En la Asamblea ya se analiza poner reglas a la bioeconomía
En el Legislativo se tramita un proyecto de ley que busca ordenar la bioeconomía en Ecuador, facilitar la innovación y regular el acceso a recursos genéticos.
Ecuador tiene una paradoja: es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, pero todavía enfrenta dificultades para convertir ese patrimonio en conocimiento, innovación, y productos y servicios de mayor valor agregado.
Ese es uno de los aspectos que busca abordar el Proyecto de Ley Orgánica de Fomento a la Bioeconomía y Biocomercio Productivo Basado en Biodiversidad y Operativización del Acceso Regulado de los Recursos Genéticos e Innovación Controlada.
Esta iniciativa fue presentada ante la Asamblea Nacional el 9 de julio de 2026; fue aprobada por el Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL), el 3 de agosto y desde el 13 de agosto, comenzó el análisis en la Comisión de Biodiversidad.
El proyecto, impulsado por la asambleísta Camila León (ADN), propone crear un marco para facilitar el desarrollo de actividades bioeconómicas sin reducir las obligaciones de protección ambiental. Su planteamiento central es que conservar la biodiversidad y aprovecharla de manera sostenible no deberían ser objetivos contrapuestos.
Xavier Basantes
Una economía que ya tiene peso
La discusión ocurre cuando la bioeconomía ya tiene una dimensión significativa dentro de la economía nacional.
Según cifras del Banco Central del Ecuador (BCE), citados en un análisis publicado por Youtopía, la bioeconomía representó 20,8% del PIB en 2024 al considerar tanto la bioeconomía propiamente dicha como su componente extendido. La primera representó 16,6% y la segunda 4,2%.
El dato incluye actividades que utilizan recursos biológicos y otras que dependen de ellos de manera indirecta. Agricultura, pesca, acuicultura, ganadería y silvicultura forman parte de esta estructura, pero el potencial va más allá de las actividades primarias.
La apuesta del proyecto que tramita el Legislativo es avanzar hacia productos y servicios con mayor contenido científico y tecnológico: bioinsumos, biotecnología, alimentos, cosméticos, productos farmacéuticos, materiales biobasados y soluciones ambientales, entre otros.
El problema es que llevar una innovación desde el laboratorio hasta el mercado puede implicar actualmente múltiples trámites, instituciones y autorizaciones.
Youtopia
El desafío de pasar del recurso al valor agregado
La propuesta legislativa parte de establecer una brecha entre el marco de protección ambiental y las herramientas necesarias para desarrollar proyectos productivos basados en biodiversidad.
Aunque la Constitución y el Código Orgánico del Ambiente establecen obligaciones de conservación y protección del patrimonio genético, el proyecto sostiene que todavía faltan mecanismos operativos para que la investigación y la innovación puedan avanzar con procedimientos más claros, coordinados y trazables.
La dispersión administrativa es uno de los principales obstáculos identificados.
Un proyecto puede involucrar simultáneamente permisos ambientales, investigación científica, acceso a recursos genéticos, requisitos sanitarios, producción, comercio exterior y propiedad intelectual. La falta de coordinación entre estas áreas puede elevar costos y tiempos, y terminar desincentivando inversiones.
La consecuencia es que un país puede tener biodiversidad y conocimiento científico, pero no necesariamente capturar el valor económico que ambos pueden generar.
El proyecto plantea la creación del Consejo Interinstitucional de Bioeconomía, como una instancia técnica de coordinación (presidida por la Autoridad Ambiental Nacional e integrada por los ministerios de Producción, Agricultura, Salud, Educación y representantes de universidades públicas, privadas y cofinanciadas).
Youtopia
Una ventanilla para concentrar trámites
Una de las principales propuestas es crear una Ventanilla Única de Bioeconomía, concebida como una plataforma digital interoperable con sistemas estatales existentes, incluido el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA).
El objetivo es que investigadores, empresas y otros actores puedan gestionar en un mismo sistema trámites relacionados con permisos, registros, autorizaciones y contratos de acceso a recursos genéticos.
La iniciativa plantea utilizar infraestructura e integración tecnológica existente, de manera que la herramienta no implique crear una nueva estructura burocrática ni cargos adicionales para el Estado.
Más que eliminar controles, la propuesta busca ordenarlos y conectarlos.
Probar nuevas tecnologías bajo control
Otro de los temas novedosos incluidos en el proyecto son los entornos controlados de prueba regulatoria o 'sandboxes'.
La idea es permitir que determinadas tecnologías, bioinsumos, bioproductos o soluciones bioeconómicas puedan ser probados durante un período limitado y bajo supervisión antes de pasar a una escala comercial.
Este mecanismo intenta resolver una dificultad frecuente en sectores innovadores: la regulación puede no haber previsto tecnologías nuevas, mientras que exigir desde el inicio todos los requisitos de una operación comercial puede impedir que una innovación sea evaluada en condiciones reales.
Los sandboxes no significarían una suspensión de las normas ambientales. La propuesta establece salvaguardas: no podrían utilizarse para evitar consultas ambientales, sustituir licencias definitivas ni generar derechos adquiridos permanentes.
El principio sería, por tanto, experimentar con reglas y supervisión, no experimentar sin regulación.
Youtopia
Recursos genéticos: acceso, control y beneficios
Uno de los capítulos más sensibles se refiere al acceso a los recursos genéticos.
La iniciativa plantea procedimientos diferenciados según el propósito: investigación no comercial, investigación aplicada, actividades comerciales, licenciamiento o participación en un entorno controlado de prueba.
También propone contratos tipo y cláusulas mínimas para establecer condiciones más previsibles y facilitar la negociación de beneficios.
El esquema busca alinearse con el Protocolo de Nagoya y la Decisión Andina 391, bajo principios de acceso regulado y participación en beneficios.
La trazabilidad será otro componente fundamental. La propuesta contempla mecanismos para registrar las muestras, su origen y utilización, con el propósito de facilitar el control estatal y reducir riesgos de acceso no autorizado o biopiratería.
También incorpora salvaguardas para los conocimientos tradicionales de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades.
La lógica es que el aprovechamiento económico de la biodiversidad no termine desconectado de quienes poseen o protegen los recursos y conocimientos asociados.
El proyecto plantea que el Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio) actúe como soporte científico y técnico nacional para la recopilación de datos y trazabilidad.
Universidad, empresas y Estado
El proyecto plantea además fortalecer la conexión entre investigación y producción.
La propuesta contempla priorizar iniciativas desarrolladas conjuntamente con universidades e institutos de investigación mediante 'spin-offs' universitarias, empresas de base tecnológica y acuerdos de licenciamiento.
El objetivo es reducir uno de los problemas recurrentes del sistema de innovación: investigaciones que generan conocimiento, pero que no llegan a convertirse en productos o empresas.
En este modelo, la biodiversidad sería el punto de partida, pero el valor económico se generaría también mediante investigación, tecnología, propiedad intelectual y capacidades empresariales desarrolladas en el país.
Xavier Basantes
Certificación y marca para el mercado
La propuesta incorpora instrumentos destinados a diferenciar comercialmente a quienes cumplan las reglas.
Uno de ellos es la Certificación de Cumplimiento Bioeconómico, que acreditaría condiciones de legalidad y sostenibilidad y podría convertirse en un criterio para acceder a financiamiento y programas de fomento.
También se plantea crear una Marca Bioeconomía Ecuador para identificar productos y servicios con alto valor agregado nacional.
Estos mecanismos buscan que la sostenibilidad y la trazabilidad no sean solamente obligaciones regulatorias, sino también elementos que puedan generar ventajas en el mercado.
Sanciones para cerrar el círculo
Facilitar el acceso y la innovación requiere, al mismo tiempo, capacidad de control.
El proyecto establece un régimen sancionador dividido en tres categorías: infracciones leves, con multas de 1 a 10 salarios básicos unificados (SBU); graves, de 11 a 80 SBU; y muy graves, de 81 a 300 SBU. El SBU en 2026 se mantiene en USD 482.
Además de las multas, se contemplan medidas como la revocatoria de certificaciones, el cierre de pruebas en sandboxes y la inhabilitación temporal o permanente de hasta dos años, según corresponda.
Cuando una conducta pueda constituir un delito, como biopiratería o fraude, se plantea su remisión a la Fiscalía General del Estado.
El proyecto se analiza en la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales del Legislativo, que ya alista un cronograma de comparecencias, previo a la elaboración del informe para primer debate.
