Nueva sentencia por tráfico de 32 iguanas; falla en control sigue
La condena de dos años de cárcel a una ciudadana rusa deja al descubierto las grietas de Galápagos, como ya sucedió en mayo con ciudadanos tailandeses.
La ciudadana rusa Olga K. fue sentenciada a 24 meses de prisión por intentar sacar de Ecuador 32 iguanas marinas de Galápagos.
El juez le impuso además una multa de 3.210 dólares y una reparación integral de USD 90.444,63 a favor de la Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG).
La mujer fue detenida el 28 de agosto de 2026 en el aeropuerto Mariscal Sucre, de Quito, cuando se disponía a viajar a Islandia.
Los reptiles iban en ocho contenedores plásticos dentro de una maleta, débiles y deshidratados, de acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Energía (MAE).
Ocho murieron pese a la atención veterinaria y los 24 sobrevivientes fueron devueltos al archipiélago.
En su sentencia del 9 de noviembre, el juez ordenó a Olga K. pedir disculpas públicas a la naturaleza y a la comunidad, según informó el MAE y recogió la agencia EFE.
Lo llamativo es que Olga K. nunca estuvo en Galápagos. Recibió las especies en Quito, antes de intentar sacarlas del país.
Lo que dice la norma
La condena se apoya en el artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona capturar o extraer ejemplares silvestres, transportarlos, almacenarlos, tenerlos en posesión, traficarlos, beneficiarse de su comercio o manipular partes y derivados de especies protegidas.
La pena va de uno a tres años de prisión. Corresponde aplicar el máximo cuando se trata de especies endémicas o el hecho ocurre dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, dos condiciones que en Galápagos suelen darse a la vez.
Pero eso no ocurrió con Olga K. El suyo no es un caso aislado. En mayo, tres ciudadanos tailandeses fueron sentenciados a cuatro años de prisión, una multa de 4.820 dólares y una reparación de USD 400.000.
Intentaron sacar 12 iguanas marinas desde el aeropuerto de Guayaquil rumbo a Ámsterdam. Nueve animales han muerto.
Cadena con eslabones locales
La rusa no registra ingreso a Galápagos, según datos preliminares del MAE, lo que obliga a preguntarse quién capturó a los animales y cómo salieron de las islas.
Una fuente protegida, que dijo haberse dedicado a la pesca ilegal, describió a La Barra Espaciadora y a Mongabay Latam una cadena en la que el primer eslabón es un recolector local.
Este puede ser guardaparque, pescador o lugareño, y entrega los ejemplares a una “mula” encargada de sacarlos del país.
En el caso tailandés, los condenados habrían contado con un contacto en las islas, pero ello no ha derivado en la vinculación de funcionarios del aeropuerto de Baltra ni del Parque Nacional.
Según un informe del portal Traffic de marzo de 2026, una iguana marina puede alcanzar los USD 25.000; una tortuga gigante juvenil, entre USD 5.000 y USD 7.000, y una iguana rosada, hasta USD 500.000.
Según un informe de Traffic, una iguana rosada puede alcanzar hasta los USD 500.000 en el mercado ilegal internacional
Un estudio publicado en 2025 en Biological Conservation documentó que al menos 60 iguanas de Galápagos circularon con permisos fraudulentos de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites) por Mali, Uganda y Suiza hacia coleccionistas de Asia y Europa.
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Controles, al límite
Investigaciones periodísticas muestran un sistema sin recursos. El Parque Nacional tiene 289 empleados para vigilar 795.786 hectáreas.
Hay un déficit de 30 empleados y USD 7 millones en tres años. Desde 2023 solo hay dos fiscales para todo el archipiélago y ninguno está especializado en delitos ambientales.
De 513 investigaciones abiertas entre 2018 y 2026 por delitos ambientales, tráfico de combustible o de drogas, solo 103 terminaron en sentencia condenatoria.
Los antecedentes pesan. En 2018 desaparecieron 123 tortugas gigantes de un centro de crianza en Isabela, con probable complicidad interna.
En 2021 se halló en el aeropuerto de Baltra una maleta con 185 crías de tortugas; el único condenado, un policía antinarcóticos, recibió tres años de prisión y salió siete meses después.
La sentencia contra Olga K. cierra un expediente, pero deja abiertas las preguntas de fondo: ¿quién capturó a las iguanas, quién las movió y por qué nadie lo impidió en las islas?
