Qué pasará con las baterías de los autos eléctricos en Ecuador
El auge de los vehículos eléctricos generará miles de baterías de litio fuera de uso. ¿Está el país preparado para reciclarlas y evitar riesgos ambientales?
El crecimiento acelerado de los vehículos eléctricos (VE) en Ecuador abre una nueva etapa para la movilidad sostenible, pero también plantea una pregunta urgente: ¿qué pasará con las baterías de litio cuando lleguen al final de su vida útil?
Con un aumento de ventas en el mercado local y proyecciones regionales que apuntan a que la mayoría de los vehículos nuevos serán eléctricos o híbridos hacia 2030, el país enfrenta un incremento inminente de baterías fuera de uso entre 2027 y 2035.
La gestión adecuada de estos residuos será clave para evitar impactos ambientales y aprovechar su potencial de reutilización.
En 2025 se vendieron en Ecuador 4.276 vehículos eléctricos y 18.370 híbridos (Aeade).
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Vida útil y tecnologías predominantes
Según un estudio publicado en Scielo Ecuador, las baterías utilizadas en los vehículos eléctricos que circulan en el país tienen autonomías que oscilan entre 400 y 600 kilómetros por carga. Estas se emplean en distintos segmentos: sedanes, SUV y camionetas.
El análisis técnico identifica que la tecnología más usada en vehículos livianos es la LFP (óxido de litio hierro fosfato o LiFePO4), seguida por NMC (níquel-manganeso-cobalto) y otras variantes de ion-litio.
La vida útil promedio de estas baterías se estima en alrededor de 10 años, dependiendo de los ciclos de carga, el clima y las condiciones de uso.
Esto significa que los primeros lotes masivos de baterías comenzarán a salir de circulación a partir de 2027, coincidiendo con el auge de ventas registrado en los últimos años.
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¿Cuántas baterías se convertirán en residuos?
Aunque Ecuador aún no cuenta con un registro nacional específico de baterías de vehículos eléctricos, las proyecciones de crecimiento indican que entre 2027 y 2035 se generará un volumen creciente de residuos, medido tanto en unidades como en toneladas.
Cada batería de vehículo eléctrico puede pesar entre 250 y 600 kilogramos, dependiendo del modelo. Si se considera el ritmo actual de expansión del parque automotor eléctrico, el país podría enfrentar miles de toneladas acumuladas en menos de una década si no se implementan sistemas eficaces de recolección y tratamiento.
Actualmente se desarrolla un protocolo nacional para la gestión de estos residuos, que incluiría baterías y metales asociados.
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¿Qué se hace hoy con las baterías reemplazadas?
En Ecuador, la infraestructura para reciclaje especializado de baterías de litio aún es incipiente. Las baterías reemplazadas pueden seguir distintos destinos:
- Reutilización o “segunda vida” en sistemas de almacenamiento estacionario.
- Almacenamiento temporal bajo condiciones controladas.
- Exportación para reciclaje en países con tecnología avanzada.
- Disposición final controlada, cuando no es viable su recuperación.
No obstante, el país aún no dispone de plantas industriales de reciclaje de baterías de litio a gran escala.
Segunda vida: una oportunidad en Galápagos
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) junto con Gestores Ecuador realizó, en enero de 2026, un primer taller para avanzar hacia un plan piloto en Galápagos.
Allí se analizaron los desafíos del crecimiento de la movilidad eléctrica y los flujos de residuos específicos, tales como baterías, neumáticos, chatarra metálica y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Y cómo alinear estos con políticas climáticas a nivel nacional.
La idea es reutilizar baterías retiradas de vehículos en sistemas de almacenamiento para energías renovables, especialmente solar, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles en las islas. De concretarse, el modelo podría replicarse en el resto del país.
Para dar continuidad al proyecto, se ha invitado a empresas a identificar sus capacidades para las distintas fases de implementación -técnica, documental o de análisis-, fomentando un esquema de articulación interinstitucional.
Marco normativo vigente
La gestión de vehículos eléctricos fuera de uso y baterías de litio se enmarca en el principio de Responsabilidad Extendida del Productor (REP).
El ex Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate), a través del Acuerdo Ministerial MAATE-2022-067, exige a importadores y fabricantes implementar sistemas de recolección y disposición final para residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).
Además, el Acuerdo 142 clasifica a las baterías como desechos peligrosos, lo que obliga a su manejo especializado.
Sin embargo, expertos identifican vacíos normativos: no existe aún una regulación específica para baterías de gran formato de vehículos eléctricos, ni lineamientos técnicos detallados para su transporte interprovincial o marítimo hacia territorios especiales como Galápagos.
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Infraestructura y costos logísticos
En el territorio continental existen gestores autorizados para almacenamiento y transporte de residuos peligrosos, pero no plantas de reciclaje integral de baterías de litio.
En Galápagos, las capacidades son aún más limitadas. El traslado de baterías desde las islas al continente implica:
- Embalaje especializado.
- Cumplimiento de normas de transporte de mercancías peligrosas.
- Costos logísticos elevados.
- Riesgos adicionales por transporte marítimo.
Estos factores incrementan significativamente los costos de gestión y exigen protocolos estrictos de seguridad.
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Riesgos ambientales y sanitarios
Una gestión inadecuada puede generar riesgos importantes:
- Incendios y explosiones por cortocircuitos.
- Liberación de metales pesados y compuestos tóxicos.
- Contaminación de suelos y aguas.
- Exposición a sustancias peligrosas para trabajadores y comunidades.
En ecosistemas frágiles como Galápagos, cualquier filtración o incendio podría tener impactos irreversibles en biodiversidad única a nivel mundial.
La hoja de ruta pendiente
Ecuador trabaja en una hoja de ruta nacional para la gestión integral de baterías de litio. Experiencias internacionales, como las guías técnicas desarrolladas en Colombia, ofrecen modelos de referencia para establecer estándares de almacenamiento seguro, trazabilidad, etiquetado, transporte y aprovechamiento.
El reto no es menor: el país debe anticiparse a la ola de baterías fuera de uso antes de que el volumen supere su capacidad de respuesta.
La transición hacia la movilidad eléctrica promete beneficios ambientales significativos, pero su sostenibilidad dependerá de cerrar el ciclo completo.
El futuro no solo está en vender más vehículos eléctricos, sino en garantizar que sus baterías tengan un final responsable —o, mejor aún, una segunda vida útil.
