Críticas frenan la Ley de Olas Rompientes: 'El mar no necesita más burocracia'
El Legislativo devolvió a comisión el proyecto de ley de olas rompientes, para incorporar cambios sobre gobernanza marítima, protección ambiental y Galápagos.
La Asamblea Nacional puso un freno, ayer 12 de mayo de 2026, al avance de la 'Ley de Olas Rompientes', tras un intenso debate marcado por cuestionamientos a la falta de sanciones ambientales, la ausencia de una prohibición expresa a la minería submarina y las críticas a la creación de más burocracia estatal.
Luego de más de dos horas de discusión, el Pleno devolvió el proyecto a la Comisión de Biodiversidad, para que incorpore cambios y presente un nuevo informe en un plazo de ocho días.
La decisión evidenció las tensiones que ha generado la transformación de la propuesta legislativa. Lo que originalmente nació como una norma enfocada en proteger las olas rompientes y prevenir impactos ambientales en el Litoral ecuatoriano terminó convirtiéndose en un proyecto más amplio sobre gobernanza marítima, ordenamiento territorial y administración del espacio marino-costero.
Youtopia
De la protección de olas a la gobernanza marítima
La iniciativa fue tramitada inicialmente bajo el nombre de “Ley Orgánica de Preservación y Prevención de Impacto de Olas Rompientes en el Litoral Ecuatoriano”.
Sin embargo, durante el tratamiento legislativo, la Comisión de Biodiversidad decidió modificar su denominación y ampliar el alcance de la normativa. Ahora el proyecto se denomina "Ley Orgánica de Gobernanza del Espacio Marino-Costero".
El nuevo texto propone regular los usos del mar, establecer mecanismos de planificación espacial marina y crear un Consejo Interinstitucional del Mar con facultades de rectoría y coordinación sobre las políticas marítimas del país.
Para sus defensores, estos cambios responden a la necesidad de llenar vacíos legales en torno al manejo de ecosistemas marino-costeros.
Fernando Jaramillo, vicepresidente de la Comisión de Biodiversidad y ponente del informe, aseguró que el eje central de la ley sigue siendo la protección ambiental.
“Esta ley promueve la prevención y protección de las zonas de rompientes y zonas adyacentes”, afirmó el legislador del movimiento oficialista ADN.
Jaramillo explicó además que el proyecto contempla la creación de un Registro Nacional de Zonas Rompientes y que el reglamento deberá emitirse en un plazo de 180 días después de aprobada la norma.
Youtopia
'El mar no necesita más burocracia'
La transformación del proyecto fue precisamente el aspecto más cuestionado durante la sesión.
El legislador Manuel Casanova, de la Revolución Ciudadana (RC), sostuvo que el texto perdió su esencia ambiental y derivó en una propuesta centrada en la reorganización institucional.
“El proyecto se alejó del objetivo principal. Una ley que dejó de preservar la protección y se convierte en una ley de reestructuración institucional”, afirmó.
Casanova cuestionó especialmente la creación del Consejo Interinstitucional del Mar, al señalar que ya existe un Comité Interinstitucional vigente desde 2011.
También advirtió que el articulado dejó fuera a sectores que participaron en la construcción inicial de la propuesta. “La ley deja de lado a la sociedad civil, a la academia y a los pescadores artesanales”, señaló.
Entre sus principales observaciones mencionó la ausencia de sanciones ambientales claras, la eliminación de disposiciones relacionadas con infraestructura verde y la falta de una prohibición expresa a la minería submarina.
“El mar no necesita más burocracia”, concluyó. Y ese mismo mensaje lo transmitieron otros asambleístas como Franklin Samaniego y Nuria Butiñá.
Tortugas marinas, sanciones y minería submarina
Las críticas ambientales se repitieron en varias intervenciones.
El asambleísta Franklin Samaniego (RC) aseguró que el proyecto original era “técnico, ambiental y necesario”, pero que el nuevo texto prioriza la estructura administrativa por encima de la conservación.
“No aceptamos una ley que priorice la burocracia sobre la vida”, enfatizó.
Samaniego cuestionó que no se incorporaran observaciones realizadas por organizaciones sociales, ONG, pescadores y academia. Además, lamentó que el proyecto no incluya medidas específicas para proteger a las cinco especies de tortugas marinas presentes en Ecuador.
“La ley tiene que establecer sanciones”, insistió.
La legisladora Nuria Butiñá (RC) también advirtió que una norma ambiental no puede limitarse a principios generales sin mecanismos concretos de control.
“Una ley ambiental debe proteger, prohibir y sancionar; si no lo hace, deja de ser una norma de conservación y se convierte en una declaración política”, sostuvo.
Galápagos y el temor a conflictos jurídicos
Otro de los puntos sensibles del debate fue el alcance de la ley sobre Galápagos.
El legislador Milton Aguas, representante de ADN por esa provincia, pidió que el archipiélago quede excluido de la normativa debido al régimen especial que ya rige en la zona.
“Se requiere normativa clara para no afectar el régimen especial de Galápagos”, manifestó.
Aguas solicitó expresamente que el proyecto regrese a la Comisión, para corregir posibles conflictos jurídicos relacionados con competencias y seguridad jurídica.
El pedido fue respaldado parcialmente por Alfredo Serrano (PSC), quien recordó que la "provincia de Galápagos", ya cuenta con un tratamiento constitucional diferenciado.
Youtopia
La defensa del proyecto: 'Tenemos que mirar hacia el mar'
Pese a las críticas, varios legisladores defendieron la necesidad de contar con una ley específica para regular el uso del espacio marino-costero.
El asambleísta independiente Sergio Peña sostuvo que Ecuador necesita actualizar su normativa marítima y alinearse con estándares internacionales.
“Somos un país netamente marítimo. Tenemos que mirar hacia el mar”, afirmó.
Peña explicó que la regulación busca evitar impactos derivados de obras de infraestructura mal planificadas —como puertos o instalaciones petroleras— que puedan alterar ecosistemas frágiles y provocar erosión o contaminación.
Según indicó, el proyecto incorpora principios de prevención y gestión técnica basados en convenios internacionales como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).
“Esta tiene que ser una ley extremadamente técnica”, aseguró.
Los cambios que deberá hacer la Comisión
Aunque no hubo un rechazo total a la propuesta, el debate dejó claro que existe consenso sobre la necesidad de introducir ajustes antes de aprobar la ley.
Entre los temas que deberán revisarse están:
- La composición y tamaño del futuro Consejo Interinstitucional del Mar.
- El alcance y administración del Registro Nacional de Olas Rompientes.
- Las sanciones ambientales.
- La inclusión de principios precautorios más claros.
- La participación de pescadores, academia y sociedad civil.
- La situación específica de Galápagos.
- La posible prohibición de minería submarina.
La legisladora Inés Alarcón reconoció que todavía existen aspectos abiertos que requieren mayor precisión jurídica.
“Se busca dar más claridad y seguridad jurídica”, señaló.
Youtopia
Una ley en disputa
Más allá del trámite legislativo, el segundo debate evidenció dos visiones distintas sobre el futuro de la normativa.
Por un lado, quienes consideran que Ecuador necesita una estructura sólida de gobernanza marítima, para ordenar las actividades en el mar y prevenir impactos ambientales.
Por otro, quienes creen que el proyecto perdió su enfoque original de conservación y terminó privilegiando la creación de nuevas instancias administrativas.
Ahora, la Comisión de Biodiversidad tendrá ocho días para intentar conciliar ambas posiciones y devolver al Pleno un texto que logre equilibrar protección ambiental, gobernanza marítima y seguridad jurídica.
