El tráfico de 12 iguanas desnuda vacíos de control en Galápagos
La Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena se concentra en evitar la introducción de especies invasoras. Un sistema eficiente es urgente.
Por Álvaro Samaniego
La noche del 19 de mayo de 2026, el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo de Guayaquil se convirtió en el escenario de un hallazgo que ha encendido las alarmas ambientales en Ecuador.
Tres ciudadanos de nacionalidad tailandesa fueron detenidos en flagrancia cuando pretendían abordar un vuelo con destino a Ámsterdam. En sus mochilas ocultaban doce iguanas marinas de las Galápagos (Amblyrhynchus cristatus), una especie endémica y única en el mundo.
Un perro adiestrado de la Policía alertó sobre contenido en el equipaje de mano. Los animales estaban inmovilizados: amarrados de sus extremidades y envueltos en medias de nylon. Debido al estrés severo y al hacinamiento, un ejemplar murió.
Un juez de Garantías Penales de Guayaquil dictó prisión preventiva por el presunto delito de tráfico ilegal de fauna silvestre. En la audiencia, los procesados alegaron desconocer la legislación ambiental del Ecuador.
Más allá del impacto biológico y legal, este suceso desnuda brechas de seguridad que, en este caso, fallaron en las islas, cuando se permitió que se embarcara a las iguanas.
Los implicados viajaron primero desde la isla Baltra hacia Guayaquil. Debieron pasar el sistema de vigilancia del aeropuerto Ecológico Galápagos Insular. La administración defendió la rigurosidad de sus escáneres, pese a que las especies vivas pasaron en maletas de mano.
Un complejo engranaje de custodia
La protección de Galápagos depende de un entramado de instituciones con roles específicos:
El Ministerio del Ambiente y Energía es la autoridad rectora que diseña la política pública nacional y regula los convenios de protección global, como la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cities).
En este caso, asumió la custodia de los ejemplares sobrevivientes para su estabilización médica.
De su lado, el Parque Nacional Galápagos (DPNG) actúa como el custodio en el territorio, coordina el patrullaje físico y los puntos de control en muelles y áreas protegidas, junto a la Policía Ambiental.
El Consejo de Gobierno de Régimen Especial (Cgreg) es el encargado de la planificación y gobernanza. Administra la Tarjeta de Control de Tránsito (TCT) para regular el flujo migratorio.
Está también la Fundación Charles Darwin (FCD), que provee el peritaje técnico y la base científica indispensable para que la Fiscalía pueda tipificar, con precisión, el daño ecológico ante los jueces.
Y se debe mencionar a la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos (ABG), que tiene, entre sus funciones, la inspección de equipajes y mercancías en aeropuertos y puertos (tanto en el continente como en las islas) para evitar el transporte de productos orgánicos y plagas prohibidas.
Tras un único pronunciamiento oficial, el del Ministerio de Ambiente y Energía, nadie más ha dado elementos de juicio para establecer cómo tres viajeros con 12 iguanas pudieron violar todos los cercos de seguridad.
El vacío en las cifras de extracción
A pesar de este despliegue institucional, la investigación periodística revela un bache administrativo crítico: los planes estratégicos vigentes en la región insular carecen de metas cuantitativas explícitas para combatir el tráfico de fauna endémica hacia el exterior.
El Plan Galápagos 2030 del Cgreg prioriza políticas de desarrollo sustentable y la conservación general.
Las acciones punitivas contra las mafias transnacionales no están formalizadas con indicadores de éxito o reducción de delitos en los documentos de acceso público.
Las medidas preventivas se limitan a reacciones coyunturales, como el reciente Acuerdo Ministerial 030 de marzo de 2026, que endureció los protocolos técnicos de inspección para naves comerciales, privadas y militares en los aeropuertos del archipiélago.
La paradoja de la bioseguridad
El contraste es evidente, al revisar la gestión de ABG. Esta entidad tiene objetivos medibles, pero orientados al tráfico "inverso"; es decir, evitar la introducción de especies invasoras al archipiélago.
Durante su informe de gestión de 2025, la ABG reportó cifras contundentes, como la inspección de un total de 1’644.669 equipajes (un incremento del 12,26% respecto a 2024).
Luego, se ejecutaron 28.674 inspecciones a medios de transporte aéreos y marítimos. Se retuvo 3.194 productos prohibidos y se logró mantener el índice de introducción de especies exóticas en un 11,37%.
Por fuera de ABG, no hay ninguna información pública sobre el estado del tráfico de especies. ¿Es este el único caso?
En términos nacionales, dos datos que se pudo encontrar son: la Unidad de Protección del Medio Ambiente (UPMA) reportó 461 animales decomisados en 2025. En 2024, la cifra había sido mucho mayor: 5.308 animales rescatados.
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Hacia la impostergable eficiencia
El tráfico ilegal de fauna silvestre es uno de los negocios ilícitos más lucrativos y destructivos del planeta.
Los tres implicados enfrentan hoy prisión preventiva en la Penitenciaría del Litoral, a la espera de su juicio el 8 de junio de 2026. La sanción, según el artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), señala penas de uno a tres años de cárcel.
Cualquier persona que cace, capture, transporte, trafique, comercialice o se beneficie de especímenes de fauna silvestre (incluyendo sus partes o derivados) es susceptible de esa sentencia.
Sin embargo, las condenas no devolverán la vida al espécimen muerto ni frenarán el tráfico, mientras no haya la suficiente información y se detecte si se trata o no de una debilidad del sistema. Cabe revisarlo todo.
