Defensa recupera 22.600 hectáreas que iban al Ministerio de Ambiente
Cinco predios que iban a ser transferidos a la Cartera de Ambiente regresarán a la custodia de Defensa. Esos acuerdos fueron de 2013 y 2014, y no se concretaron.
El Ministerio de Defensa Nacional recuperará la custodia y administración de unas 22.600 hectáreas (ha), que hace más de una década estaban destinadas a ser transferidas al Ministerio del Ambiente, durante el gobierno de Rafael Correa.
Tres terrenos, ubicados en Pastaza, formaban parte de acuerdos suscritos en 2014 para fortalecer la gestión ambiental en zonas remotas de la Amazonía.
A esos predios se suman otros dos inmuebles incluidos en la misma decisión: isla La Esperanza, en Guayas, y un terreno de 3.174,75 metros cuadrados en la provincia de Orellana, que había sido destinado a la construcción de un puesto de control forestal y de vida silvestre.
La recuperación de los bienes fueron incluidos en acuerdos interministeriales entre las Carteras de Defensa y Ambiente y Energía, y una resolución publicados el 30 de septiembre de 2026, en el Registro Oficial Nº 380.
Los documentos dejan sin efecto las transferencias gratuitas acordadas entre 2013 y 2014, y disponen que los terrenos regresen a la custodia y administración de las Fuerzas Armadas.
La decisión se tomó después de que informes e inspecciones determinaran que los traspasos no habían llegado a perfeccionarse.
Tampoco se ejecutaron varias de las actividades y obras que originalmente justificaron la entrega de los terrenos al Ministerio del Ambiente de la época.
Las 22.600 ha de los terrenos de Pastaza equivalen a unas 15 veces toda la superficie del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, en Tababela.
Los bienes fueron destinados a fines ambientales
Los documentos que dieron origen a las transferencias permiten conocer qué se pretendía hacer con cada inmueble.
En el caso de Isla La Esperanza, el acuerdo suscrito en 2013 establecía que el terreno sería utilizado para "desarrollar proyectos destinados al manejo sostenible de los recursos naturales". Su ubicación, en el entorno del Estero Salado, estaba relacionada con actividades de conservación y control ecológico del ecosistema de manglar.
Ese acuerdo fue firmado por Miguel Carvajal Aguirre, entonces ministro de Defensa Nacional, y Marcela Aguiñaga Vallejo, quien estaba al frente del Ministerio del Ambiente.
En Orellana, la finalidad era más concreta. El terreno asignado a la Brigada de Selva N.º 19 Napo, debía servir para construir un puesto de control forestal y de vida silvestre. La infraestructura buscaba reforzar la vigilancia institucional en una zona vinculada con los ríos Napo y Coca, y apoyar las acciones contra el tráfico ilegal de madera y fauna.
Los tres predios de Pastaza respondían a una finalidad ambiental, vinculada con la gestión de territorios amazónicos estratégicos.
Ceilán, Lorocachi y Pavacachi habían sido espacios bajo administración militar y su transferencia estaba relacionada con el fortalecimiento de la presencia y el monitoreo ambiental en sectores remotos.
En Ceilán, el objetivo estaba relacionado con la conservación del Parque Nacional Yasuní.
En Lorocachi y Pavacachi, los antecedentes de las transferencias contemplaban actividades de monitoreo ambiental y biodiversidad, en sectores asociados a cuencas hidrográficas amazónicas, entre ellas la del río Curaray.
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Los acuerdos de 2014 firmados por Espinosa y Tapia
Las transferencias de los tres predios de Pastaza y del terreno de Orellana se acordaron el 12 de septiembre de 2014.
En ese momento, María Fernanda Espinosa era ministra de Defensa Nacional y Lorena Tapia Núñez estaba al frente del Ministerio del Ambiente. Ambas autoridades firmaron los documentos que establecieron la "transferencia gratuita de los inmuebles".
El proceso requería completar trámites para formalizar el cambio de dominio, entre ellos la inscripción de los terrenos y la documentación de entrega entre las instituciones.
Esos procedimientos no llegaron a completarse, según los informes que sustentan las decisiones adoptadas en 2026.
Los ministros que participaron en la firma de los acuerdos durante el gobierno de Rafael Correa, en orden desde la primera fotografía: Marcela Aguiñaga, Lorena Tapia, María Fernanda Espinosa y Miguel Carvajal. Fotos: archivos ministerios de Ambiente y Defensa
Los traspasos quedaron inconclusos
Las inspecciones realizadas en 2025 y 2026 determinaron que no se habían completado varios de los pasos necesarios para perfeccionar las transferencias.
Entre las actuaciones pendientes estaban la elaboración e inscripción de las escrituras correspondientes, el registro del dominio en los Registros de la Propiedad y las actas de entrega-recepción contables.
Por eso, los nuevos documentos no describen la devolución de terrenos que hubieran sido transferidos plenamente al Ministerio del Ambiente. Lo que hacen es dejar sin efecto los acuerdos que habían dispuesto esas entregas gratuitas.
La revisión también determinó que varios de los proyectos asociados con los predios no llegaron a ejecutarse.
Con esos antecedentes, la autoridad ambiental concluyó que no existía una necesidad institucional que justificara mantener las transferencias en los casos analizados.
El puesto de control de Orellana no se construyó
El terreno destinado a la Brigada de Selva N.º 19 Napo es el caso en el que la inviabilidad del proyecto quedó relacionada directamente con las características físicas del predio.
El lote está ubicado en el cantón Francisco de Orellana, parroquia El Dorado. Durante la época lluviosa, parte del terreno se convierte en humedal.
La construcción del puesto de control habría requerido intervenir esas condiciones y secar el área, lo que implicaría un costo económico elevado. El informe técnico determinó que la obra no era viable.
Por ello, el terreno vuelve a la custodia de Defensa y el proyecto de construcción queda descartado.
Ceilán está dentro del Parque Nacional Yasuní
Los tres predios de Pastaza están ubicados en el cantón Arajuno, parroquia San José de Curaray, pero tienen diferentes condiciones ambientales.
Ceilán, con 10.000 hectáreas, se encuentra dentro del Parque Nacional Yasuní y forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
El retorno del predio a la administración de Defensa no modifica esa condición. Los documentos de 2026 señalan que su conservación, administración y uso continúan sujetos al régimen jurídico aplicable al Parque Nacional Yasuní.
Lorocachi, con 6.600 ha, y Pavacachi, con 6.000 ha, tienen una situación distinta. Según los informes técnicos, ninguno de los dos forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas ni de otros mecanismos o espacios de conservación de interés estratégico, identificados por el actual Ministerio de Ambiente y Energía.
Los antecedentes de las transferencias vinculaban estos terrenos con actividades de monitoreo ambiental y biodiversidad en zonas remotas de la Amazonía.
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Isla La Esperanza también vuelve a Defensa
Isla La Esperanza está ubicada en el cantón Guayaquil. Su transferencia al Ministerio del Ambiente había sido acordada en febrero de 2013.
El predio está delimitado mediante coordenadas geográficas y linderos naturales, pero el documento oficial no establece una superficie expresada en hectáreas.
El informe técnico determina que la isla no forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, ni de otros mecanismos de conservación ambiental identificados por la autoridad.
El terreno había sido destinado a proyectos de manejo sostenible de los recursos naturales y a actividades de conservación relacionadas con el ecosistema de manglar del Estero Salado.
Con la derogación del acuerdo original, el inmueble vuelve a la custodia y administración de Defensa.
Los instrumentos que dejan sin efecto las transferencias fueron suscritos en 2026 por Gian Carlo Loffredo Rendón, ministro de Defensa Nacional, y Juan Carlos Damián Blum Baquero, ministro de Ambiente y Energía.
Qué establecen ahora los documentos
Los acuerdos y la resolución publicados en el Registro Oficial del 30 de septiembre de 2026, disponen que los cinco inmuebles regresen a la custodia y administración de las Fuerzas Armadas correspondientes.
En los documentos no se anuncian nuevos proyectos de infraestructura u operaciones militares, para los terrenos de Pastaza o para Isla La Esperanza.
En Orellana queda descartada la construcción del puesto de control forestal y de vida silvestre debido a las condiciones de inundabilidad del terreno.
En Ceilán se mantiene la aplicación del régimen jurídico del Parque Nacional Yasuní, debido a su ubicación dentro del área protegida.
Para Lorocachi, Pavacachi e Isla La Esperanza, las disposiciones se concentran en dejar sin efecto las transferencias anteriores y restablecer la custodia y administración de Defensa.
De esta manera, los documentos publicados el 30 de septiembre de 2026 dejan sin efecto cinco procesos de transferencia, iniciados entre 2013 y 2014.
