Daniel Noboa controlará el nuevo Consejo Interinstitucional del Mar
El proyecto de Ley que votará la Asamblea, otorga al delegado de Daniel Noboa control político y voto dirimente en el nuevo Consejo Interinstitucional del Mar.
El Proyecto de Ley Orgánica de Gobernanza del Espacio Marino-Costero, que será votado en segundo y definitivo debate este jueves 21 de mayo de 2026 en la Asamblea Nacional, no solo crea un nuevo esquema de protección para las zonas de rompiente de olas.
El texto (artículos 8, 9 y 10), también configura una estructura de gobernanza con fuerte conducción desde el Ejecutivo, otorgando amplias capacidades políticas y de coordinación al delegado del Presidente de la República, dentro del futuro Consejo Interinstitucional del Mar.
Aunque la normativa insiste en que no se afectarán las competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), autoridades portuarias o regímenes especiales como Galápagos, varios artículos del informe final muestran que las decisiones del nuevo organismo tendrían carácter vinculante para las entidades estatales que lo conformen.
La normativa fue tramitada inicialmente bajo el nombre de 'Ley Orgánica de Preservación y Prevención de Impacto de Olas Rompientes en el Litoral Ecuatoriano' y luego fue cambiada a 'Ley Orgánica de Gobernanza del Espacio Marino-Costero'.
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El delegado presidencial en decisiones estratégicas
La ley establece que el Consejo Interinstitucional del Mar será presidido obligatoriamente por un delegado directo del Presidente de la República.
Así consta en el informe para segundo debate que aprobó, con seis votos a favor y cuatro en contra, la Comisión de Biodiversidad del Legislativo, en una inédita sesión virtual convocada el domingo 17 de mayo de 2026, a las 22:25, cerca de la medianoche.
El papel del delegado no se limitará a la representación política.
El representante de Noboa ejercerá la conducción del principal órgano de coordinación de la política marino-costera y oceánica del país, con atribuciones para dirigir sesiones, articular instituciones y supervisar la implementación de estrategias nacionales relacionadas con el uso y protección del espacio marítimo.
Pero el alcance político del cargo va más allá.
El artículo 13 del proyecto determina que las resoluciones, lineamientos y directrices emitidas por el Consejo tendrán “carácter obligatorio y vinculante”, para todas las instituciones integrantes, en materias de coordinación, planificación estratégica y gobernanza oceánica.
Además, el delegado presidencial tendrá voto dirimente en caso de empate.
En la práctica, esto significa que la Presidencia de la República no solo lideraría políticamente el Consejo, sino que tendría capacidad efectiva de inclinar decisiones estratégicas, cuyas resoluciones deberán ser acatadas por las entidades participantes.
La Ley Orgánica de Gobernanza del Espacio Marino-Costero establece que la Secretaría del Consejo Interinstitucional del Mar la ejercerá la Armada del Ecuador, a través de la Dirección General de Intereses Marítimos de forma permanente.
Un Consejo del Mar con múltiples poderes
El Consejo Interinstitucional del Mar aparece diseñado como una instancia de articulación multinivel, sobre temas de conservación, planificación espacial marina, actividades turísticas, pesca, seguridad marítima y uso del borde costero.
El quórum para instalar sesiones se conformará con mayoría simple de sus miembros permanentes y las decisiones también serán aprobadas por mayoría simple de los presentes.
Ese diseño, sumado al voto dirimente de la Presidencia, fortalece el peso político del delegado del Ejecutivo dentro del organismo.
La normativa también deja abierta una futura ampliación del alcance operativo del Consejo. El propio artículo 13 señala que la "clasificación, efectos, mecanismos de ejecución y demás aspectos relacionados con las resoluciones del organismo", serán definidos posteriormente en el Reglamento General.
Y ese reglamento deberá ser expedido por el Presidente de la República, en un plazo máximo de 180 días, desde la entrada en vigencia de la ley.
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El proyecto intenta blindarse ante críticas por competencias
Ante posibles cuestionamientos por centralización o superposición institucional, el proyecto incorpora varias disposiciones destinadas a limitar interpretaciones sobre afectación de competencias locales o sectoriales.
La Disposición General Segunda establece que la creación y funcionamiento del Consejo “no implicará sustitución, limitación, superposición ni afectación” de las competencias constitucionales y legales de entidades públicas y Gobiernos Autónomos Descentralizados.
Sin embargo, el mismo texto define la gobernanza marino-costera y la planificación espacial marina como materias “de interés nacional”, vinculadas a soberanía, seguridad, sostenibilidad ambiental y gestión integral del espacio marítimo.
Esa definición refuerza la legitimidad del Gobierno Central, para coordinar políticas sobre el borde costero y el espacio oceánico bajo un enfoque nacional.
La Ley Orgánica de Gobernanza del Espacio Marino-Costero dispone la creación del Registro Nacional de Zonas de Rompientes, a cargo de la Autoridad Nacional competente en materia de defensa y navegación marítima.
Puertos y concesiones previas quedan excluidos
El proyecto también incorpora salvaguardas para evitar conflictos con concesiones y actividades económicas existentes.
La Disposición General Primera aclara que la ley, una vez que sea publicada en el Registro Oficial, no afectará competencias, actos administrativos, concesiones, ni regulaciones relacionadas con uso del suelo portuario, agrícola o acuícola. Es decir, ahí pueden estar considerados proyectos inmobiliarios, turísticos, entre otros, que cuenten con las autorizaciones vigentes.
Además, excluye expresamente de la definición de zonas adyacentes o zonas de ola rompiente, aquellas áreas que formen parte del dominio público portuario o que estén sujetas a concesiones o autorizaciones portuarias.
Con ello, la normativa intenta reducir tensiones con sectores estratégicos vinculados a infraestructura portuaria y actividades económicas costeras.
Un debate que ya no es solo ambiental
Aunque el proyecto nació impulsado desde sectores vinculados a la conservación marina y protección de rompientes de olas, el texto final revela una discusión mucho más amplia sobre control institucional, planificación territorial y gobernanza estratégica del mar ecuatoriano.
La votación de este jueves podría definir no solo nuevas reglas de protección ambiental, sino también el nacimiento de un sistema nacional de administración oceánica con conducción política directa desde la Presidencia de la República.
'Hay un modus operandi en el tratamiento de las leyes'
El asambleísta Franklin Samaniego (RC), quien votó en contra del informe del Proyecto de Ley de Gobernanza del Espacio Marino-Costero, cuestionó el proceso legislativo llevado a cabo con esta y otras iniciativas, y advirtió que la normativa podría concentrar decisiones estratégicas sobre el uso del mar y abrir la puerta a proyectos en ecosistemas sensibles.
P. ¿Cuál es su evaluación del proceso de construcción de esta ley en la Comisión?
R. En esta Comisión estamos tratando temas muy delicados, aunque se ha minimizado su impacto. En la Asamblea Nacional estamos teniendo un inconveniente grave que se ha evidenciado en este año de funciones. Hay un 'modus operandi' en el tratamiento del procedimiento legislativo.
Llega un proyecto de ley, se avoca conocimiento y luego se generan comisiones generales. Dependiendo de la orientación de la bancada oficialista, se convocan actores e instituciones del Estado que emiten criterios, pero no se construye un articulado previo ni una matriz de discusión.
¿Qué tipo de inconvenientes genera?
No vemos un borrador de articulado para analizar. Se convocan mesas técnicas, se elaboran propuestas, pero el texto borrador llega apenas 24 horas antes de la sesión.
Eso nos pone a resolver sobre el tema sin tiempo suficiente de análisis. Esto lo hemos denunciado porque la construcción legislativa debe ser técnica y participativa de verdad, no solo formal.
Antes, por ejemplo, cuando estaba en la Comisión de Justicia, nos sentábamos a revisar artículo por artículo hasta llegar a consensos. Eso ya no está pasando.
¿Considera que hay un debate insuficiente en estas leyes?
Sí. En muchos casos se convoca incluso de forma virtual y con poca antelación. Ya existe incluso la percepción de que los aportes no serán tomados en cuenta, lo que desincentiva la participación.
¿Cuál es su principal observación sobre esta ley marino-costera?
Esta ley inicialmente se orientaba a la prevención, protección y preservación del impacto de las olas rompientes. Luego se transformó en una ley de gobernanza del espacio marino-costero.
Se dejó de lado el enfoque de conservación y se incorporó una estructura basada en un comité existente desde un decreto ejecutivo previo (NDLR. Decreto Ejecutivo Nro. 1197, de 26 de noviembre de 2020, en el Gobierno de Lenín Moreno).
"Esta ley inicialmente se orientaba a la prevención, protección y preservación del impacto de las olas rompientes. Eso desapareció".
¿Qué implica este cambio de enfoque?
El 80% del articulado regula gobernanza institucional y no se enfoca en la conservación ambiental.
Además, no se incorporaron propuestas técnicas, como la prohibición de minería submarina que había sido enviada por el propio Ministerio del Ambiente.
¿Qué otros riesgos identifica?
Observamos una disposición transitoria que mantiene concesiones y trámites previos a la ley. Eso genera un blindaje a proyectos ya en curso.
"No se incorporaron propuestas técnicas, como la prohibición de minería submarina que había sido enviada por el Ministerio del Ambiente".
¿Qué busca este nuevo Consejo Interinstitucional del Mar?
Primero, darle rango de ley a este organismo. Segundo, concentrar decisiones sobre el uso del espacio marino.
Esto puede afectar actividades como pesca artesanal, turismo y también la seguridad en el mar.
¿Qué alcance tendrá este Consejo?
El artículo 13 establece que sus resoluciones serán obligatorias y vinculantes para las instituciones que lo integran.
Además, el Consejo será presidido por un delegado del Presidente de la República, lo que concentra la toma de decisiones en el Ejecutivo.
¿La ley contempla mecanismos de sanción?
No de forma suficiente. Se remite al Código del Ambiente, pero no establece un régimen sancionatorio propio que debe tener la ley, lo cual debilita su aplicación.
Ese es un problema. Porque las sanciones deben estar en la ley, no en un reglamento. El reglamento solo puede desarrollar lo ya establecido.
¿Qué cree que ocurrirá en la votación?
El oficialismo tiene mayoría. La ley probablemente será aprobada. Ya se están ajustando observaciones para asegurar los votos.
¿Qué le preocupa del impacto ambiental?
Que ecosistemas como manglares, dunas y zonas de anidación de tortugas podrían verse afectados si no hay una regulación estricta.
Ecuador tiene una biodiversidad única y ese debe ser el eje central.
El país debe priorizar la conservación, la protección y la sostenibilidad ambiental en cualquier normativa sobre el mar, antes que la expansión de nuevas estructuras burocráticas.
