El uso y aprovechamiento del agua entra de nuevo en el debate público
Redacción Youtopía
El debate acerca de uno de los principales recursos con los que cuenta el Estado ecuatoriano vuelve al escenario público.
Se trata de la denominada Ley Orgánica de Recursos Hídricos. Este cuerpo legal (vigente desde 2014) fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional (CC), el 12 de enero de 2022.
La CC determinó que la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua y su reglamento eran inconstitucionales, con base en una demanda planteada por la Conaie.
La organización indígena presentó, en el 2015, una demanda de inconstitucionalidad. Reclamaba que ni la Asamblea ni el Gobierno habían cumplido debidamente con consultar el texto de la ley a las comunidades indígenas que se podían ver afectadas.
En la sentencia, la CC determinó el plazo de un año al Ejecutivo y al Legislativo, para la elaboración de la nueva ley de gestión integrada de los recursos hídricos.
Este 29 de marzo de 2023, tanto el Ejecutivo como la Confederación de la Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), presentaron iniciativas legales relacionadas con el agua.
El Gobierno presentó un anteproyecto con más de 200 artículos
La propuesta del Ejecutivo cuenta con más de 200 artículos y fue elaborada por unos 10.000 representantes de 4.815 organizaciones sociales e instituciones.
Así lo informó el Ministerio de Ambiente, e indicó que para la elaboración del contenido de la propuesta se realizaron 51 eventos en el país.
El presidente Lasso, en un acto celebrado en Latacunga, detalló que es una responsabilidad conjunta proteger, conservar y preservar las fuentes naturales de agua.
“Para beneficio de todos, trabajamos para tener una buena gestión y administración del agua; queremos un agua de calidad, que se la use de manera inclusiva y con responsabilidad”, dijo.
El anteproyecto de ley establece claramente la no privatización del agua, señaló el ministro de Ambiente, Gustavo Manrique.
Explicó que la propuesta contempla un sistema de incentivos económicos honoríficos para las buenas prácticas de la gestión del recurso hídrico. Además, dijo, considera la intervención directa de las mujeres en decisiones sobre el uso del agua, entre otros aspectos.
Ley Intercultural para la Gestión Integral del Agua y sus Usos
La Conaie y otras organizaciones indígenas como Ecuarunari, Conaise, Confeniae, así como representantes de juntas del agua presentaron en la Asamblea, el denominado proyecto de Ley Intercultural para la Gestión Integral del Agua y sus Usos.
El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, explicó que el proyecto prevé la integración de un Consejo Plurinacional del Agua, “para que vigile y demande las políticas sobre el tema”.
“No es posible que el agua salga cristalina de los páramos y por causa de las empresas y las industrias los cauces se contaminen por los desechos”, afirmó el dirigente.
De acuerdo con un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), una de cada tres personas no puede acceder al agua potable salubre.
“Son datos alarmantes. Por eso estamos exigiendo la aprobación de este proyecto de Ley, para tener este servicio básico y garantizar el acceso y la conservación del agua”, manifestó la asambleísta de Pachakutik, Dina Farinango.
Tres acuerdos para proteger el recurso hídrico y su conservación
El Maate, a través de PROAmazonía, presentó los resultados y experiencias obtenidas de los Fondos de Agua: Fonag, Fonapa y Foragua, en la ejecución e implementación de Planes de Acciones y medidas REDD+, para proteger el recurso hídrico y la conservación de ecosistemas.
Estas acciones contribuyeron a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en zonas prioritarias. Estas corresponden a: Pichincha, Napo, Azuay, Cañar, Morona Santiago, Loja y Zamora Chinchipe.
La vigencia de los tres convenios fue de seis años (2017-2023). Entre sus principales acciones implementadas se destacan: la declaratoria de áreas de conservación mediante ordenanzas municipales y acuerdos comunitarios para su control y vigilancia.
Además, el fortalecimiento de capacidades y educación ambiental. También, la investigación y monitoreo de servicios ecosistémicos; la restauración de áreas degradadas y el fomento de actividades productivas sostenibles.
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