La minería ilegal se adentra en la Reserva Ecológica Cofán Bermejo
La apertura de una vía fue detectada con imágenes satelitales. Defensa hizo un operativo en el ingreso de la Reserva, como parte del combate a la minería ilegal.
Evidencias de expansión de actividades mineras en la Reserva Ecológica Cofán Bermejo identificó un nuevo monitoreo satelital realizado por Fundación EcoCiencia.
Entre noviembre de 2025 y enero de 2026 se sumaron 5,9 hectáreas asociadas a actividad minera, así como la apertura de una vía de aproximadamente 630 metros de longitud, lo que evidencia un avance de estas actividades hacia el interior de la reserva.
Mediante imágenes satelitales PlanetScope de alta resolución, se monitoreó un área prioritaria ubicada en el sector suroriental de la Reserva Ecológica Cofán Bermejo, en la provincia de Sucumbíos.
Los resultados muestran una expansión progresiva de la actividad minera en una zona que ya registra una fuerte presión extractiva. De acuerdo con el reporte MAAP #227, la deforestación asociada a minería en el entorno de la Reserva Ecológica Cofán Bermejo alcanzó unas 754 hectáreas entre 2020 y 2024.
El nuevo monitoreo confirma que esta dinámica continúa avanzando y se acerca a sectores de alta importancia para la conservación. Además de la pérdida de cobertura forestal, EcoCiencia pone énfasis en la apertura de la vía.
Se trata de "un indicador preocupante debido a que facilita el acceso de maquinaria, personal e insumos hacia áreas previamente conservadas, incrementando el riesgo de expansión minera y de nuevas afectaciones ambientales".
Este tipo de infraestructura suele acelerar procesos de deforestación, fragmentación de hábitats y degradación de ecosistemas estratégicos para la
biodiversidad amazónica.
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La Reserva Ecológica Cofán Bermejo alberga bosques montanos y amazónicos de alta biodiversidad. Cumple un papel fundamental en la conservación de especies de flora y fauna, la regulación hídrica y la conectividad ecológica de la región.
Asimismo, su entorno está estrechamente vinculado con territorios indígenas y otras figuras de conservación que enfrentan crecientes presiones derivadas de actividades extractivas.
Los hallazgos, señala la fundación, refuerzan la necesidad de fortalecer los mecanismos de control territorial, vigilancia ambiental y coordinación interinstitucional, para prevenir la expansión de actividades mineras en territorios de alta sensibilidad ecológica.
El monitoreo satelital en tiempo casi real constituye una herramienta clave para generar alertas tempranas, apoyar las acciones de las autoridades competentes y contribuir a la protección efectiva de los ecosistemas amazónicos.
El análisis se desarrolló en el marco del proyecto “La lucha contra la minería ilegal en la Amazonía: Uso de tecnología de punta para tomar medidas más efectivas”, financiado por la Fundación Gordon y Betty Moore, e implementado junto a Amazon Conservation Association (ACA) y el programa MAAP (Monitoring of the Andean Amazon Program).
Las cifras de la acción militar
Hasta 2025, el Gobierno se atribuyó 386 operativos de control. La destrucción de 1.344 bocaminas, 360 retroexcavadoras y 41 dragas fue valorada por el Ministerio de Defensa en una pérdida para la minería ilegal de más de USD 2.000 millones y calificada por el Gobierno como un "golpe histórico".
El Ministerio de Defensa informó que ha intensificado los operativos contra la minería ilegal durante 2026. Calculó que la destrucción de 966 campamentos y 1.409 bocaminas y accesos a minas, centenares de excavadoras y dragas, ha dejado pérdidas de millones de dólares para las economías criminales.
En Napo y Pastaza, entre mayo y junio se realizaron operativos en Arajuno, Ishpingu y Tena. "El resultado fue la inhabilitación de dragas, excavadoras y el decomiso de miles de galones de diésel. El impacto económico superó el millón de dólares", señala la información oficial. También se mencionan intervenciones en Zamora Chinchipe.
En Sucumbíos, a medianos de junio de 2026, se produjo en Taruka, sitio de ingreso a la Reserva Cofán Bermejo, un enfrentamiento entre patrullas militares, emboscadas y atacadas con armas de fuego, y civiles armados vinculados a las redes de extracción ilícita. Hubo víctimas mortales.
Defensa señaló que se desarticularon campamentos improvisados, se inhabilitaron dragas, motores y maquinaria pesada, además de decomisar municiones y combustible. Se evaluó posteriormente que la actividad ilícita dañó entre 105 y 260 hectáreas de bosque y contaminó los afluentes hídricos locales.
Y en mayo, en la frontera norte de la Sierra, el operativo Retoma Territorial desplegó artillería pesada, morteros, tanques y apoyo aéreo en el sector Chical-El Pablo. Esta ofensiva inhabilitó 70 bocaminas y causó una afectación de más de USD 1'300.000 a las redes de minería ilícita.
