El soterramiento en Quito crece; el peso de los 'tallarines' también
El soterramiento es una medida óptima y costosa que no puede ir al ritmo en el que se acumulan los cables inservibles. La reforma a la Ordenanza 042 no se aprueba.
Varios municipios ecuatorianos son escenarios de batallas proselitistas donde el esfuerzo de la administración que busca la reelección se centra en mostrar obras, y Quito, capital de Ecuador, no es la excepción.
Uno de los temas que se han activado al calor de la contienda, a más del asfaltado, es el manejo de los llamados “tallarines”, cables inservibles hasta en un 60 ó 70% que cuelgan de los postes en el Distrito Metropolitano.
Técnicos municipales estiman que los cables pueden superar los 15.000 kilómetros. Decenas penden de un mismo poste de energía eléctrica, incluyendo las redes de semaforización, de videovigilancia y de fibra óptica privada.
Pero es difícil señalar con exactitud cuántos kilómetros de postes corren riesgo por sobrepeso. Lo señala Franklin Sánchez, gerente de Obras Públicas de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP).
Pero coincide en que "mas o menos el 20 ó 30% de los cables tendidos sería útil". En efecto no hay cifras exactas, seguramente porque las proveedoras de servicios alimentan día a día los postes con sus cables y los viejos no se retiran a ese ritmo.
La actual Alcaldía sí exhibe cifras exactas de soterramiento. Cristina Bastidas, jefa de la Unidad de Reordenamiento de Redes, señala que en 2027 -al cumplirse el plan trazado en 2022- habrá más de 100 kilómetros. La inversión es de USD 20 millones. Hoy se contabilizan 66,8 kilómetros.
Los trabajos avanzan en las avenidas Ajaví, El Inca y Cotocollao, y arrancarán en la 6 de Diciembre, 12 de Octubre y América. La funcionaria dice que es una cifra récord frente a lo que había antes del plan -cuya actualización está en proceso-.
“Desde 2022 Quito es la única ciudad que ha promovido el soterramiento a través de la planificación. En los 5 años previos se hizo un kilómetro”: Cristina Bastidas
El Plan de Soterramiento se hace con base en 14 variables, como densidad de las redes y densidad de servicio; proyectos que ya se ejecutaron, como los de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) y otros que se están planificando; rutas turísticas, centralidades, entre otros.
Con esa información se prioriza un tratamiento en polígonos; en Quito hay 84. “Cada uno fue ponderado con una categoría. La Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial (SHOT) define anualmente qué polígonos se ejecutan desde 2022”, explica Bastidas.
La funcionaria reconoce que el soterramiento resuelve un porcentaje pequeño frente a la densidad de cables de Quito. Se trata de un sistema costoso: cada metro lineal tiene un valor de entre USD 200 y 300. Pero hay también un freno normativo.
“El problema -dice- es que la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) no tiene control sobre la cantidad de cables cuando un usuario deja el servicio con una empresa”. Esta tiene la obligación de desmontar el cable hasta el poste, pero no lo hace.
Y también hay empresas “piratas” que ofrecen el servicio y acumulan cables en los postes, y las empresas legales no están obligadas a retirarlos. A pesar de eso coordinamos y hacemos limpiezas totales en los puntos más críticos, explica.
La Unidad de Soterramiento, por su competencia como coordinadora del espacio público y en base a las quejas ciudadanas sobre todo en redes sociales, va al sitio, convoca a las empresas, retira las redes en desuso, hace corrección de vanos y entrega sectores pequeños.
Se debe entender -explica- que la Unidad cuenta con tres técnicos en territorio que hacen ese trabajo “de hormiguita”. “Al final se ve muy pequeño, pero si de las 10 quejas que recibimos atendemos 2 ó 3, ya se logra algo para la ciudadanía”.
Bastidas señala que hacen una priorización de zonas para planificar el ordenamiento de Quito y las remiten a la Arcotel cada dos años, “pero el problema es que la ejecutora del plan es la Arcotel”. Cree que con la suficiente agilidad se podría hacer una limpieza total en muchos sectores.
“Ni siquiera el soterramiento fuera necesario”. Pero por ahora -dice-, la mejor solución que está dentro de nuestra cancha es el soterramiento, "pero al verlo desde el punto de vista del ordenamiento territorial, es toda una dificultad".
Youtopia
La obra civil de soterramiento
Franklin Sánchez señala que la unidad a su cargo, a partir de lo que la SHOT planifica recuperar y de sus prioridades, es ejecutora de la obra física para el soterramiento.
Una vez que terminan la obra civil, se lo comunican a la SHOT y esta a las operadoras, para que hagan observaciones. Luego se organizan también con la EEQ para bajar los "tallarines" y para hacer la transición aéreo-subterráneo.
Todo eso toma un tiempo hasta que el sector intervenido con el soterramiento se vuelva a operativo. Hay beneficios para la comunidad y el costo de la obra redunda en un beneficio al entorno visual y ambiental, porque muchos cables ya están solo tendidos o templados sobre el poste, explica.
A su juicio, el soterramiento se debería hacer en todos lados y las nuevas vías ya deberían incluirlo, pero también la SHOT debería organizar y regular a las operadoras de servicio de telecomunicaciones que aumenten o que retiren los cables.
Las reformas que no llegan
La Ordenanza 042 de 2022 estableció los lineamientos a partir de las regulaciones de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y bajo la rectoría de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel).
La entidad regula el uso de postes y el derecho de las empresas a desplegar sus redes, bajo normativas de seguridad y ordenamiento. También establece requisitos para que las empresas obtengan títulos habilitantes para ofrecer servicios de internet.
Frente a la situación observada a escala nacional, la Arcotel presentó su Plan Nacional de Soterramiento y Ordenamiento de Redes 2024-2025. No solo persiste en la intención de mover la infraestructura aérea de telecomunicaciones a ductos subterráneos.
También busca coordinar con Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) como el de Quito la identificación de zonas de intervención y procedimientos, así como compartir infraestructura.
Es llamativa la insistencia en desarrollar un manejo adecuado de las redes superficiales. Detalla el modo técnico en que las empresas operadoras deben separar y tratar los "tallarines", por aspectos de seguridad y estética, y la clasificación de los cables.
Uno de los aspectos más difíciles de las normativas es aquella que señala que los propietarios de las redes aéreas son responsables de retirar sus cables en desuso, clasificarlos y adecuar sus instalaciones.
Esas consideraciones se incluyen en el Informe de la Unidad de Soterramiento de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP), solicitado como base para una normativa que reemplace a la Ordenanza 042. La iniciativa sigue pendiente desde hace 17 meses.
En ese documento se detallan las técnicas para manejar los cables en los postes de los sectores en donde no es viable el soterramiento, y se mencionan temas atinentes a la distribución de ingresos económicos desde la Empresa Eléctrica Quito.
También se sugiere hacer una división entre los trabajos de soterramiento correspondientes a la EPMMOP y a la SHOT del Municipio.
Hasta tanto la normativa siga en debate y no se actualice teniendo en cuenta la oferta y la demanda, nada garantiza que los "tallarines" se reduzcan, sino todo lo contrario.
Youtopia
