'El financiamiento verde llega a la base de la pirámide productiva'
María Belén Loor, presidenta del Directorio de Conafips, explica cómo la banca pública de segundo piso está ampliando el acceso a este tipo de crédito sostenible
El financiamiento verde no es un terreno exclusivo para los grandes proyectos. En Ecuador, pequeños productores, cooperativas, mujeres emprendedoras y actores de la economía popular y solidaria, acceden a estos recursos.
En ese camino, el reto ya no es únicamente movilizar fondos, sino reconocer actividades sostenibles que ya existen en el territorio, estructurarlas bajo criterios ambientales y asegurar que el crédito llegue efectivamente a la base productiva.
En esta entrevista con Youtopía, María Belén Loor, presidenta del Directorio de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (Conafips), explica cómo la banca pública de segundo piso está impulsando ese cambio.
La Corporación tiene vigentes cinco líneas de crédito bajo el paraguas ambiental, cuyos montos de programa son: AFD Bioeconomía (USD 10 millones), BID BIOeconomía (USD 16 millones), BID Vivienda (USD 70 millones), AFD Cambio Climático (USD 10 millones) y Electromovilidad (USD 8 millones).
Además, a este portafolio se suman: Eficiencia Energética (USD 70 millones, Banco Europeo de Inversiones), Crédito Verde (USD 40 millones, KFW) y Microcréditos y créditos verdes (USD 75 millones, CAF).
Xavier Basantes
¿Por qué el financiamiento sostenible se ha convertido en una prioridad para Conafips?
Conafips es una entidad financiera pública de segundo piso. Esto significa que otorga créditos a través de cooperativas, mutualistas y organizaciones de microcrédito, que llegan a agricultores, comerciantes, artesanos y actores de la economía popular y solidaria.
En la actual administración hemos colocado, hasta mayo de este año, 748 millones de dólares en créditos y garantías a nivel nacional. Además, seis de cada diez dólares han beneficiado a mujeres y una parte importante se ha dirigido al sector agropecuario.
Esa presencia territorial explica por qué el financiamiento sostenible se ha convertido en una prioridad. Nuestros recursos llegan principalmente a zonas con mayores niveles de pobreza, donde el desarrollo productivo requiere una visión de largo plazo.
Desde 2020 trabajamos en líneas de financiamiento verde. Empezamos con un piloto y hoy contamos con operaciones respaldadas por organismos y entidades internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), la Unión Europea (UE), CAF.
El otorgar financiamiento verde no es una tendencia coyuntural, sino una visión de desarrollo y es una prioridad para Conafips.
"Cuando impulsamos las actividades productivas, tenemos que hacerlo considerando que el crecimiento del país tiene que ser sostenible".
Si el sector agropecuario concentra buena parte de la cartera de Conafips. ¿También es el principal destino del financiamiento verde?
Tiene un peso importante, pero no es el único.
Las líneas de bioeconomía están estrechamente vinculadas con la agricultura, aunque no financian únicamente ese nivel de producción.
También apoyan los distintos eslabones de la cadena de valor, desde el procesamiento hasta el transporte y la comercialización.
La idea es acompañar actividades que generen valor agregado y fortalezcan las economías locales. Al mismo tiempo impulsamos otras líneas, como vivienda sostenible y, próximamente, electromovilidad.
¿Qué tipo de financiamiento verde ofrece Conafips?
Hoy contamos con líneas para bioeconomía, adaptación y mitigación al cambio climático y vivienda sostenible, financiadas principalmente por el BID y la AFD.
Además, estamos estructurando una línea de electromovilidad y negociando nuevas operaciones con otros organismos internacionales.
Nuestro papel consiste en conseguir recursos en condiciones preferenciales y trasladar esos beneficios a las instituciones financieras de la economia popular y solidaria, para que, a su vez, lleguen a los beneficiarios finales mediante mejores tasas, plazos y condiciones de financiamiento.
Una de las líneas más recientes es la de vivienda sostenible. ¿Cómo funciona?
Está dirigida tanto a la compra de vivienda nueva como a remodelaciones o ampliaciones que incorporen criterios de sostenibilidad.
Por ejemplo, viviendas con iluminación natural, sistemas de ahorro de agua, focos eficientes o reutilización de materiales.
Lo interesante es que muchas cooperativas ya financiaban este tipo de proyectos sin identificarlos como créditos verdes. Una de nuestras principales actividades ha sido capacitarlas, para que reconozcan estas operaciones y puedan acceder a líneas específicas de financiamiento.
Hasta ahora y con apoyo del BID hemos colocado alrededor de 24 millones de dólares bajo este esquema y hemos comprobado que cumplir con estos criterios es mucho más sencillo de lo que muchas personas imaginan.
Es decir, muchas cooperativas ya financiaban actividades “verdes” sin identificarlas como tales. ¿Cómo se traduce eso en la práctica?
Eso ha sido parte importante del trabajo que hemos hecho.
Muchas cooperativas ya otorgaban créditos para actividades que hoy se consideran dentro del financiamiento verde, pero sin clasificarlas de esa manera. Por ejemplo, proyectos de agricultura con especies nativas o iniciativas productivas que incorporan prácticas sostenibles.
Lo que hemos hecho es acompañarlas para que entiendan que estas operaciones pueden ser reconocidas dentro de una taxonomía ambiental. Esa taxonomía, en términos simples, es una lista de actividades que cumplen criterios de sostenibilidad, como bioeconomía o adaptación y mitigación al cambio climático.
Un ejemplo claro es el cultivo de chocho en Chimborazo. Al tratarse de una especie nativa, puede clasificarse dentro de bioeconomía y, por tanto, acceder a condiciones de financiamiento más favorables.
No se trata de cambiar lo que ya hacen las cooperativas, sino de ayudarlas a identificarlo correctamente y estructurarlo bajo criterios ambientales.
"Muchas cooperativas de ahorro y crédito ya estaban dando créditos verdes, pero sin saberlo".
Xavier Basantes
¿Cómo se asegura Conafips de que los recursos efectivamente se utilicen con ese enfoque ambiental?
Todas nuestras operaciones pasan por la metodología SARAS, que es un sistema de análisis de riesgos ambientales y sociales.
Adicionalmente, las cooperativas también fueron incorporando este sistema con el apoyo de Conafips. Les entregamos herramientas y capacitación para que puedan aplicarlo en sus evaluaciones de crédito.
Pero el control no termina ahí. Existen auditorías externas que revisan una muestra de operaciones para verificar que los recursos se hayan utilizado en los fines establecidos. Esa información se remite tanto a los organismos multilaterales como a Conafips.
Además, contamos con equipos técnicos que realizan verificaciones en territorio. Visitamos cooperativas y beneficiarios finales para constatar el uso de los recursos.
¿Qué tipo de verificación realizan en campo?
Se realizan visitas a los beneficiarios de los créditos para comprobar que el financiamiento se haya destinado al propósito aprobado.
En el caso de líneas como bioeconomía o vivienda sostenible, también contamos con especialistas ambientales que revisan los proyectos en territorio.
Cuando se trata de operaciones financiadas por organismos internacionales, como la Agencia Francesa de Desarrollo, existen auditorías adicionales. Equipos externos, como Expertise France, realizan verificaciones aleatorias en campo.
Por ejemplo, si un proyecto declara la instalación de paneles solares, se verifica físicamente su existencia y funcionamiento.
¿Existe algún indicador que permita medir el impacto ambiental de estos créditos?
Hoy el sistema está enfocado principalmente en la verificación del cumplimiento del destino del crédito.
El siguiente paso es fortalecer la medición del impacto ambiental, por ejemplo, en términos de reducción de emisiones o eficiencia en el uso de recursos.
Es un desafío porque implica capacidades técnicas adicionales. Actualmente contamos con un equipo reducido en ingeniería ambiental, lo que limita la profundidad de ese seguimiento.
Sin embargo, es una línea en la que deberíamos avanzar: no solo verificar el uso del crédito, sino también medir su impacto ambiental concreto.
Xavier Basantes
¿Cuáles son hoy los principales desafíos para ampliar el acceso al financiamiento verde entre pequeños productores y emprendedores?
El principal desafío es el conocimiento.
Si bien existen colocaciones importantes en volumen, no todas las cooperativas incorporan todavía estos criterios de financiamiento verde. Hay diferencias entre instituciones y niveles de desarrollo.
Aplicar este tipo de créditos implica más esfuerzo. No es lo mismo otorgar un crédito de consumo que evaluar si una actividad es sostenible o no. Requiere verificación en campo, seguimiento y análisis adicional.
Pero en el sistema financiero también existen incentivos. En muchos casos, los oficiales de crédito son evaluados por montos colocados, lo que hace que productos más simples sean más atractivos que aquellos que requieren mayor análisis.
Por eso, el reto no es solo técnico, sino también cultural e institucional dentro del sistema de cooperativas.
¿Cómo se trabaja con las cooperativas en ese proceso de fortalecimiento?
Trabajamos con alrededor del 77% de instituciones financieras de la economía popular y solidaria del país (306 de 395).
No todas acceden directamente a crédito. Algunas pasan primero por procesos de fortalecimiento, y una vez que cumplen ciertos criterios, pueden acceder a los recursos.
El objetivo es acompañarlas en el proceso de aprendizaje para que puedan ampliar su capacidad de colocación bajo criterios sostenibles.
Esto implica capacitación, asistencia técnica y presencia en territorio. No es un proceso automático, sino gradual.
¿El tamaño de las cooperativas influye en el acceso a estos recursos?
No necesariamente.
Trabajamos con cooperativas de todos los segmentos. De hecho, muchas de las más pequeñas son las que llegan a zonas más remotas del país, donde también están los mayores niveles de pobreza.
Hemos visto casos en territorios de difícil acceso, incluso en zonas de alta montaña, donde llegan cooperativas a financiar actividades agrícolas, como es el cultivo de chocho.
Eso demuestra que el sistema tiene una gran capilaridad y permite llegar a lugares donde la banca tradicional no suele estar presente.
Youtopia
Además del financiamiento, ¿qué otros instrumentos utiliza Conafips para apoyar al sector?
Contamos con un fondo de garantía que respalda operaciones cuando los beneficiarios no tienen suficientes activos para cubrir los requisitos tradicionales de crédito.
Esto permite que más personas puedan acceder a financiamiento, especialmente en zonas rurales o en segmentos con menor capacidad de respaldo.
¿Cómo se integran los temas climáticos, como el Fenómeno de El Niño, en esta estrategia?
Es un tema preocupante.
En muchos casos, los productores no cuentan con seguros agrícolas, incluso cuando su costo es relativamente bajo en comparación con las pérdidas que enfrentan.
Hemos visto casos en los que agricultores han perdido cosechas completas por sequías o eventos climáticos extremos sin contar con ningún tipo de protección.
Por eso, estamos trabajando con organismos de cooperación internacional para impulsar el uso de seguros, como herramienta complementaria al crédito.
El objetivo es que los productores comprendan mejor los riesgos y puedan tomar decisiones más informadas.
¿Qué papel juegan los seguros dentro de la estrategia de financiamiento sostenible?
Todavía no existe un mecanismo obligatorio, pero sí se está explorando su incorporación como parte de un enfoque de política pública más amplio.
La idea es avanzar hacia esquemas donde el financiamiento y la gestión de riesgos climáticos estén más articulados, especialmente en el sector agrícola.
¿Cómo se proyecta Conafips en el corto y mediano plazo dentro del financiamiento verde?
La institución ha avanzado de manera importante, pero todavía hay un camino por recorrer.
La visión es consolidar a Conafips como una banca de desarrollo con enfoque sostenible, capaz de impulsar la economía popular y solidaria con criterios ambientales y sociales.
Nuestros recursos llegan a la base de la pirámide, lo que permite generar un impacto directo en las familias y comunidades.
El desafío está en seguir ampliando el alcance del financiamiento verde, mejorar la medición de impacto y fortalecer la articulación con otros actores, no solo financieros, sino también técnicos y de cooperación internacional.
El financiamiento verde no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para transformar la forma en que se desarrolla la economía del país.
María Belén Loor Iturralde. Economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Máster en Ciencias de la Economía por la Universidad de Oregon en Estados Unidos. Además cuenta con estudios de Doctorado en Economía de la Universidad Nova de Lisboa en Portugal. Se desempeñó como Subsecretaria de Planificación y Políticas Sectoriales e Intersectoriales en el Ministerio de Economía y Finanzas; Consejera Comercial en Los Ángeles y segunda secretaria en la Oficina Comercial de Chicago; se desarrolló como ministra Consejera en la Embajada del Ecuador en Portugal. Cuenta con más de 20 años de experiencia en diseño, evaluación e implementación de instrumentos de política y proyectos de desarrollo económico sostenible.
