Del Yasuní salen 42.000 barriles diarios, a tres años de la consulta
El Estado tenía hasta el 31 de agosto de 2024 pata retirar de forma progresiva y ordenada la actividad petrolera del bloque 43. Ambiente no brinda información.
El 20 de agosto de 2023, el 58,95 % de los ecuatorianos votó a favor de dejar bajo tierra el crudo del bloque 43-ITT (campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini), en el Parque Nacional Yasuní.
La Corte Constitucional (CC) había establecido que, de ganar el Sí, el Estado tendría un año, desde la notificación oficial de resultados, el 31 de agosto de 2023, para retirar de forma progresiva y ordenada la actividad petrolera del bloque.
Ese plazo venció el 31 de agosto de 2024. Tres años después de la notificación, la extracción sigue. El 18 de agosto de 2026, según el reporte diario de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, el bloque 43 produjo 40.132 barriles de petróleo.
Es menos que antes de la consulta —más de 50.000 barriles diarios en 2023- pero lejos de cero: entre enero y junio de 2026, la producción promedió unos 42.000 barriles diarios, frente a poco más de 52.000 en el mismo período de 2023. Una caída, no un cierre.
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Un comité y pocos pozos cerrados
El gobierno de Daniel Noboa creó recién el 8 de mayo de 2024, nueve meses después de conocidos los resultados, el Comité de Ejecución de la Voluntad Popular Yasuní-ITT.
Está integrado por los ministerios de Ambiente y Energía, Economía, el actual Viceministerio de la Mujer y EP Petroecuador. La Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE) reclama no haber sido incluida, pese a que el bloque 43 se asienta sobre su territorio ancestral.
Del total de 247 pozos, el plan de acción contempla cerrar 246. Según la rendición de cuentas de Petroecuador, hasta agosto de 2024, un año después de la consulta, apenas se habían cerrado 8.
A diciembre de 2025 la cifra llegaba a cerca de 58: poco más del 20% del total. La estatal petrolera ha planteado que completar el cierre tomará al menos 5,5 años más.
El exministro de Energía, Fernando Santos Alvite, explicó la lentitud por razones económicas: "el Estado necesita desesperadamente esos dólares de la venta del crudo".
Calcula en unos USD 600 millones el costo de retirar tuberías, tanques y equipos de una zona de difícil acceso.
Los estados financieros de Petroecuador de diciembre de 2025 estiman el desmantelamiento en 467 millones.
Esta cifra no incluye la restauración ambiental posterior que, según el economista Alberto Acosta, impulsor de la Iniciativa Yasuní-ITT, para dejar el crudo bajo tierra, podría tomar aún más tiempo que el cierre de los pozos.
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La Corte Constitucional, en silencio
Desde 2023, distintas organizaciones han acudido a la Corte Constitucional para exigir el cumplimiento del dictamen que autorizó la consulta.
La Fundación Tikay fue en enero de 2024, Yasunidos en noviembre de 2025 y el 20 de agosto de 2026, cuando pidió una audiencia pública para que el Gobierno explique el avance del cierre.
Según el colectivo, se han presentado más de 30 documentos exigiendo respuestas, ninguno resuelto.
Para Yasunidos, el caso no es aislado: tampoco se han acatado las consultas ambientales de Quito, Cuenca y Girón, todas ganadas por el Sí a la protección del agua frente a la minería.
A esa presión se sumó, en 2025, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Esa instancia multilateral ordenó a Ecuador desmantelar el proyecto del bloque 43-ITT, como parte de la protección a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario Tagaeri y Taromenane, cuyo territorio se superpone con el del bloque.
Mario Melo, director del Centro de Derechos Humanos de la PUCE, subraya que esa sentencia sí es vinculante: Ecuador aceptó la jurisdicción de la Corte IDH y deberá reportarle qué medidas ha tomado para cumplirla.
'Ya son tres años y no hay excusas'
La fecha simbólica coincidió este año con la realización en Puyo, entre el 16 y el 21 de agosto, del XII Foro Social Panamazónico, que reunió a organizaciones indígenas de nueve países.
"El Gobierno sigue explotando el Yasuní, sigue recibiendo esos recursos y no se cumplió la decisión del cierre en un plazo. Pero no es una decisión de un mandatario, sino del pueblo", dijo allí Natalia Greene, de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza.
Ese mismo 20 de agosto, la NAWE realizó una movilización y una rueda de prensa frente a la Corte Constitucional para exigir, otra vez, el cumplimiento del mandato.
El Ministerio de Ambiente y Energía no ha respondido a los pedidos de información sobre cuántos pozos siguen operando, cuándo se prevé detener la producción ni cuál es el plan de restauración.
El mandato que se hizo hace tres años en las urnas de dejar el crudo bajo tierra sigue, en la práctica, sin ejecución efectiva.
