'Las empresas sostenibles serán más atractivas para la inversión'
Héctor Almeida, Gerente Legal de la Bolsa de Valores de Quito, explica cómo impulsan las finanzas sostenibles y los bonos etiquetados, para atraer inversión.
La Bolsa de Valores de Quito (BVQ) ha impulsado desde 2018 el desarrollo de instrumentos financieros sostenibles en Ecuador, con el objetivo de conectar a emisores e inversionistas alrededor de proyectos con criterios ambientales, sociales y de sostenibilidad.
En esta entrevista con Youtopía, Héctor Almeida, Gerente Legal de la BVQ, explica cómo ha evolucionado el mercado de bonos etiquetados, cuáles son los retos para ampliar la participación de empresas e inversionistas y por qué la sostenibilidad será un factor cada vez más relevante para acceder a financiamiento.

¿Qué papel desempeña la BVQ para impulsar prácticas sostenibles entre emisores e inversionistas?
En 2018, como BVQ identificamos la necesidad de incorporar al Ecuador activos o productos financieros que ya se negociaban en otros países. Entre ellos estaban los bonos etiquetados.
En ese proceso observamos un cambio en el comportamiento del inversionista extranjero. Tradicionalmente, analizaba la capacidad de pago de una empresa, sus estados financieros, proyecciones de flujo, garantías del papel. Sin embargo, los mercados internacionales comenzaron a incorporar una nueva variable.
El inversionista empezó a preguntarse no solo si una empresa podía cumplir sus obligaciones financieras, sino también 'para qué' se utilizaban los recursos captados. Es decir, cada dólar invertido debía tener un propósito.
A partir de esa tendencia, nos pareció natural impulsar este tipo de instrumentos en Ecuador. Desde 2018 empezamos a trabajar en proyectos de financiamiento con activos financieros etiquetados.
“El inversionista ya no solo mira los estados financieros, también analiza para qué se utilizan los recursos. Es decir, el propósito”.
Era un tema nuevo para todos. El mercado ecuatoriano conocía poco sobre financiamiento verde, social o sostenible; los reguladores y organismos de control tampoco tenían experiencia en esta materia.
Nuestro trabajo inicial fue reunir a potenciales emisores y compradores de estos instrumentos. En esas primeras mesas participaron entidades del sistema financiero, principalmente bancos, junto con organismos multilaterales, para analizar las oportunidades de inversión mediante activos financieros etiquetados.
Como resultado de ese proceso surgió el primer bono verde del Ecuador, estructurado por Banco Pichincha y emitido en 2019.
A partir de esa experiencia, el mercado ecuatoriano comenzó a incorporar estos conceptos en sus procesos de financiamiento. Sin embargo, al momento de solicitar las autorizaciones apareció un desafío: la normativa no contemplaba expresamente la figura de un bono verde.
El cuestionamiento era cómo debía clasificarse un producto que no estaba incluido en la legislación. El papel de la Bolsa fue trabajar con los organismos de regulación y control para que estos instrumentos fueran tratados como cualquier otro título de deuda en Ecuador.
Un bono verde, azul, violeta o cualquier otro bono etiquetado mantiene la estructura de una emisión de deuda tradicional. La diferencia está en el destino de los recursos y en los mecanismos de seguimiento asociados.
“El mercado debe seguir fortaleciéndose y ampliar la participación de nuevos actores”.
Siete años después, ¿cómo evalúa la evolución de este mercado?
Creo que es un mercado que debe seguir fortaleciéndose. En la medida en que más empresas, principalmente del sector real de la economía, tengan una participación activa, se logrará una mayor interacción con los inversionistas.
El crecimiento desde 2019 hasta ahora ha sido importante, especialmente porque se trata de un mercado nuevo para Ecuador. Muchos de los activos financieros emitidos durante este período han convertido a las entidades que los colocaron en pioneras en Latinoamérica, por las características de estos instrumentos.
Esto demuestra que existe espacio para seguir profundizando este mercado. Es posible que existan otras alternativas de financiamiento con costos más competitivos o que los cupos de los organismos multilaterales sean limitados, pero seguimos trabajando para ampliar las oportunidades de financiamiento sostenible.
Un aspecto relevante es analizar quiénes han adquirido estos instrumentos. De los más de 900 millones de dólares colocados por el sector privado en papeles etiquetados, la mayor parte ha sido adquirida por organismos multilaterales.
Por eso, uno de nuestros retos es ampliar la base de inversionistas y lograr una mayor participación de otros actores del mercado.
¿Cuál es el balance de las emisiones de bonos etiquetados realizadas hasta ahora?
En términos generales, podemos hablar de alrededor de 14 a 15 ofertas y más de 960 o 980 millones de dólares colocados mediante papeles etiquetados del sector privado.
Este monto corresponde únicamente al sector privado. No incluye operaciones como el canje de deuda de Galápagos ni las emisiones de bonos sostenibles realizadas por el Estado en mercados internacionales.
Tampoco incluye emisiones más recientes, como el bono verde estructurado con participación del Banco de Desarrollo del Ecuador.
Hasta ahora, ¿qué actores han tenido mayor participación en este mercado?
Los actores más activos han sido principalmente las entidades financieras. Bancos y cooperativas del primer segmento de la economía popular y solidaria han encontrado en estos instrumentos una alternativa de financiamiento.
Desde la Bolsa de Valores, nuestro rol no solo es brindar plataformas de negociación, generar un mercado regulado y contribuir a la formación de precios, sino también crear las condiciones para que exista oferta y demanda.
En una primera etapa nos enfocamos en desarrollar la oferta, generando los escenarios para que las empresas se animaran a emitir este tipo de instrumentos. Ahora el reto es ampliar esa participación hacia otros sectores, especialmente hacia las empresas del sector real.
“El reto es que más empresas del sector real incorporen estos instrumentos”.

Además del sector financiero, ¿qué otros actores tienen potencial para participar en este mercado?
Si bien las instituciones financieras y las cooperativas han tenido un papel importante en la emisión de bonos etiquetados, buscamos que más compañías incorporen estos instrumentos como una alternativa de financiamiento.
Ya existen experiencias concretas. Por ejemplo, Difare emitió un bono indexado a sostenibilidad y también se registró una emisión de otra empresa del sector industrial. Aunque todavía son pocos casos, muestran que existe potencial para ampliar la participación de este segmento.
El objetivo es que no sean únicamente dos empresas, sino que más compañías de los distintos sectores que participan en el mercado de valores consideren estos mecanismos de financiamiento.
¿Qué oportunidades existen para la participación del sector público?
Otro segmento con gran potencial es el sector público. Hemos trabajado para impulsar que las entidades públicas consideren estos instrumentos como una alternativa para financiar proyectos.
Un ejemplo es el trabajo realizado con el Banco de Desarrollo del Ecuador (BEDE), que tomó alrededor de dos años hasta lograr una emisión en el mercado.
También hemos planteado a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) y a sus empresas públicas, que el financiamiento de obra pública puede desarrollarse mediante este tipo de activos.
Cuando analizamos las necesidades de infraestructura pública encontramos una amplia gama de proyectos que pueden incorporar criterios de sostenibilidad: tratamiento de residuos, movilidad, energía, infraestructura urbana, servicios.
La incorporación de criterios de sostenibilidad en los proyectos será cada vez más necesaria. Por eso hemos transmitido a los potenciales emisores, que integrar estos elementos en sus procesos de financiamiento será fundamental.
El inversionista actual es cada vez más informado y consciente. Si una entidad no incorpora estos elementos en su estructura, puede perder atractivo frente a quienes buscan oportunidades de inversión.
¿El mercado de oferta está pasando de estar concentrado en el sector financiero hacia otros segmentos?
Correcto. El sector financiero encontró un espacio importante para financiarse, pero también existe una oportunidad muy grande para el sector real y para las entidades públicas.
Los GAD tienen una amplia gama de proyectos que podrían estructurarse bajo criterios de sostenibilidad. Lo mismo ocurre con otras entidades públicas que podrían analizar este tipo de mecanismos.
Lo importante es entender que cualquier entidad que busque captar recursos de inversionistas deberá incorporar progresivamente estos conceptos.
Puede ser que hoy el inversionista ecuatoriano todavía no lo exija de manera generalizada, pero el inversionista internacional ya lo considera un elemento relevante. Si una entidad no cuenta con estos atributos cuando busque financiamiento, podría dejar de ser atractiva para ciertos inversionistas.
“La demanda crecerá en la medida en que exista mayor conocimiento sobre estos instrumentos”.
Después de haber impulsado la oferta, ¿qué falta para consolidar la demanda de bonos etiquetados?
Desde el lado de la demanda, uno de los principales desafíos es fortalecer la cultura bursátil en Ecuador. Si una persona no conoce el mercado de valores en términos generales, es más difícil que conozca productos específicos como los bonos etiquetados.
Por eso, como Bolsa de Valores, hemos incorporado estos conceptos en nuestros procesos de capacitación y difusión de la cultura bursátil. También hemos trabajado con universidades para incluir temas relacionados con financiamiento sostenible, inversión sostenible y herramientas de análisis.
El objetivo es generar conocimiento para que los inversionistas comprendan estos instrumentos. Si existe una mayor demanda, también se fortalecerá la oferta.
¿Cómo se trabaja con los inversionistas institucionales para impulsar la demanda?
En este mercado participan personas naturales e inversionistas institucionales como bancos, cooperativas, aseguradoras, administradoras de fondos y otras entidades.
Nuestro trabajo también ha sido acercarnos a estos inversionistas para identificar posibles obstáculos en sus regulaciones internas y facilitar su participación en este tipo de activos.
Cuando se incorporó este producto al mercado ecuatoriano, no bastaba con que existiera la emisión. Para que un inversionista institucional pudiera adquirirlo era necesario revisar aspectos regulatorios, operativos, contables y de reporte.
Por eso hemos trabajado en dos líneas: fortalecer el conocimiento sobre inversión sostenible en la sociedad en general y facilitar los procesos internos de los inversionistas institucionales.
¿Cuáles han sido los principales retos para desarrollar este mercado?
Más que limitaciones, han sido retos propios de la construcción de un mercado nuevo.
Uno de ellos fue generar la oferta y establecer reglas claras desde el punto de vista regulatorio. Otro fue crear conocimiento tanto en emisores como en inversionistas.
Afortunadamente, muchas de estas barreras iniciales han sido superadas. Todavía existen aspectos que deben seguir mejorándose para profundizar el mercado, pero el camino recorrido ha permitido establecer bases más sólidas.
El reto ahora es continuar ampliando la participación de emisores e inversionistas, tanto nacionales como internacionales.
Buscamos que los activos ecuatorianos tengan mayor exposición en mercados extranjeros y que inversionistas internacionales puedan adquirir títulos ecuatorianos con mayor facilidad.
“La sostenibilidad será un elemento clave para acceder al financiamiento”.

¿Qué condiciones o incentivos hacen falta para que más empresas e instituciones participen en el mercado de bonos temáticos?
Creo que, en la medida en que las empresas conozcan mejor las ventajas de este mercado, habrá mayor interés en emitir este tipo de instrumentos.
Un elemento importante es el escenario de financiamiento internacional y cómo el costo del financiamiento puede influir en estas decisiones. También es relevante el desarrollo del ecosistema de incentivos para la inversión sostenible.
En el mercado de valores ecuatoriano existen incentivos tributarios que aplican para estos activos financieros. Los bonos etiquetados tienen el mismo tratamiento tributario que otros instrumentos del mercado y cuentan con beneficios relacionados con Impuesto a la Renta, Impuesto a la Salida de Divisas y otros aspectos.
Tenemos un escenario favorable, aunque existen elementos que pueden perfeccionarse.
No se han planteado incentivos específicos para que determinados segmentos adquieran estos instrumentos. La idea es que se beneficien del marco general de incentivos tributarios, operativos y de mercado.
¿Los inversionistas y las empresas están incorporando cada vez más criterios ESG en sus decisiones?
Creo que las empresas ecuatorianas con estructuras más consolidadas son conscientes de que incorporar criterios ESG es necesario.
Si bien sería deseable que todas las compañías adopten estas prácticas, en la realidad suelen incorporarse con mayor fuerza cuando alcanzan determinados niveles de madurez.
La adopción de criterios ESG no responde únicamente a una búsqueda de financiamiento, sino también a una responsabilidad interna de las organizaciones.
Esa evolución se observa en la divulgación de información, en la adopción de prácticas contables, en procesos internos y en la forma en que las empresas gestionan sus operaciones.
¿Qué papel cumple el mercado bursátil para evitar el Greenwashing?
Cuando una empresa estructura un bono etiquetado existe un proceso de revisión y seguimiento desde la estructuración hasta la colocación del instrumento. En ese proceso participan distintos actores que revisan la estructura financiera, la legalidad, el proyecto, las proyecciones y el uso previsto de los recursos.
Una vez colocado el bono, intervienen la calificadora de riesgos, la casa de valores estructuradora, la Superintendencia de Compañías y la Bolsa de Valores, cada una dentro de sus competencias.
Además, en los bonos etiquetados existe un verificador que comprueba que el uso de los recursos corresponda con lo declarado inicialmente.
Por eso, utilizar un bono etiquetado únicamente como una herramienta de imagen, sin cumplir con el propósito establecido, implicaría desconocer todo el proceso de supervisión y podría tener consecuencias dentro del mercado de valores.
“El marco para la emisión está desarrollado, pero todavía hay espacio para fortalecer la información”.
Desde el punto de vista regulatorio, ¿el mercado de valores ecuatoriano cuenta con un marco adecuado para impulsar las finanzas sostenibles?
Creo que el marco regulatorio relacionado con la emisión de estos instrumentos está adecuadamente desarrollado y cuenta con los estándares necesarios.
Donde todavía existe espacio para avanzar es en el lado de la demanda, especialmente para facilitar la participación de inversionistas institucionales. También hay oportunidades de mejora en materia de divulgación de información (disclosure) por parte de las entidades.
Sería importante establecer estándares mínimos, periodicidades de reporte y parámetros generales sobre la información que deben presentar las empresas. No necesariamente una metodología única o un contenido completamente estandarizado, pero sí lineamientos básicos sobre qué información es relevante y cómo debe comunicarse.
Actualmente, en la práctica del mercado de valores, las entidades que emiten este tipo de instrumentos entregan información periódica a sus inversionistas. Sin embargo, si se busca consolidar estos temas en el empresariado ecuatoriano, el fortalecimiento del disclosure puede ser un elemento importante.
¿Las reformas al mercado de valores que se analizan actualmente en la Asamblea Nacional incorporan medidas para promover las finanzas sostenibles?
La reforma no tiene un enfoque específico en sostenibilidad.
Desde 2018, la BVQ estructuró una estrategia de sostenibilidad con dos líneas de acción: una hacia afuera y otra interna.
La estrategia hacia afuera comprende el desarrollo de la oferta, el fortalecimiento de la demanda, el trabajo con organismos multilaterales, la regulación y la divulgación de información.
La estrategia interna está relacionada con la propia institución. Como BVQ somos miembros de iniciativas internacionales vinculadas con sostenibilidad y participamos en espacios relacionados con esta temática.
Esto implica compromisos de divulgación de información y reportes periódicos sobre prácticas, avances y acciones relacionadas con sostenibilidad.
Dentro de esta línea también hemos trabajado en la medición de nuestra huella de carbono y contamos con una certificación en esta materia.
“El desafío es canalizar inversión hacia proyectos sostenibles”.
Si Ecuador quiere consolidarse como un mercado atractivo para la inversión sostenible, ¿cuál es el rol de la Bolsa de Valores de Quito?
Nuestro rol es contribuir a la canalización del ahorro hacia la inversión productiva y generar un escenario que permita a las empresas ecuatorianas acceder a inversionistas nacionales e internacionales.
Para ello trabajamos con los organismos de regulación y control, buscando facilitar procesos, resolver obstáculos operativos y generar mejores condiciones para el desarrollo del mercado.
Queremos que más inversionistas ecuatorianos —institucionales, personas jurídicas y personas naturales— participen en estos instrumentos, pero también buscamos atraer capital extranjero.
El objetivo es que no sean únicamente los organismos multilaterales los que inviertan en estos activos, sino también fondos de inversión, bancos internacionales e inversionistas institucionales extranjeros.
Para cerrar, ¿cómo resumiría el momento que vive Ecuador en materia de inversión sostenible?
Ecuador tiene un escenario interesante y favorable para fomentar el financiamiento y la inversión sostenible.
Probablemente una de las principales barreras todavía es el desconocimiento sobre los aspectos técnicos asociados a estos instrumentos.
En la medida en que más empresas, inversionistas y actores del mercado conozcan estas alternativas, habrá mayores oportunidades para su desarrollo.
Héctor Almeida. Máster en Dirección de Empresas MBA en IDE Business School, Máster en Derecho y Especialista Superior en Derecho Financiero, Bursátil y de Seguros de la Universidad Andina Simón Bolívar, Abogado y Licenciado en Ciencias Jurídicas y Políticas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Gerente Legal de la Bolsa de Valores de Quito desde enero de 2010. Profesor de programas de mercado de valores de educación ejecutiva en las Escuelas de negocios de las Universidades San Francisco de Quito USFQ y Universidad de Especialidades Espíritu Santo ESAI, conferencista y ex profesor de la cátedra de Mercado de Valores en la Universidad de las Américas UDLA.


