Estudios, estadísticas y, sobre todo, las historias de sus habitantes dan cuenta de una realidad: el deficiente manejo de desechos afecta severamente los ríos de esta región. Normativas incumplidas y falta de respuestas estatales ahondan esta realidad.
Pescar en los ríos Napo, Coca y Payamino, en Orellana, se ha convertido en una odisea para Linda Bucheli. La Presidenta de la Asociación de Pescadores de El Coca, la capital de la provincia amazónica, cuenta que los peces son cada vez más escasos, pero, sobre todo, en ocasiones llegan con olores extraños. Los derrames de petróleo en esta zona han afectado sus aguas. Ya no se pueden bañar sin sentir picazón y, cuando los peces emanan estos aromas, tampoco pueden venderlos.
A solo 15 minutos de la casa de Bucheli, otro grupo de vecinos se queja por las afectaciones a sus fuentes de agua. En este caso son sus esteros, cuya agua usan para cocinar sus alimentos y en donde come su ganado, los que han recibido históricamente los lixiviados del relleno sanitario de El Coca, que se encuentra a menos de 200 metros de sus casas. Si continúan su camino por la corriente, estos contaminantes también terminarían en el río Napo, donde pesca Bucheli.
Los líquidos de la basura, también conocidos como lixiviados, son la principal preocupación de los vecinos del relleno sanitario de El Coca, en Orellana. Foto: Isabel Alarcón
Los ríos amazónicos se han transformado en un reflejo de las amenazas que afectan a esta región. En Orellana, ubicada en la Amazonía norte, los desechos petroleros y municipales son un problema, al igual que en su provincia vecina, Sucumbios. Ambas, marcadas por la industria petrolera desde hace 50 años, han experimentado el mayor crecimiento de la población en el país en los últimos 10. También son las provincias amazónicas donde más se produce basura. A más personas, más desechos, pero no necesariamente mejores condiciones.
Cada vez llega más basura a rellenos y botaderos; y, si no mejoran sus operaciones, en una región como la Amazonía, es más probable que pueda generar impactos a sus fuentes de agua. A esto se suman los sitios para tratar los desechos tóxicos y peligrosos de las actividades petroleras.
A menos de 200 metros de las viviendas de la comunidad Centinela Sur, en la provincia de Sucumbios, operaba un proyecto dedicado a tratar desechos petroleros y peligrosos. Foto: William Quenama
Fernanda Solíz, directora del área académica de Salud de la Universidad Andina Simón Bolívar y coordinadora general de la Alianza Basura Cero Ecuador, explica que la Amazonía es uno de los sectores donde la gestión de la basura está en peores condiciones, después de la Costa, y existe una crisis en varios sentidos. Primero, el clima. Con más lluvia y humedad, es más probable que los lixiviados lleguen hasta los esteros cercanos y que haya un proceso más acelerado de descomposición.
“Al ser un territorio petrolizado, hay un ‘boom’ de trabajo obrero que busca en la industria petrolera una alternativa laboral. Eso ha generado concentraciones de densidades poblacionales altas en ciertas parroquias y cantones, lo que trae más cantidad de desechos”, dice la especialista.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), cada habitante de Orellana produce 0,7 kg por día de basura, mientras que en Sucumbios generan 0,6 kg. Esta cifra las pone en el sexto y séptimo puesto de las provincias con mayor producción per cápita de residuos en Ecuador, respectivamente. Están a solo 0,2/ 0,3 kg de la cantidad registrada en Quito, la capital del país.
La reconfiguración de los territorios se traduce en retos para sus basurales, que deben adaptar sus técnicas para mejorar el manejo. Los datos del INEC muestran que el 78% de los gobiernos locales de la Amazonía dispone sus desechos en rellenos sanitarios. Sin embargo, en la práctica no todos cumplen con los requisitos para esta categoría.
Cada día llegan alrededor de 80 toneladas de basura al relleno de El Coca, en Orellana. El 60% es orgánico y el resto corresponde a materiales que podrían reciclarse, pero en el relleno no hay separación de residuos. Foto: Isabel Alarcón
Solíz recuerda que algunos han enfrentado denuncias penales y acciones administrativas, como el caso del relleno de El Coca, que tendrá que cerrarse este año por la acción de protección que ganaron las comunidades aledañas. De todas maneras, aunque no se hubiese llevado a cabo este proceso, el relleno ya habría alcanzado su nivel máximo, e igual tendría que cerrar. Desde su construcción, nunca contó con una geomembrana para evitar que los lixiviados se escapen a las fuentes de agua cercanas.
Ricardo Burgos Morán, docente de la Universidad Estatal Amazónica y doctorante de la Universidad de Chile, explica que, si los lixiviados no son tratados, tienen mayor carga orgánica y microbiológica. Debido a la interacción con el calor o con otro tipo de elementos, como los derivados del plástico, estos desechos generan contaminantes como polifluoro, carbonados y una variedad de elementos tóxicos que van a las aguas. Se puede disminuir la carga orgánica con biofiltros, pero no todos los aplican. Algunos suelen pasar por la red trófica y acumularse en los peces.
Otra deficiencia al momento de dar las licencias ambientales es que no se han evaluado temas como la cercanía a las zonas pobladas. En el estudio ‘Cartografía de los residuos sólidos en Ecuador 2020’, editado por Solíz y realizado por investigadores de la Universidad Andina Simón Bolívar y Universidad Católica de Cuenca, se demuestra que el 85% de sitios de disposición final en el país incumple la norma nacional. Algunos se encuentran dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en bosques protectores, tierras agrícolas y a menos de 500 m de zonas pobladas.
Según el Código Orgánico del Ambiente (COA), las instalaciones de disposición final no deben estar en sitios que puedan afectar aguas superficiales o subterráneas ni en zonas en las que existan fallas geológicas activas, zonas de riesgo o zonas geográficas anti técnicas para el desarrollo de su actividad.
Los líquidos de la basura, también conocidos como lixiviados, son la principal preocupación de los vecinos del relleno sanitario de El Coca, en Orellana. Foto: Isabel Alarcón
Para Javier Vargas, coordinador de Gestión y Gobernanza Territorial de la Fundación Ecociencia, aunque la competencia de la gestión de desechos sea de los municipios, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) debe corroborar la información que le dan las autoridades locales antes de emitir las licencias. También considera que se necesita un acompañamiento del MInisterio para el manejo y financiamiento de los rellenos.
Solíz explica que, en provincias amazónicas los sitios de disposición final también recibían desechos propios de las actividades extractivas. Además, existen empresas privadas dedicadas a tratar los residuos peligrosos de la actividad petrolera; pero el riesgo no son solo los residuos de esa actividad, sino de los fabriles, peligrosos y hospitalarios, que llegan del resto del territorio nacional y se queman allí.
Luis Llugla, coordinador general de la Mancomunidad de Gobiernos Autónomos Provinciales de la Amazonia Ecuatoriana (Conga), cuenta que, con las reformas a la Ley Amazónica, ya no se permitirá la llegada de desechos tóxicos de otras ciudades. En 2022, el Municipio de Quito mandó camiones con lixiviados a Joya de los Sachas, en Orellana. Gracias a las quejas de la población, se detuvo esta actividad. “Esas son las situaciones que queremos evitar”, dice.
Según el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, se producen alrededor de dos derrames de petróleo cada semana. Foto: Isabel Alarcón
Las reformas que menciona Llugla ya fueron aprobadas y se encuentran en la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, publicada el 30 de enero del 2024 en el Registro Oficial. El artículo 57,2 prohíbe utilizar el territorio como espacio para el almacenamiento y disposición final de desechos peligrosos con propiedades que puedan poner en riesgo la salud de las personas o causar daños irreparables al ambiente.
También “se prohíbe la combustión al aire libre del gas asociado y natural bajo la modalidad de mecheros”, que es otra fuente de contaminación petrolera para la población amazónica. Llugla explica que aún hay que esperar el reglamento para saber qué ocurrirá con las empresas que actualmente están autorizadas a tratar estos desechos en la Amazonía.
Para él, hay suficientes evidencias para impedir que se sigan llevando a cabo estas prácticas en el territorio. Uno de los casos más recordados fue el de la empresa Incinerox, que instaló en 2002 una de sus plantas a un kilómetro del centro de Shushufindi, en Sucumbios.
Allí se incineraban hidrocarburos y desechos tóxicos de 126 empresas del país. Mesías Sacan, morador de Shushufindi, recuerda claramente lo que ocurrió la noche del 19 de agosto de 2012: un incendio se desató en la planta y “una nube tóxica” cubrió la ciudad. Las personas tuvieron que salir de Shushufindi en medio de ese olor a gas y químicos, recuerda.
Las sustancias relacionadas con los desechos petroleros que van a parar a los ríos son químicas. Cuando una persona se baña en estas aguas, puede sufrir afectaciones a su piel y a su salud en general. Foto: Isabel Alarcón
Por eso, Sacan no quiere que se vuelva a instalar un proyecto similar en su cantón y, actualmente, se encuentra en la lucha de evitar que ingrese “el cementerio de lodos” de la empresa Gpower a Shushufindi. El proyecto al que se refiere Sacan consiste en la construcción de piscinas de tratamiento de todo tipo de tóxicos, incluyendo los desechos petroleros.
Este tipo de proyectos se repiten en varios puntos de la Amazonía. En un predio privado de Lumbaqui, en Sucumbios, se depositaron desechos petroleros en 2022, hasta que la comunidad ganó una acción de protección para retirarlos. Sin embargo, la basura y los lixiviados cayeron en el río Lumbaqui.
Alexandra Almeida, bioquímica farmacéutica y coordinadora del área de petróleo de Acción Ecológica, explica que las sustancias relacionadas con el petróleo que van a parar a los ríos son químicas. Cuando una persona se baña en estas aguas, estos contaminantes le quitan la capa de grasa de la piel, encargada de evitar que ingresen microorganismos por los poros. Por ahí entran virus, bacterias y hongos. Se forman infecciones de piel o piodermitis, que son granos con pus, sobre todo en niños con piel más frágil.
Linda Bucheli relata que ella ha sentido estas afecciones al bañarse en los ríos Coca y Napo, sobre todo tras los derrames de petróleo de 2022. Le salieron pequeños granos en la piel, que desaparecen después de unos días, pero a los dos meses vuelven a salir.
Según datos del MAATE, en Sucumbios y Orellana se han registrado 1453 derrames petroleros en cinco años. Burgos explica que esto va a las fuentes de agua y el gran problema es que los esfuerzos se concentran en la parte visible de la contaminación, la que no se mezcla con el agua.
Linda Bucheli, presidenta de la Asociación de Pescadores de El Coca, denuncia la contaminación de los ríos Coca, Napo y Payamino, en la provincia de Orellana. Foto: Cortesía Linda Bucheli.
Hay una fracción, llamada polar, que se mezcla y puede ser muy contaminante porque hay más posibilidades de que tenga residuos, como aguas de formación con grandes cantidades de metales pesados. Esto también va a la red trófica y produce bioacumulación y biomagnificación en los peces.
Con la cantidad de derrames que hay, dice Burgos, es necesario tener un sistema de información más avanzado y crear mecanismos de capacitación y retroalimentación para que las empresas tomen más responsabilidad. Bucheli y su grupo de pescadores ya han emprendido acciones legales contra la petrolera estatal, Petroecuador, por la contaminación de sus ríos y sus peces.
Este medio pidió información a la empresa sobre el caso, pero hasta la publicación de esta nota no se obtuvo respuestas. Mientras tanto, los pescadores están recurriendo a biólogos y especialistas para que analicen sus aguas, que cada vez son más turbias.