Pérdidas de energía encarecen y debilitan el sistema eléctrico en América Latina
Las pérdidas de energía en América Latina alcanzan niveles críticos y superan el promedio global. La mejora en la calidad de los datos es una opción.
Las pérdidas de energía eléctrica —especialmente aquellas no técnicas, vinculadas a fraude, conexiones ilegales o fallas en la medición o facturación— se han consolidado como uno de los principales problemas estructurales del sector eléctrico en América Latina y el Caribe.
Más allá de un asunto técnico, se trata de un fenómeno con profundas implicaciones económicas y sociales, que impacta directamente en la calidad del servicio y en el costo que asumen los usuarios.
Un reciente estudio elaborado por la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olacde), junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica Latinoamericana (Adelat) y la Universidad de Chile, revela que en la región se pierde en promedio el 17% de la energía generada.
Se trata de una cifra que triplica los niveles de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde las pérdidas rondan el 6%.
"La electricidad que se pierde equivale a toda la generación de Argentina o a dos veces la de Chile". Andrés Rebolledo, secretario ejecutivo Olacde.

Un problema generalizado y costoso
La magnitud del problema es significativa. Solo en 2019, las pérdidas por encima del umbral considerado eficiente (10%) alcanzaron los 120 teravatios-hora (TWh), equivalente al consumo anual de varios países de la región.
El fenómeno no es homogéneo. Mientras algunos países muestran avances, otros enfrentan situaciones críticas:
- En Ecuador, las pérdidas no técnicas alcanzan el 9,3%, frente a un 6,3% de pérdidas técnicas.
- Honduras registra niveles alarmantes de hasta el 36% de pérdidas totales.
- Brasil mantiene un 14% de pérdidas, con más de 40 TWh asociados a pérdidas no técnicas.
- Argentina se mueve entre el 15% y 18%, con fuerte incidencia en zonas urbanas vulnerables.
En total, 22 de los 26 países analizados en el Estudio Recuperando Energía Innovación y Estrategias para la Gestión de Pérdidas No Técnicas en América Latina y el Caribe, superan el umbral del 10%, lo que confirma que se trata de un desafío regional persistente.

Más que tecnología: un enfoque integral
El informe destaca que, si bien la tecnología es un elemento clave —como la telemedición o el uso de analítica de datos—, no es suficiente por sí sola.
La reducción sostenible de pérdidas requiere una estrategia integral basada en tres pilares:
1. Detección y localización
El uso de balances energéticos y análisis de datos permite identificar con mayor precisión dónde ocurren las pérdidas, sustituyendo las inspecciones aleatorias por intervenciones focalizadas.
2. Desincentivo y control del fraude
Incluye el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica (redes antifraude), la fiscalización efectiva y el aumento del costo de incurrir en irregularidades.
3. Regularización e inclusión
Busca integrar a usuarios en situación irregular mediante esquemas de pago flexibles y políticas que reconozcan contextos de vulnerabilidad social.

El límite del enfoque punitivo
Uno de los hallazgos más relevantes es que las estrategias exclusivamente coercitivas tienen un alcance limitado.
En sectores donde predominan la informalidad y la pobreza, el fraude eléctrico suele ser una consecuencia de la exclusión social, más que una conducta deliberada. Por ello, los expertos recomiendan diferenciar entre:
- Fraude oportunista, que requiere medidas técnicas y sancionatorias.
- Irregularidad por necesidad, que demanda soluciones sociales y coordinación con autoridades locales.
Claves para una gestión efectiva
El estudio propone varias recomendaciones para lograr resultados sostenibles:
- Convertir el control de pérdidas en una función permanente dentro de las empresas distribuidoras.
- Mejorar la calidad de los datos antes de implementar herramientas avanzadas de análisis.
- Reducir riesgos de corrupción mediante rotación de personal y equipos especializados.
- Impulsar incentivos regulatorios que premien la eficiencia.
- Integrar políticas públicas que permitan formalizar asentamientos urbanos.
Impacto directo en los usuarios
Las pérdidas eléctricas no solo afectan a las empresas. También tienen consecuencias directas para los consumidores: encarecen las tarifas, limitan las inversiones en infraestructura y reducen la calidad del servicio.
Además, representan energía ya producida —con costos económicos y ambientales— que no genera valor, lo que agrava la presión sobre los sistemas eléctricos y las finanzas públicas.
Aunque el panorama es complejo, el informe subraya que existen experiencias exitosas en la región. Países que han implementado metas nacionales, planes sectoriales y mecanismos de reconocimiento tarifario han logrado avances significativos.
La conclusión es clara: reducir las pérdidas no técnicas no es solo una necesidad operativa, sino una inversión estratégica para garantizar sistemas eléctricos más justos, eficientes y sostenibles.

Las redes eléctricas, en el debate regional
En medio de este escenario de ineficiencias y desafíos estructurales, el debate sobre el futuro del sistema eléctrico regional tomará protagonismo en ADELATAM 2026, la Conferencia de Distribución Eléctrica de América Latina, que se realizará el 20 y 21 de mayo en Buenos Aires.
El encuentro, organizado por Adelat, reunirá a más de 300 actores clave del sector —incluyendo empresas, reguladores, organismos multilaterales e inversionistas— para analizar el papel estratégico de las redes en la transición energética.
El evento abordará temas como la digitalización de la red, la implementación de tecnologías inteligentes (Smart Grids), la resiliencia frente a eventos climáticos y la evolución de los marcos regulatorios.
Estos factores son considerados esenciales para reducir pérdidas, mejorar la eficiencia y garantizar un suministro eléctrico más sostenible.