Pueblos indígenas exigen voz, territorio y fondos en la COP17
La COP17 aborda las demandas de los pueblos indígenas sobre participación en las decisiones, protección de sus territorios y acceso al financiamiento.
Los pueblos indígenas y las comunidades locales buscan que el reconocimiento de sus conocimientos ancestrales se traduzca en participación efectiva en las decisiones sobre biodiversidad, protección de sus territorios y acceso directo a recursos para la conservación.
Estos asuntos forman parte de las negociaciones de la COP17 del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), que se desarrolla del 19 al 30 de octubre de 2026 en Ereván, Armenia. La COP17 es la Conferencia de la ONU sobre Biodiversidad.
La cita coincide con la primera revisión global de los avances en la aplicación del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, adoptado en 2022, que establece objetivos para detener y revertir la pérdida de biodiversidad hasta 2030.
En este escenario, las organizaciones indígenas y ambientales plantean que los conocimientos tradicionales, las innovaciones y las prácticas de sus comunidades sean reconocidos en las estrategias de conservación y que sus representantes tengan incidencia en las decisiones que afectan sus territorios.
El 20 de octubre, un evento de la Presidencia de la COP17 abordó el aporte de estos conocimientos a la conservación de la biodiversidad y al uso sostenible de los recursos naturales.
Las discusiones destacaron el valor del conocimiento ecológico tradicional como fuente de información que complementa los datos científicos y la importancia de involucrar a las comunidades en la elaboración y aplicación de estrategias nacionales, para cumplir las metas mundiales de biodiversidad.
Las negociaciones de la COP17 tienen entre sus principales desafíos, concretar la movilización de USD 200.000 millones anuales, para financiar la biodiversidad antes de 2030.
Youtopia
El artículo 8(j) y la participación indígena
Uno de los asuntos centrales de la conferencia es la aplicación del artículo 8(j) del Convenio sobre la Diversidad Biológica.
Esta disposición establece compromisos para respetar, preservar y mantener los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de los pueblos indígenas y las comunidades locales que contribuyen a la conservación y al uso sostenible de la biodiversidad, así como promover su aplicación con la aprobación y participación de quienes los poseen y fomentar una distribución equitativa de los beneficios derivados de su utilización.
En la COP16, celebrada en Cali, Colombia, en 2024, los países acordaron establecer un órgano subsidiario permanente dedicado a los pueblos indígenas y las comunidades locales. La decisión abrió un espacio institucional específico dentro del Convenio, pero dejó pendiente la definición de sus métodos de trabajo.
En la COP17, las negociaciones incluyen precisamente esos procedimientos y las condiciones para garantizar una representación efectiva.
En un comunicado difundido el 19 de octubre de 2026, Wildlife Conservation Society (WCS) pidió que el nuevo órgano funcione con estándares internacionales de derechos humanos y permita un verdadero coliderazgo con los gobiernos, en lugar de una participación meramente simbólica.
La organización también solicitó que los pueblos indígenas y las comunidades locales tengan una participación plena, equitativa y efectiva en la toma de decisiones sobre conservación.
Territorios indígenas y conservación del 30% del planeta
La protección territorial es otro de los asuntos planteados por las organizaciones indígenas y ambientales. Sus demandas incluyen el reconocimiento de los territorios tradicionalmente poseídos, ocupados o utilizados por estas comunidades y de sus sistemas propios de gobernanza.
El Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal establece como una de sus metas conservar al menos el 30% de las zonas terrestres y de aguas continentales, así como de las zonas costeras y marinas, para 2030. La COP17 revisa los avances hacia este y los demás objetivos acordados.
WCS pidió que los territorios indígenas y de las comunidades locales sean considerados en las estrategias de conservación, de conformidad con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y las normas internacionales de derechos humanos.
El comunicado oficial también se refiere a la protección de los defensores ambientales y de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario.
Para estos últimos, la organización planteó aplicar los principios de no contacto, intangibilidad y precaución, además de establecer zonas de exclusión, suspender la concesión de permisos y detener actividades extractivas que puedan afectar sus territorios.
Youtopia
Acceso directo a los fondos de conservación
El financiamiento es otra de las cuestiones que las organizaciones buscan impulsar en la cita de Ereván.
El Marco Mundial de Biodiversidad plantea movilizar al menos 200.000 millones de dólares anuales para 2030, provenientes de todas las fuentes, e incrementar los recursos internacionales destinados a los países en desarrollo.
Entre los mecanismos vinculados con este objetivo está el Fondo de Cali, creado en el marco de la COP16, para distribuir parte de los beneficios derivados del uso comercial de información digital sobre secuencias genéticas de recursos naturales.
El esquema contempla que al menos el 50% de los recursos del Fondo se destine a pueblos indígenas y comunidades locales.
Las organizaciones reclaman, además, mecanismos que permitan que los recursos lleguen directamente a instituciones y entidades administradas por las propias comunidades.
El acceso directo al financiamiento ya había sido uno de los temas pendientes de la COP16 de Cali. En aquella ocasión, las negociaciones sobre los mecanismos financieros no concluyeron, y las organizaciones señalaron la necesidad de contar con procedimientos accesibles, transparentes y que reduzcan la intermediación.
Amazonía y protección de especies amenazadas
La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) también participa en las discusiones sobre el reconocimiento de los saberes ancestrales y los derechos territoriales.
La COICA sostiene que proteger la biodiversidad exige reconocer los derechos territoriales y garantizar la participación efectiva de los pueblos indígenas en las decisiones.
En el marco de la COP17, Armenia y Colombia presentaron un proyecto denominado Coalición de Acción para la Recuperación de Especies Amenazadas (CARES).
Esta iniciativa internacional está destinada a evitar la extinción de especies y promover su recuperación en sus hábitats naturales. La alianza cuenta con la participación fundadora de 16 países, entre ellos Brasil, Canadá, China, México y Perú.
La COP17 se desarrolla hasta el 30 de octubre de 2026 en Armenia, con la revisión de los avances colectivos en la aplicación del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal y las negociaciones sobre los mecanismos para cumplir sus metas de 2030.
