La Consulta del Chocó Andino no pudo detener la minería ilegal
La contaminación de los ríos por extracción en minas no metálicas y metálicas se mantiene. La falta de acción estatal genera frustración y movilización constante.
Por Álvaro Samaniego
“Antes podíamos salir a la calle, hablar, denunciar, hablar con los medios casi libremente. Ahora no es igual”.
Es la reflexión de la activista Teolinda Calle, quien fue un personaje clave durante la Consulta Popular realizada en agosto de 2023 y cuyo objeto fue la conservación del Chocó Andino.
Es una franja biogeográfica que forma parte del gran Chocó bioregional, un corredor de selvas húmedas que se extiende desde el sur de Panamá hasta el norte de Ecuador.
Una parte del complejo regional es el Chocó Andino de Quito, declarado Reserva de Biósfera por la Unesco en 2018, por su valor ecológico y cultural.
Alberga bosques nublados, fuentes hídricas que abastecen a la capital y comunidades que practican formas sostenibles de producción.
Para protegerlo, la comunidad impulsó una Consulta Popular en la que la propuesta de prohibir las actividades de minería metálica obtuvo el 84% de los votos válidos.
Pero ni los votantes ni los impulsores de la iniciativa se imaginaron que la amenaza iba a llegar de una fuente diferente.
El movimiento ciudadano Quito sin Minería logró el cometido: las 12 concesiones mineras vigentes y 8 que estaban en espera están suspendidas.
Sin embargo, “a partir de la consulta dejamos de tener información transparente. Nunca es que ha sido totalmente transparente, pero ahora es menos”, dice Calle.
De lo que se sabe, una sola minera sigue con la operación, la conocida como la Conquista. Aparentemente, tiene permisos que contrarían el mandato de la decisión de 2023.
Los pobladores dicen que es posible ver cómo salen volquetes con material. Los llevan a otros lados para procesar la extracción.
Lo que la Consulta no pudo regular
Teolinda Calle considera que los activistas han sumado nuevos oponentes. El primero es la minería con concesiones legales pero que trabajan ilegalmente, sin los procedimientos exigidos.
El segundo, la minería ilegal que usa la violencia y la intimidación, que está por completo al margen de la ley y, sin duda, de la resolución de una Consulta democrática.
Se sabe poco y se habla menos. Se comenta entre conocidos de confianza. Se habla bajo y se sospecha mucho. En esta reserva de la biósfera hay pocos habitantes y, por tanto, se conocen mucho.
“Ahora estamos con más certeza de quiénes están detrás de esa minería legal, se habla de GDO, que hay gente extranjera”. Personas que exhiben armas, que reclaman miedo. Que “no son de aquí”.
No ha habido quienes se arriesguen a documentar y menos a denunciar la minería ilegal. Pero hay síntomas claros.
La Escuela Politécnica Nacional (EPN) realizó un monitoreo, sobre todo en los ríos Alambi, Chirape y Pachijal. Presentó los resultados en marzo de 2026.
La principal conclusión es que "en algunos puntos de muestreo se detectaron concentraciones de cobre, bario y aluminio que superan los valores permisibles de la normativa ambiental”.
Y sigue: “La ausencia de actividad industrial en la zona sugiere que estas concentraciones podrían estar asociadas a actividades mineras presentes en la cuenca, incluyendo minería no metálica legal (extracción de áridos), que puede generar resuspensión de sedimentos, y minería metálica ilegal, que puede movilizar metales presentes en los suelos y rocas”.
La llegada de grupos delincuenciales sucede, además –y como pasa en otras actividades- con una institucionalidad débil.
Están concesionadas más de 11.000 hectáreas, especialmente en Pacto y Gualea. La fiscalización es también débil: la Asamblea Nacional ha iniciado procesos de seguimiento, pero sin resultados concretos.
El Municipio de Quito y el Consejo Provincial de Pichincha ya no están muy activos como en la campaña previa a la Consulta Popular.
Da la impresión de que los únicos que no han dejado de trabajar por hacer cumplir el mandato popular han sido las organizaciones de la sociedad civil.
Las consecuencias de esta nueva realidad son, evidentemente, la amenaza a su biodiversidad que se quería evitar con la Consulta.
Igual que en el caso del Yasuní, el incumplimiento erosiona la confianza en la consulta popular como mecanismo vinculante.
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