Así se medirá el gasto climático en Ecuador desde 2027
El Gobierno aprobó tres clasificadores que permitirán identificar cuánto invierte el Estado en cambio climático, ambiente y gestión de riesgos, desde 2027.
A partir del Presupuesto de 2027, cada dólar que el Estado destine a acciones relacionadas con el ambiente, el cambio climático o la prevención de desastres deberá llevar una especie de "etiqueta digital", que permitirá conocer exactamente en qué se gastan esos recursos.
Ese es el principal cambio que introduce la Resolución Nro. MEF-VGF-2026-0020-R, publicada el 13 de julio de 2026, en el Registro Oficial No. 324.
A través de esta resolución, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) oficializó tres nuevos clasificadores presupuestarios, para ordenar y transparentar el gasto público.
De acuerdo con el MEF, la medida busca mejorar el seguimiento de la inversión estatal, facilitar la rendición de cuentas y cumplir con estándares internacionales en materia de financiamiento climático.
La nueva metodología responde a los compromisos asumidos por el Ecuador en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París.
Xavier Basantes
Tres clasificadores para un mismo objetivo
La resolución crea tres instrumentos técnicos que deberán utilizar las instituciones que forman parte del Presupuesto General del Estado (PGE):
- COGPA, para clasificar el gasto en políticas ambientales.
- COGCC, destinado al gasto relacionado con el cambio climático.
- COGGRD, enfocado en la gestión del riesgo de desastres.
Su aplicación será obligatoria durante la programación y formulación del Presupuesto General del Estado (PGE), correspondiente al ejercicio fiscal 2027.
En cambio, para las entidades del sector público que no integran el PGE —como los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), las universidades públicas, las empresas públicas y la seguridad social— el uso de estos clasificadores será referencial.
Ya no bastará con declarar una inversión como ambiental o climática: el Estado deberá identificar y justificar técnicamente cada recurso asignado.
¿Qué cambia en la práctica?
Hasta ahora, gran parte del gasto ambiental podía registrarse bajo una misma categoría. Con la nueva metodología, cada proyecto deberá ser evaluado para determinar si realmente contribuye a combatir el cambio climático o si corresponde a otro tipo de política ambiental.
Por ejemplo, la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales seguirá registrándose como gasto ambiental, mientras que la compra de buses eléctricos o un programa de reforestación orientado a capturar carbono se identificará específicamente como gasto climático.
La diferencia permitirá saber con mayor precisión cuánto invierte el país en reducir emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y cuánto destina a preparar a la población frente a los impactos del cambio climático.
Xavier Basantes
¿Qué es el etiquetado climático?
La resolución del MEF fortalece el denominado 'etiquetado climático presupuestario', una herramienta utilizada por varios países para identificar y rastrear los recursos públicos destinados a la acción climática.
El proceso consta de cuatro etapas:
- Identificar si un proyecto contribuye a objetivos climáticos.
- Clasificarlo dentro de una categoría específica.
- Ponderar qué porcentaje del presupuesto corresponde realmente a acciones climáticas.
- Asignarle un código que permita hacer seguimiento dentro del sistema financiero del Estado.
Esto significa que no todo el presupuesto de una obra podrá considerarse automáticamente como inversión climática. Solo la parte que cumpla criterios técnicos recibirá esa clasificación.
La implementación de estos clasificadores también responde a los compromisos internacionales asumidos por Ecuador en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París.
La nueva metodología permitirá contar con información más precisa sobre los recursos públicos destinados a la acción climática, un aspecto clave para acceder a mecanismos de financiamiento internacional y fortalecer la transparencia en el uso de fondos.
Xavier Basantes
La principal novedad de la reforma
Uno de los cambios más importantes que implementará el MEF es la separación entre el gasto ambiental y el gasto climático.
El nuevo Clasificador de Políticas Ambientales (COGPA) abarcará actividades como el manejo de residuos, el tratamiento de aguas residuales, el control de la contaminación del aire o la protección de recursos naturales.
En cambio, el Clasificador de Cambio Climático (COGCC) se concentrará exclusivamente en acciones de mitigación —como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero— y de adaptación; es decir, proyectos destinados a disminuir la vulnerabilidad frente a sequías, inundaciones, eventos extremos o el aumento de temperaturas.
Además, incorpora categorías específicas para la preparación, respuesta y recuperación frente a fenómenos climáticos extremos.
Por su parte, el clasificador de gestión del riesgo de desastres organizará el gasto en prevención, monitoreo de amenazas, sistemas de alerta temprana, atención de emergencias y reconstrucción con criterios de resiliencia.
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¿Por qué es importante la resolución?
El Ministerio de Economía y Finanzas sostiene que esta metodología permitirá mejorar la transparencia del gasto público y generar información más precisa sobre las inversiones relacionadas con el cambio climático.
También facilitará el acceso del país a fuentes de financiamiento internacional, como fondos climáticos y bonos verdes, cuyos organismos financiadores exigen evidencia verificable sobre el destino de los recursos.
Además, el nuevo sistema permitirá a la ciudadanía y a los organismos de control conocer con mayor claridad si las políticas públicas en materia ambiental cuentan con respaldo presupuestario suficiente.
Desde 2027, cada proyecto financiado con recursos del Presupuesto General del Estado podrá ser identificado mediante un código específico, lo que permitirá generar reportes automáticos sobre la inversión pública destinada a enfrentar la crisis climática, proteger el ambiente y reducir el riesgo de desastres.
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