Parques nacionales de Ecuador amenazados por fuego, minería y agricultura
Incendios, minería ilegal y expansión de la frontera agrícola presionan los parques nacionales y ponen en riesgo biodiversidad, bosques y fuentes de agua.
Cada 24 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Parques Nacionales, una fecha que busca poner en el centro de la discusión la conservación de los ecosistemas y de las especies que los habitan.
En Ecuador, la celebración ocurre en un escenario paradójico: mientras el país amplía mecanismos para conectar y proteger territorios naturales a través de corredores, tres presiones —incendios forestales, expansión de la frontera agrícola y minería ilegal— siguen poniendo a prueba la capacidad de conservarlos.
Ecuador cuenta actualmente con 14 parques nacionales, entre ellos Galápagos, Cotacachi-Cayapas, Cayambe-Coca, Cotopaxi, Sangay, El Cajas, Podocarpus, Yasuní y Antisana (ver gráfico inferior).
La categoría de Parque Nacional busca mantener extensas áreas naturales con un alto grado de conservación y garantizar funciones que van más allá de la protección de especies: regulación hídrica, investigación, educación ambiental, turismo de naturaleza y provisión de servicios ecosistémicos.
La existencia de esta categoría se remonta en Ecuador a 1959, cuando fue creado el Parque Nacional Galápagos.
Pero la declaratoria legal no constituye, por sí sola, una barrera contra las actividades que degradan el territorio. Las tres amenazas tienen una característica común: la presión humana puede comenzar fuera de un área protegida y terminar afectando su interior.
El fuego: una amenaza que puede arrasar en días
El ejemplo más reciente está en el Parque Nacional Cotacachi-Cayapas. Al 13 de agosto de 2026, un incendio en el sector Quiroga-Iltaquí, en Imbabura, había afectado preliminarmente unas 813 hectáreas (ha), de acuerdo con el reporte proporcionado por las autoridades.
Cerca de 500 personas, entre guardaparques, brigadas especializadas, bomberos, militares, comunidades y otras instituciones, participaron en las labores de respuesta.
La dimensión del incendio permite entender la particular vulnerabilidad de estos territorios: un ecosistema que puede tardar décadas en recuperarse puede ser alterado en cuestión de horas.
El problema, además, no es nuevo. Entre 2010 y 2021 Ecuador registró 20.148 incendios forestales, que afectaron en conjunto 202.685 hectáreas. Dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) se contabilizaron 329 incendios y 12.057 hectáreas afectadas.
La mayoría de los incendios forestales del país está asociada a causas humanas, entre ellas el uso negligente del fuego. Por ello, el incendio no debe ser visto únicamente como una emergencia que empieza cuando aparecen las llamas, sino como un problema de prevención, manejo territorial y educación.
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La agricultura: avance silencioso hacia ecosistemas frágiles
A diferencia del fuego, la expansión de la frontera agrícola no necesariamente produce una imagen dramática inmediata.
Su avance puede ser gradual: un cultivo, un invernadero, una nueva vía de acceso o una parcela que gana algunos metros de altitud.
Los páramos son uno de los espacios donde esta presión resulta especialmente sensible. En Pichincha, por ejemplo, los cantones Cayambe y Pedro Moncayo (en las inmediaciones del Parque Nacional Cayambe-Coca) concentran buena parte de la producción florícola del país.
Ecuador exportó en 2025 flores por USD 1.045 millones, y el país se mantiene como uno de los principales actores mundiales del sector: segundo exportador de rosas y tercero de flores, según información del Ministerio de Producción.
Ese peso económico explica por qué la relación entre agricultura y conservación no puede abordarse simplemente como una oposición entre producción y ambiente.
La floricultura formal opera bajo estándares y certificaciones que buscan regular, entre otros aspectos, el uso de insumos y procesos productivos. El problema aparece cuando la expansión de la actividad productiva alcanza ecosistemas cuya función ambiental es mucho mayor que el espacio que ocupan.
Los páramos son considerados ecosistemas frágiles por su papel en la regulación hídrica, la conservación de la biodiversidad y la mitigación y adaptación al cambio climático. El riesgo, entonces, no se limita a la transformación del paisaje. También involucra la presión sobre el agua, el uso de fertilizantes y la pérdida progresiva de superficies naturales.
En abril de 2026, el Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) estableció nuevos lineamientos para fortalecer la conservación, restauración y uso sostenible de los páramos, en el marco del Plan de Acción Nacional para la Conservación, Restauración y Uso Sostenible de estos ecosistemas.
La normativa reconoce precisamente su importancia para la regulación hídrica y la garantía del derecho humano al agua y a un ambiente sano.
La dificultad está en que conservar el páramo no depende únicamente de colocar un límite en un mapa. Requiere monitoreo permanente, acuerdos con propietarios y comunidades, restauración y alternativas productivas que hagan compatible la actividad económica con la permanencia de los servicios ambientales.
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Minería ilegal: cuando la presión cruza los límites
La tercera amenaza tiene una diferencia fundamental frente a las anteriores: la minería ilegal puede ingresar directamente en territorios donde la extracción está prohibida.
El Parque Nacional Podocarpus es uno de los casos más documentados. EcoCiencia ya había identificado actividad minera ilegal dentro del parque y, en un reporte de 2022, registró 25 hectáreas afectadas y 222 campamentos mineros en tres zonas de estudio.
El monitoreo más reciente muestra que la presión continúa. Un informe publicado en junio de 2026 identificó aproximadamente 44 ha afectadas por minería dentro de Podocarpus, entre agosto de 2023 y diciembre de 2025. El análisis también detectó impactos sobre el río Loyola, parte de la red hídrica del parque.
El fenómeno no se limita a Podocarpus. En la zona de Punino, entre Napo y Orellana, EcoCiencia documentó que la deforestación asociada a la minería alcanzó 1.422 hectáreas hasta junio de 2024. El 90% se encontraba fuera de las zonas autorizadas y la actividad ya había penetrado los límites del Parque Nacional Sumaco-Napo-Galeras.
La minería ilegal representa, además, un desafío particular para el control estatal: muchas de las zonas afectadas son remotas, de difícil acceso y con redes fluviales y bosques que dificultan una vigilancia permanente.
En este escenario, la tecnología se ha convertido en una herramienta cada vez más importante. El monitoreo satelital y el uso de drones, permiten identificar cambios de cobertura vegetal, campamentos, piscinas de sedimentos y nuevos frentes de explotación antes de que sean fácilmente visibles desde tierra.
EcoCiencia ha planteado justamente fortalecer los sistemas de alerta temprana y utilizar esta evidencia tecnológica en procesos administrativos y judiciales.
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La protección también necesita conectar los parques
Frente a estas amenazas, Ecuador ha dado pasos que apuntan a una idea distinta de conservación: proteger un parque no siempre significa únicamente vigilar su perímetro.
En junio de 2026, mediante acuerdo ministerial publicado en el Registro Oficial, se estableció el Corredor de Conectividad Yasuní-Limoncocha-Cuyabeno como Área Especial de Conservación. El corredor tiene una superficie oficial de 173.339,609 hectáreas y atraviesa las provincias de Sucumbíos y Orellana.
El territorio conecta tres áreas protegidas: el Parque Nacional Yasuní, la Reserva Biológica Limoncocha y la Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno.
La lógica detrás de esta figura es evitar que las áreas protegidas se conviertan en “islas” rodeadas por territorios transformados y mantener la conectividad entre ecosistemas.
El reconocimiento también incorpora a comunidades y nacionalidades indígenas en la gestión del territorio, un elemento clave cuando se trata de conservar paisajes que no están aislados de las actividades humanas.
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Tres amenazas, un mismo desafío
Fuego, agricultura y minería tienen escalas y dinámicas diferentes. El incendio puede destruir cientos de hectáreas en pocos días; la expansión agrícola transforma lentamente los límites de ecosistemas frágiles; la minería puede abrir rápidamente espacios en el bosque y alterar suelos y sistemas hídricos.
Pero las tres revelan la misma dificultad: la conservación de un parque nacional no termina en la línea que aparece en un mapa.
La presión sobre estos espacios está relacionada con lo que ocurre alrededor: cómo se usa el fuego, dónde se produce, cómo se administra el agua, qué actividades se permiten en las zonas de amortiguamiento, qué tan efectivo es el control de las actividades ilegales y cuánto participan las comunidades en la conservación.
El Día Internacional de los Parques Nacionales, por eso, puede ser algo más que una fecha para recordar la biodiversidad que existe dentro de estas áreas. También puede servir para evaluar si el país está logrando proteger los procesos ecológicos que las mantienen vivas.
Ecuador ha creado parques, reservas y corredores para conservar su patrimonio natural. El desafío siguiente es conseguir que esas figuras de protección funcionen en el territorio: antes de que el fuego llegue, antes de que la frontera agrícola avance y antes de que una retroexcavadora abra un nuevo frente minero.
