'Aguas residuales sin tratamiento: el mayor pasivo ambiental del país'
Pablo Lloret alerta sobre la débil institucionalidad del agua en Ecuador. Advierte que el cambio climático amenaza la sostenibilidad del recurso.
El Director Ejecutivo de la Fundación Futuro Latinoamericano, Pablo Lloret, alerta sobre la débil institucionalidad del agua en Ecuador.
Señala que el cambio climático, junto con la falta de tratamiento de las aguas residuales, pone en riesgo la sostenibilidad del recurso hídrico en el país.
Para enfrentar este desafío, plantea fortalecer la gestión técnica y garantizar el cumplimiento efectivo de las leyes existentes.
En el marco del Cuarto Foro de los 1.000 Primeros Días, donde el agua fue presentada como un factor clave para reducir la desnutrición crónica infantil, Lloret participó como ponente y conversó con Youtopía sobre los principales retos de la gobernanza hídrica en Ecuador.
¿Cómo está la salud del agua en Ecuador?
Antes teníamos una Secretaría del Agua (Senagua) con rango similar a una Secretaría de Estado, como ocurre en otros países de la región.
Eso cambió cuando Senagua fue absorbida por el Ministerio de Ambiente, y más tarde, cuando este se fusionó con Energía. Hoy lo han denominado el Ministerio de Ambiente y Energía.
En la práctica, el sector del agua quedó sub, subrepresentado en el sistema de gestión nacional, y eso genera muchos problemas.
“El sector del agua está subrepresentado en la gestión nacional, y eso genera muchos problemas”.
¿Por qué es tan grave esa falta de representación?
Porque no se trata solo de la gestión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). Hay que preguntarse quién los controla, quién autoriza los derechos de uso del agua.
Una de las principales causas de conflicto en el país es precisamente el agua: se sobreautoriza y se sobreconcesiona.
Si a dos comunidades les dan diez concesiones a cada una, pero el río solo tiene agua para cinco, se van a enfrentar por ella.
Además, la Agencia de Regulación y Control del Agua está sobrepasada; no puede fiscalizar adecuadamente ni el servicio de agua potable, ni el riego, ni los usos industriales o energéticos.
En ese contexto y en medio del debate entre conservación y minería, a propósito de Quimsacocha, ¿cómo están nuestras fuentes de agua?
Si miramos a la región, Colombia, por ejemplo, tiene una ley estricta que prohíbe intervenir en zonas de páramo.
La gente quiere conservar los páramos porque son los que captan, almacenan y distribuyen el agua de forma natural.
En Ecuador, en cambio, no existe una verdadera voluntad de conservar las fuentes hídricas.
Pero existe la consulta previa y actualmente se trata en la Asamblea Nacional una propuesta de ley para proteger los páramos…
El problema no es la falta de leyes, sino que no las cumplimos. En Ecuador creemos que al aprobar una ley el problema está resuelto, pero no es así.
Lo que necesitamos es que las instituciones y los ciudadanos cumplan las normas que ya existen. No hacen falta más leyes; hay que cumplir las que tenemos.
“No necesitamos más leyes sobre el agua; necesitamos cumplir las que ya tenemos”.

Si a los desafíos del entorno institucional y la presión por la minería se añade la incidencia del clima, ¿ya se sienten los efectos del cambio climático en nuestras fuentes de agua?
Sí. El año pasado tuvimos meses de estiaje muy duros, con desabastecimiento de agua, incluso en ciudades como Cuenca, Quito o Ambato.
También hubo inconvenientes por los racionamientos de energía. Este año la situación mejoró, pero nada garantiza que no se repita.
El cambio climático ha concentrado las lluvias: ahora tenemos inundaciones y sequías más extremas.
Lo que sí está en nuestras manos es mejorar los sistemas de agua potable y riego, y lograr que los políticos respeten la planificación técnica, mientras los técnicos entienden el contexto político.
¿Además, alrededor del agua también hay otros problemas, como el tratamiento de las aguas residuales y ese sí es un serio problema?
Así es. Además del acceso al agua, existe otro problema crítico: el tratamiento de las aguas residuales. Y ese, sí, es un tema gravísimo.
Quito no trata sus aguas residuales; menos del 2% recibe algún tipo de tratamiento, prácticamente nada. Guayaquil tampoco cuenta con un sistema operativo, a pesar de que existen soluciones probadas y factibles.
Un ejemplo claro es Cuenca, que inauguró su planta de tratamiento de aguas residuales en 1996, hace casi 30 años, y funciona de manera ejemplar. Lo más destacable es que fue financiada por los propios usuarios del agua, sin recurrir a cooperación internacional, inversión privada ni recursos del Gobierno.
Ese modelo demuestra que sí se puede, siempre que exista decisión política y priorización. En Quito, por ejemplo, hemos construido un Metro, pero seguimos sin un sistema de tratamiento de aguas residuales. Esa ausencia constituye, sin duda, el pasivo ambiental más grande que tiene el país.
“La falta de tratamiento de aguas residuales es el pasivo ambiental más grande del país”.
Con todos estos problemas, ¿cuál es el futuro del agua en Ecuador?
Somos un país bendecido con una disponibilidad media-alta de agua. Pero eso no significa que podamos descuidarla.
No podemos recordar el tema solo cuando hay cortes de energía o crisis. Debe existir una preocupación constante por conservar las fuentes: páramos, humedales, ríos.
Y cuando hablamos de agua potable, hay que pensar en su verdadero significado. Muchos defienden el concepto de “agua segura”, pero les preguntaría: ¿le darían esa agua a un bebé de tres meses para preparar su fórmula?
En Cuenca o en Quito se puede abrir el grifo y beber sin problema el agua. Eso tiene un valor enorme y debemos mantenerlo.
Pablo Lloret Z. Ingeniero civil y experto en gestión de recursos naturales con más de 30 años de experiencia en gestión ambiental, conservación de la biodiversidad y manejo de cuencas hidrográficas. Fue Secretario Técnico del Fonag. Ha trabajado en los sectores público, académico y comunitario, apuesta por generar consensos y fortalecer la gestión sostenible de los recursos naturales.

