resistencia desde diversos sectores sociales y ambientales, el Gobierno resolvió la revocatoria de la licencia ambiental otorgada al proyecto minero Loma Larga, a cargo de Dundee Precious Metals (DPM Metals).
Miles de personas se movilizaron en Cuenca, capital de la provincia de Azuay, en contra de la explotación minera en Quimsacocha.
En febrero de 2026, el Gobierno dispuso la suspensión total de actividades mineras y de plantas de beneficio en Loja, El Oro y Napo, por la presencia de contaminación severa por metales pesados y cianuro en ríos de esas provincias.
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Lluvia de leyes y estrategias
La mayoría con la que cuenta el presidente Daniel Noboa en la Asamblea Nacional le ha permitido armar el andamiaje para la exploración y explotación de los recursos mineros a un ritmo más acelerado. Se han aprobado también leyes que facilitan la inversión privada en áreas donde su participación no era explícita.
Algunos cuerpos legales han llegado bajo el rótulo de ambientales y se han transformado durante el trámite. La modalidad preferida por el Ejecutivo ha sido declarar de carácter económico urgente los proyectos enviados.
Una de las primeras acciones de Noboa en su segundo mandato fue el envío del proyecto de Ley Orgánica de Recuperación de Áreas Protegidas y Promoción del Desarrollo Local, el 14 de junio de 2025. El fin: "la conservación del patrimonio natural del país, promoviendo la inversión pública y privada en programas que fortalezcan la gestión de las Áreas Protegidas".
El Decreto Ejecutivo 212 (16 de noviembre de 2025) dio paso al Reglamento General de la Ley de Áreas Protegidas, aprobada en julio de 2025. Uno de los aspectos relevantes del Reglamento es la posibilidad de constituir un fideicomiso público, para la gestión financiera del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).
En febrero de 2026, la Asamblea aprobó un proyecto enviado por el Ejecutivo denominado Ley para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía. Uno de los aspectos polémicos fue la sustitución de la licencia ambiental por la autorización ambiental. La oposición advirtió que ese cambio favorecería el desarrollo de la minería.
El 30 de marzo de 2026, la mayoría legislativa aprobó una reforma a la Ley de Régimen Tributario Interno con incentivos para empresas y contribuyentes que construyan y financien vivienda de interés social. El proyecto inicial venía con un enfoque que conectaba la política de vivienda con la adaptación al cambio climático y la planificación urbana sostenible.
El 21 de mayo de 2026 se aprobó en la Asamblea la Ley Orgánica de Gobernanza del Espacio Marino-Costero, que da amplias capacidades políticas, de articulación y coordinación a la Presidencia de la República en el futuro Consejo Interinstitucional del Mar.
Xavier Basantes
Por su parte, el MAE presentó, el 17 de diciembre de 2025, la primera versión del Registro Nacional del Cambio Climático (RNCC). El RNCC es la plataforma virtual oficial del Ecuador para el registro, gestión y acceso a información sobre cambio climático.
Desde enero del 2026, Ecuador cuenta oficialmente con una nueva Estrategia Nacional de Biodiversidad y su Plan de Acción (ENBPA) 2025–2030. Se trata del principal instrumento de planificación ambiental que guiará la conservación, restauración y uso sostenible del patrimonio natural del país los próximos cinco años.
Seis proyectos ambientales recibieron, en diciembre de 2025, la declaratoria de emblemáticos por el Ministerio de Ambiente y Energía, por un monto de USD 151 millones, incluyendo recursos de cooperación internacional y aportes privados.
En febrero de 2026, el Gobierno oficializó la Estrategia Nacional de Educación Ambiental (ENEA) 2025-2030 que busca –entre otros objetivos- reducir la contaminación, transformar los hábitos de consumo y fortalecer la corresponsabilidad socioambiental.
En marzo de 2026, el Gobierno lanzó el Plan Nacional de Reducción de Residuos Plásticos (PNRRP). La meta oficial es reducir al menos un 19% de los residuos plásticos hacia 2040, lo que equivale a evitar la generación de 119.000 toneladas frente a los niveles actuales.
Ese mismo mes, el Ministerio de Ambiente fue parte del Plan para cuidar el manglar en el Golfo de Guayaquil. El objetivo es conservar al menos 30.000 hectáreas de manglares y restaurar 2.600 hectáreas en cinco años, con beneficios sociales y ambientales.
En abril de 2026, el Gobierno abrió la primera convocatoria del Fondo del Biocorredor Amazónico, para financiar proyectos de conservación, restauración y bioeconomía. Este fondo se financiar con los recursos de canje de deuda por conservación de la Amazonía ecuatoriana. De esa manera se aseguran USD 460 millones durante los próximos 17 años.
El 19 de mayo de 2026 se aprobó el Plan Nacional para abordar las Pérdidas y Daños por los Efectos Adversos del Cambio Climático (PN-PyD), una herramienta estratégica que busca fortalecer la capacidad del país para responder a los impactos cada vez más severos de la crisis climática.
La iniciativa tiene el respaldo técnico y financiero de CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y apunta a construir una hoja de ruta nacional para identificar, cuantificar y atender las pérdidas y daños ocasionados por fenómenos climáticos extremos y procesos de evolución lenta.
Ese mismo mes, el Gobierno presentó el Instructivo de devolución y reversión de campos de petróleo y gas. El objetivo es actualizar las reglas de juego entre el Estado y las empresas privadas del sector hidrocarburífero, después de los cambios internos en el Ministerio de Energía y Minas y su fusión con el de Ambiente.
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Otros temas pendientes
A los tropiezos con las fuentes hidroeléctricas y térmicas, y si bien el Gobierno se ha mantenido al día en la presentación de estrategias y planes, hay poca gestión sobre energías limpias. El Gobierno presentó en julio de 2025 un texto del proyecto de Ley Orgánica de Energía Atómica, pero aún no lo envía a la Asamblea.
Incluso la producción de energía solar en Ecuador está bastante rezagada en comparación, por ejemplo, con la vecina Colombia, no por falta de entusiasmo de los inversionistas y los empresarios sino principalmente por falta de claridad en el marco regulatorio.
Pero entre los pasivos mayores se cuenta el vacío creado alrededor del cese de operaciones petroleras en el Bloque 43-ITT, en el Parque Nacional Yasuní, y de las actividades mineras en el Chocó Andino. El 20 de agosto de 2025 se cumplieron dos años de la Consulta Popular que se pronunció en ese sentido.
Organizaciones ambientalistas e indígenas advierten que el Gobierno no ha cumplido la voluntad popular y que no hay respuestas para frenar el desarrollo de la industria extractivista.
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