Asamblea vuelve a regular los mercados de carbono tras el veto de 2024
El Legislativo aprobó nuevas reformas al Código del Ambiente, que vuelven a regular los mercados de carbono, tras el veto total del Ejecutivo en 2024.
Dos años después del veto total del presidente Daniel Noboa a las reformas del Código Orgánico del Ambiente (COA), la Asamblea Nacional volvió a colocar a los mercados de carbono, en una ley que ahora se cobija bajo el propósito de: "fortalecer el marco jurídico e institucional del país frente al cambio climático, consolidar la acción climática y facilitar el acceso a financiamiento internacional".
El Pleno del Legislativo aprobó ayer 4 de agosto de 2026, con 82 votos favorables (60 en contra), una nueva reforma que mantiene la apuesta por regular estos mercados, pero incorpora cambios con los que busca responder a varias de las observaciones formuladas por el Ejecutivo en 2024.
La aprobación se produjo en la Sesión Nro. 113, durante el segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico del Ambiente, cuyo primer debate se realizó el 15 de abril de este año.
El informe fue elaborado por la Comisión de Biodiversidad. La reforma tiene un alcance más amplio que la regulación de los mercados de carbono.
La nueva normativa también institucionaliza el Comité Interinstitucional de Cambio Climático (CICC), incorpora el componente de pérdidas y daños como un tercer pilar de la acción climática y busca fortalecer el acceso del país al financiamiento climático internacional.
"La reforma incorpora medidas para fortalecer las políticas de mitigación, adaptación y atención de pérdidas y daños ocasionados por eventos climáticos extremos". Katherine Pacheco (Asambleísta ADN)
Xavier Basantes
Un debate que retorna dos años después
En octubre de 2024, el presidente Daniel Noboa vetó totalmente una reforma al Código Orgánico del Ambiente, aprobado por unanimidad en la Asamblea, que también buscaba establecer reglas para los mercados de carbono.
En ese momento, el Ejecutivo sostuvo que el proyecto contenía observaciones jurídicas y técnicas relacionadas con la regulación de estos mecanismos, los registros de proyectos y otros instrumentos vinculados al financiamiento climático. El veto total impidió que la reforma entrara en vigencia.
De acuerdo con la normativa ecuatoriana, una vez transcurrido un año desde un veto total del Gobierno, la Asamblea puede volver a tramitar un proyecto sobre la misma materia.
Ese plazo se cumplió y el Legislativo retomó la discusión con un nuevo texto que incorporó varias modificaciones respecto al proyecto anterior.
Además, fusionó e incorporó dos iniciativas que llegaron a la Comisión de Biodiversidad: Proyecto de Ley que Regula la Industria de Hidrocarburos, en materia de Reducción de Emisiones de Gases Metano y el Proyecto de Ley Orgánica para el Combate y la Adaptación al Cambio Climático.
"El núcleo jurídico de esta reforma es la creación de un marco habilitante para mercantilizar la gestión climática, mediante mercados de carbono regulados y no regulados". Franklin Samaniego (Asambleísta RC).
Xavier Basantes
¿Qué cambió desde el veto de 2024?
La diferencia más importante está en la modalidad en que la reforma define qué puede comercializarse dentro de un mercado de carbono.
El nuevo texto hace una referencia expresa al artículo 74 de la Constitución, que establece que "los servicios ambientales no son susceptibles de apropiación". Sobre esa base, aclara que los mercados de carbono no implican la venta de bosques, áreas protegidas ni servicios ecosistémicos.
Lo que podrá transferirse o comercializarse, señala la propuesta, son los resultados verificables de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, medidos en toneladas equivalentes de dióxido de carbono (CO₂).
Con esta precisión jurídica, la Comisión de Biodiversidad buscó reforzar la compatibilidad del proyecto con el marco constitucional y atender uno de los cuestionamientos que marcaron el debate durante el veto total de 2024.
Otro cambio importante es el fortalecimiento del rol del Estado en la regulación de estos mecanismos.
La reforma ratifica que la Autoridad Ambiental Nacional mantiene la rectoría sobre los mercados de carbono y crea un Módulo de Transacciones dentro del Registro Nacional de Cambio Climático, respaldado por un sistema oficial de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV), destinado a garantizar la trazabilidad de las operaciones y prevenir la doble contabilidad de las reducciones de emisiones.
Además, incorpora principios como integridad ambiental, adicionalidad, transparencia y trazabilidad, alineados con las disposiciones del Artículo 6 del Acuerdo de París.
El texto también establece que los mecanismos de compensación son complementarios y no sustituyen la obligación de reducir emisiones en la fuente, uno de los principios que ha ganado relevancia en el debate internacional sobre la integridad de los mercados voluntarios de carbono.
Youtopia
Un nuevo contexto para el debate
La discusión sobre los mercados de carbono ya no ocurre en el mismo escenario que en 2024.
Durante los últimos dos años, Ecuador ha visto un creciente interés por este tipo de proyectos, acompañado también de controversias sobre su desarrollo y gobernanza.
Uno de los casos más recientes involucró un presunto acuerdo, suscrito en febrero de 2025, para impulsar un proyecto de carbono en territorio waorani.
El Ministerio del Ambiente y Energía informó entonces que no había otorgado autorización para esa iniciativa, reabriendo el debate sobre quién puede negociar créditos de carbono, cuáles son las competencias del Estado y cómo deben protegerse los derechos colectivos de las comunidades involucradas.
En ese contexto, la reforma incorpora salvaguardas ambientales y sociales para comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, y establece que los beneficios generados por estos mecanismos deberán distribuirse de manera equitativa.
Aunque estas disposiciones buscan fortalecer la protección de derechos, su aplicación dependerá del desarrollo reglamentario y de la capacidad institucional para supervisar los proyectos que eventualmente se implementen.
Youtopia
Más allá de los mercados de carbono
Las reformas también formalizan la creación del Comité Interinstitucional de Cambio Climático (CICC), como la instancia encargada de coordinar la política climática nacional entre las distintas entidades del Estado.
El CICC lo presidirá la Autoridad Ambiental Nacional que tendrá voto dirimente. Además, estará integrado por delegados de 15 instituciones públicas, a ellos se sumarán delegados de los GAD (provinciales, cantonales y parroquiales). No se descarta incoporar otros miembros, en función de "la evolución institucional del Estado y las necesidades de la política climática nacional".
Entre sus atribuciones está la de coordinar la formulación, actualización, implementación, seguimiento y evaluación de la Política Pública Nacional de Cambio Climático y sus instrumentos.
Asimismo, se incorpora formalmente el componente de pérdidas y daños como un tercer eje de la acción climática, junto con la mitigación y la adaptación, con el objetivo de facilitar el acceso del Ecuador a mecanismos internacionales de financiamiento para enfrentar los impactos del cambio climático.
El informe de la Comisión de Biodiversidad sostiene que la reforma busca fortalecer la arquitectura institucional del país, sin crear nuevas entidades ni generar gasto público adicional.
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El análisis legal retorna al Ejecutivo
Con la aprobación en segundo debate, el proyecto será remitido nuevamente al presidente Daniel Noboa, quien deberá decidir si lo sanciona, presenta un veto parcial o vuelve a objetarlo totalmente.
Más que insistir en los mercados de carbono, la Asamblea busca demostrar que las observaciones que motivaron el veto de 2024 pueden atenderse mediante un marco jurídico más robusto y con mayores salvaguardas institucionales y sociales.
Ahora el Ejecutivo, en un plazo de 30 días, determinará si las reformas son suficientes o si Ecuador volverá a abrir un nuevo capítulo en el debate sobre uno de los instrumentos más relevantes para acceder al financiamiento climático internacional y cumplir los compromisos asumidos en el Acuerdo de París.
