Inés Manzano, la ambientalista que se volvió fusible de la crisis eléctrica

Ayudó al Gobierno en su modelo de extracción y, pese a haber trazado estrategias y planes ambientales, avanzó poco con las energías limpias y se enredó con las convencionales

Inés Manzano, la ambientalista que se volvió fusible de la crisis eléctrica
Inés Manzano, ya ministra de Ambiente y Energía, estuvo en la COP30, en Belém do Pará, en noviembre de 2025.

Por Marco Arauz

La ministra saliente Inés Manzano aceptó ser la protagonista de la discutible fusión entre los ministerios de Ambiente y de Energía (MAE) en 2025, y apoyó el andamiaje legal para el modelo energético del Gobierno.

Pero pese a ser una de las funcionarias más empoderadas y tener un alto perfil mediático, le tocó asumir su papel de fusible gubernamental por los incumplimientos en la generación convencional de electricidad.

De hecho, su salida del superministerio, el 30 de abril de 2026, se dará en medio de contratos energéticos que siguen sin ser explicados, cortes de energía no aclarados y la sombra de la severa crisis eléctrica de 2024.

Apenas la semana pasada promovió personalmente el dique construido para tratar de salvaguardar la captación de agua de la más importante central hidroeléctrica del país, Coca Codo Sinclair, y defendió la decisión de recibir la obra.

Mientras el frente energético se le iba poco a poco de las manos, desde Ambiente puso en el papel varias estrategias y planes ambientales para cumplir las expectativas a escala internacional y local.

Entre otras, se pueden mencionar las Estrategias Nacionales de Biodiversidad y Plan de Acción 2025-2030, de diciembre de 2025, y de Economía Circular (2025-2035), lanzada en 2026 en pro de un modelo productivo sostenible e inclusivo.

Están también las Estrategias de Acción para el Empoderamiento Climático 2026-2035, “para proporcionar a la ciudadanía conocimientos y herramientas necesarios para adaptarse al cambio climático y reducir riesgos” y la de Sostenibilidad Financiera del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). 

Asimismo, el Ministerio a su cargo presentó en enero de 2026 la Política de Educación Ambiental 2026, con ejes Agua y Océano, Patrimonio Natural, Calidad Ambiental y Cambio Climático, enfocada en la sostenibilidad y la cultura ecológica.

Esta red de estrategias y planes, que atiende a los compromisos internacionales adquiridos en las Cumbres sobre clima y ambiente, también guarda relación con los ajustes que exigen los multilaterales para los planes de cooperación.

Con las tareas al día, es más fácil para Ambiente (y Energía) participar e incidir en planes locales con fondos internacionales como los de los corredores ambientales o el proyecto para reparar los manglares en el Golfo de Guayaquil.

Un funcionario de Ambiente que pidió la reserva cita que los fondos para proyectos ambientales en el último quinquenio llegarían a USD 2.000 millones. Los canjes de deuda por ambiente son importantes y el Fondo Verde Internacional está muy activo.

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La incidencia política

Otro resultado de la proactividad de Manzano -que en el campo internacional se debe no solo a su apersonamiento sino, entre otros factores, al funcionamiento del área de Cooperación Internacional del MAE- se ha sentido en la política interna.

El Gobierno logró con su mayoría legislativa la aprobación de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía el 26 de febrero de 2026, un paso clave para apuntalar la minería al reemplazar la licencia ambiental por la autorización ambiental.

En la Ley Orgánica Reformatoria del COOTAD, que busca "reglas fiscales de sostenibilidad y racionalidad del gasto para los GAD", Inés Manzano incidió a través del Viceministerio del Agua.

Los GAD deberán destinar al menos el 70% del presupuesto codificado de egresos no financieros a inversión, buscando priorizar servicios públicos -como la dotación de agua potable y alcantarillado- y mantenimiento.

La Ley de Áreas Protegidas, también aprobada por la Asamblea, da paso a la creación de un fideicomiso que está en trámite. En el debate hubo polémica porque esta ley es ambigua y podría permitir exploración y explotación minera.

Otra de las leyes que giró en torno a la sostenibilidad es la de vivienda social, en la cual se mencionan los riesgos climáticos y desastres, pero no hay un asomo de planificación sobre esos temas.

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Las reformas al Código del Ambiente, que daba paso a la incursión de Ecuador en los mercados de carbono, fueron vetadas totalmente. Transcurrido un año del veto total, en la Asamblea se retomó el tema.

En agenda está una ley de energía atómica. Se anunció en octubre del 2025 y su envío a la Asamblea sigue pendiente. El proyecto que sí se envió hace pocos días es el de las olas rompientes.

Un tema polémico de la gestión de Manzano se refiere a la suspensión de operaciones petroleras en el bloque 43. Creó una comisión para que ejecute esos resultados de la consulta popular. Es posible que deje el cargo sin presentar los avances.

También el impacto del tema ambiental lo han sentido, desde el primer período, los gobiernos seccionales no afines al Gobierno. El Municipio de Quito se queja, por ejemplo, del cambio del cobro de la tasa de recolección de basura de la factura de la electricidad a la de agua potable.

“Fue una decisión irresponsable, unilateral, que el Gobierno tomó para atacar a la administración municipal. Apenas 42 municipios  fueron notificados", dijo en su momento Santiago Sandoval, secretario de Ambiente de Quito.

También el Cabildo ha sentido la acción de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, fruto del Quinto Poder creado por la Constitución del correísmo, en temas como el permiso de construcción, dado por la anterior administración, para un edificio en una zona de riesgo.

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Conservación vs extractivismo

Manzano deja abierta la discusión sobre cuán posible es reconciliar en un ministerio la conservación ambiental y la explotación de recursos, un tema que desde luego atañe más a una visión de un gobierno que de un ministro.

El ejemplo de Costa Rica que en su momento propuso Manzano para fusionar ambas carteras e integrar la gestión ambiental con el desarrollo energético y minero para destrabar permisos, no es el mejor.

Ese país tiene recursos petroleros pero mantiene una moratoria a la exploración y explotación, vigente hasta 2050, precisamente para proteger el medio ambiente. En cuanto a minería metálica a cielo abierto, tiene prohibiciones desde 2010.

En lo que sí existen parecidos entre los dos países es que la nación centroamericana enfrenta una grave crisis de minería ilegal de oro, especialmente en Crucitas, en la frontera con Nicaragua.

Las energías limpias también necesitan minería, y Ecuador tiene planes de energías alternativas; en su agenda incluso está la energía nuclear. Pero, en la práctica, las trabas para quienes quieren emprender en energías alternativas no se han despejado y la producción es casi nula.

De cualquier modo, es dudoso que, tras la salida de la ambientalista que se fundió con los problemas energéticos, el gobierno de Noboa dé marcha atrás en su afán de manejar desde el mismo despacho la conservación y la extracción.