Así avanza el proyecto de Ley de Bioeconomía: qué está en juego
El Legislativo analiza el proyecto de Ley de Bioeconomía, con temas como acceso a recursos genéticos, innovación, patentes, bioseguridad y reparto de beneficios.
¿Qué ocurre cuando una planta, un microorganismo o cualquier otro recurso de la biodiversidad deja de ser solamente un recurso natural y se convierte en el punto de partida de una investigación, una patente o un producto comercial?
Esa es una de las preguntas que forman parte del debate sobre el Proyecto de Ley Orgánica de Fomento a la Bioeconomía y Biocomercio Productivo, basado en Biodiversidad y de Operativización del Acceso Regulado a los Recursos Genéticos e Innovación Controlada, que analiza la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional.
El tratamiento de esta iniciativa legislativa comenzó el 12 de agosto de 2026 y el 1 de septiembre, la Comisión aprobó, con seis votos, el plan y cronograma para elaborar los informes para primer y segundo debates.
Desde entonces, las comparecencias han puesto sobre la mesa asuntos que van desde la investigación científica y la innovación hasta la propiedad intelectual, la participación de comunidades y los controles para evitar un uso indebido de los recursos genéticos.
En la sesión del 2 de septiembre participaron representantes del Ministerio del Ambiente y Energía (MAE) y del Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio). El 7 de septiembre fue el turno de la Corporación Ecolex. Antes, el 20 de agosto, acudió la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil.
Las intervenciones de sus delegados permiten identificar algunos de los asuntos que estarán en discusión; mientras tanto, la Comisión prepara el primer informe.
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¿Qué se quiere regular?
El proyecto aborda una actividad que puede comenzar en un laboratorio, pero terminar en un producto comercial.
El acceso a un recurso genético puede estar relacionado con investigación, desarrollo tecnológico y eventualmente con actividades comerciales. Por eso, la propuesta incorpora reglas para el acceso regulado y trazable a estos recursos, así como disposiciones sobre innovación, transferencia tecnológica, propiedad intelectual, bioseguridad y distribución de beneficios.
La discusión parte además de una particularidad constitucional: el artículo 408 reconoce a la biodiversidad como un sector estratégico.
Diego Inclán, director de Inabio, sostuvo durante su comparecencia que, pese a que existen atribuciones institucionales para negociar el acceso a recursos genéticos con fines comerciales, el país no registra casos concretados en ese ámbito.
Para Inclán, uno de los puntos que deberá revisar la ley es precisamente cómo hacer operativo ese reconocimiento de la biodiversidad, como sector estratégico.
Pero hay una precisión que también forma parte del debate: la biodiversidad es un recurso renovable y, por tanto, su aprovechamiento debe considerar su capacidad de regeneración.
Del recurso al producto
Una de las diferencias que marcaron las intervenciones de los especialistas es la que existe entre utilizar biodiversidad como materia prima y desarrollar productos con mayor contenido de conocimiento.
En su comparecencia, Inclán señaló que una verdadera bioeconomía requiere procesos de investigación capaces de identificar componentes y compuestos de los recursos biológicos y convertir ese conocimiento en aplicaciones.
En términos prácticos, esto puede traducirse en investigaciones para desarrollar biofertilizantes, biopesticidas, biomateriales, alimentos funcionales u otros productos vinculados con la biodiversidad.
Galo Cabanilla, canciller de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, había planteado que la bioeconomía puede tener aplicaciones en agricultura, alimentos, salud, industria, turismo y comercio exterior.
La discusión, por tanto, no se limita a qué recurso puede utilizarse, sino también a qué ocurre después: quién investiga, quién desarrolla la tecnología, quién obtiene la propiedad intelectual y cómo llega ese desarrollo al mercado.
Xavier Basantes
Los trámites
Otro de los problemas señalados durante las comparecencias es la dispersión de procedimientos.
Cabanilla planteó que existen dificultades para validar prototipos y una limitada articulación entre investigación, producción, conservación y comercialización.
El proyecto contempla, entre sus mecanismos, una Ventanilla Única de Bioeconomía, que concentraría y coordinaría procedimientos relacionados con las actividades reguladas.
La propuesta también incorpora los denominados entornos controlados de prueba regulatoria. Se trata de espacios en los que determinadas tecnologías, procesos, insumos o productos podrían ser probados bajo supervisión estatal, con límites temporales y auditorías.
Danilo García, delegado de la ONG Ecolex, consideró innovadora esta figura, aunque propuso establecer procedimientos con plazos máximos, protocolos de bioseguridad y mecanismos definidos de validación científica.
La discusión tendrá que precisar, entre otros aspectos, qué actividades podrían ingresar a estos entornos, qué controles se aplicarían y bajo qué condiciones podrían avanzar hacia una etapa comercial.
¿Quién recibe los beneficios?
El acceso a recursos genéticos también abre una discusión sobre los beneficios derivados de su utilización.
El proyecto incorpora disposiciones relacionadas con la distribución justa y equitativa de los beneficios y con los conocimientos tradicionales asociados a la biodiversidad.
Este punto adquiere especial relevancia cuando los recursos o conocimientos utilizados en una investigación están vinculados con pueblos, nacionalidades o comunidades.
Ecolex propuso que estos actores tengan una participación efectiva en la gobernanza del sistema y planteó evaluar la creación de un fondo nacional de beneficios compartidos.
La organización también propuso fortalecer los mecanismos para prevenir la biopiratería, mediante sistemas de trazabilidad y certificados de origen legal y de cumplimiento del Protocolo de Nagoya, particularmente cuando se trate de desarrollos que puedan derivar en protección o patentabilidad.
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Patentes y tecnología
La propiedad intelectual aparece así como otro de los componentes del proyecto.
Para Inabio, según expuso Inclán, será necesario revisar cómo se incorporan las patentes y otros mecanismos de propiedad intelectual dentro del nuevo marco.
Ecolex, por su parte, planteó fortalecer la transferencia tecnológica y la generación de capacidades dentro del país, especialmente cuando participen universidades o centros de investigación extranjeros.
El planteamiento apunta a que los proyectos de cooperación científica no se limiten a la obtención de muestras o información, sino que también contribuyan al desarrollo de capacidades científicas y tecnológicas nacionales.
Es uno de los puntos donde convergen investigación, comercio y soberanía sobre los recursos.
El financiamiento
Otro de los temas planteados es cómo financiar el desarrollo de la bioeconomía.
Ecolex propuso crear un Fondo Nacional de Bioeconomía, que pueda financiar investigación, producción, certificación, restauración y distribución de beneficios.
También sugirió incentivos tributarios y financieros, y mecanismos de compras públicas.
La propuesta todavía deberá ser analizada junto con los demás componentes del proyecto, incluida su viabilidad fiscal y presupuestaria, uno de los temas expresamente incorporados en la hoja de ruta aprobada por la Comisión.
La discusión continúa
La Comisión de Biodiversidad tiene previsto dedicar septiembre al análisis técnico, la elaboración de una matriz de trabajo y la socialización del proyecto.
En octubre se procesarán las observaciones y se realizarán los ajustes para preparar el informe para primer debate.
La hoja de ruta contempla además que participen autoridades públicas, academia, centros de investigación, pueblos, nacionalidades y comunidades, sectores productivos, organizaciones de la sociedad civil, especialistas y organismos de cooperación internacional.
Por ahora, las comparecencias muestran que el debate tiene varios frentes abiertos: cómo regular el acceso a los recursos genéticos, cómo facilitar la investigación, cómo controlar los riesgos, cómo proteger los conocimientos tradicionales, cómo reconocer la propiedad intelectual y cómo distribuir los beneficios que puedan generarse.
El proyecto todavía está en tratamiento y esos aspectos continuarán siendo revisados por la Comisión antes de que la propuesta llegue al Pleno para su primer debate.
