Ecuador unifica reglas para conservar la Amazonía

El Ministerio de Ambiente y Energía aprobó lineamientos para estandarizar la gestión de seis mecanismos de conservación en la Amazonía ecuatoriana.

Ecuador unifica reglas para conservar la Amazonía
El Ministerio de Ambiente aprobó los 'Lineamientos Generales y Específicos para las Herramientas de Gestión de los Mecanismos de Conservación In Situ en la Amazonía Ecuatoriana'. Foto: río Puyo, Youtopía Ecuador

El Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) aprobó nuevos lineamientos para estandarizar las herramientas de gestión de seis mecanismos de conservación in situ en la Amazonía ecuatoriana, dentro del modelo de gestión Biocorredor Amazónico.

La normativa establece criterios técnicos comunes, disposiciones para proteger los derechos colectivos y plazos de hasta un año para integrar la información de estas áreas y mecanismos de conservación.

La medida consta en la Resolución Nro. MAE-SPN-2026-0001-RM, emitida el 30 de octubre de 2026 y publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial Nro. 410, el 16 de noviembre de 2026.

La resolución establece los Lineamientos Generales y Específicos para las Herramientas de Gestión de los Mecanismos de Conservación In Situ en la Amazonía Ecuatoriana.

Su aplicación comprende seis mecanismos: el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), los Corredores de Conectividad Ecológica (CCE), las Otras Medidas Eficaces de Conservación Basadas en Áreas (OMEC), el Proyecto Conservación de Bosques (PCB), los Bosques y Vegetación Protectores (BVP) y las Áreas de Protección Hídrica (APH).

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Biocorredor Amazónico como modelo de gestión territorial

El Biocorredor Amazónico es el marco territorial y político sobre el cual se sustenta esta normativa.

Fue dispuesto mediante el Decreto Ejecutivo Nro. 859, del 5 de septiembre de 2023, y posteriormente instrumentalizado a través del Acuerdo Ministerial Nro. MAATE-MAATE-2024-0069-A, del 4 de noviembre de 2024.

Este modelo plantea una gestión coordinada para toda la Amazonía ecuatoriana, mediante políticas públicas orientadas a la gobernanza y al manejo sostenible de los paisajes naturales terrestres y de agua dulce.

Entre sus objetivos están proteger y restaurar los ecosistemas, mantener la conectividad ecológica y promover medidas de adaptación y mitigación frente al cambio climático.

También contempla impulsar actividades económicas sostenibles basadas en los recursos biológicos, desarrollar soluciones para la descarbonización y fortalecer las capacidades de las comunidades amazónicas para liderar procesos de conservación en sus territorios.

El modelo busca una Amazonía conectada y resiliente, en la que la conservación de la naturaleza contribuya a la prosperidad social, el mantenimiento de los medios de vida de las comunidades locales, la preservación de sus culturas y la regulación del clima.

El Biocorredor no reemplaza las figuras jurídicas de conservación existentes, como las áreas protegidas o los bosques protectores. Su planteamiento es articularlas a escala de paisaje, respetando las competencias y particularidades administrativas de cada mecanismo y promoviendo el intercambio de información y capacidades.

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La normativa responde a compromisos del canje de deuda

La actualización de los lineamientos forma parte de los compromisos asumidos por Ecuador en el Contrato de Compromisos de Conservación suscrito con The Nature Conservancy en diciembre de 2024, en el marco de la operación de canje de deuda por conservación.

En particular, la resolución da cumplimiento al Hito de Conservación Nro. 5, que establecía como fecha límite el 1 de noviembre de 2026 para actualizar estos instrumentos.

Según los antecedentes técnicos recogidos en la normativa, un diagnóstico previo identificó diferencias entre las herramientas utilizadas por los distintos mecanismos de conservación, así como vacíos en la articulación territorial y desafíos relacionados con el monitoreo y la sostenibilidad financiera.

Los nuevos lineamientos buscan establecer requisitos mínimos y criterios técnicos, tanto generales como diferenciados, para la formulación, oficialización, implementación, evaluación y actualización de las herramientas de gestión.

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Derechos colectivos y acceso a la información

La resolución establece que los lineamientos tienen carácter complementario y no crean nuevas categorías de conservación, ni modifican las competencias de las instituciones públicas responsables de cada mecanismo.

En el caso de las Áreas de Protección Hídrica, por ejemplo, se mantienen las atribuciones de la Autoridad Única del Agua. Además, los planes e instrumentos de gestión que ya fueron aprobados conservarán su vigencia y deberán adecuarse cuando corresponda su revisión.

Otro de los aspectos contemplados es la protección de los derechos individuales y colectivos de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. Las herramientas de gestión deberán incorporar su participación y las respectivas salvaguardas.

En materia de transparencia, la normativa dispone que las versiones públicas de los instrumentos de gestión estén disponibles para consulta.

Sin embargo, establece restricciones para divulgar datos personales, conocimientos ancestrales, sitios culturalmente sensibles o información cuya difusión pueda poner en riesgo a determinadas especies y ecosistemas.

La resolución también contempla la identificación de fuentes de financiamiento para las actividades de conservación.

No obstante, aclara que su inclusión en los planes no genera obligaciones presupuestarias automáticas para el Estado, los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) o las comunidades. La ejecución de recursos deberá cumplir los procedimientos legales correspondientes.

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Cuatro plazos para implementar los lineamientos

La normativa establece cuatro plazos de cumplimiento, contados desde su publicación en el Registro Oficial, para desarrollar las acciones institucionales y operativas.

El primero es de tres meses. En ese período, las subsecretarías competentes deberán realizar una revisión técnica para identificar las necesidades de adecuación operativa y de interoperabilidad de los mecanismos de conservación.

En un plazo de seis meses deberán cumplirse tres acciones: consolidar el Inventario Integrado de Mecanismos de Conservación In Situ, publicar las versiones públicas de las herramientas de gestión vigentes en las plataformas institucionales e instalar una Mesa Territorial Piloto en la Amazonía.

A los nueve meses deberán ejecutarse las adecuaciones técnicas y operativas prioritarias identificadas durante la revisión inicial.

Finalmente, en el plazo de un año, el Ministerio deberá habilitar un mecanismo institucional de consulta integrada, de carácter informativo, que permita visualizar la ubicación, los instrumentos jurídicos y el estado de vigencia de los seis mecanismos de conservación comprendidos en el Biocorredor Amazónico.

La resolución también dispone promover la conformación de Mesas Territoriales con participación de los GAD y otros actores locales. Estos espacios deberán articularse con las instancias de coordinación existentes para evitar duplicaciones institucionales.