'La economía circular requiere un cambio de paradigma en el sector productivo'
La académica Marcia Almeida Guzmán analiza los avances y desafíos de la economía circular en Ecuador, cinco años después de la aprobación de la LOECI.
Cinco años después de la aprobación de la Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva (LOECI), Ecuador ha logrado avances en el desarrollo de un marco normativo e institucional, para impulsar este modelo de producción y consumo.
Sin embargo, la transición hacia una economía circular todavía afronta desafíos relacionados con gobernanza, incentivos, financiamiento, medición y capacidades técnicas.
Marcia Almeida Guzmán, coordinadora académica de la Maestría en Gerencia Integrada de la Calidad e Innovación de la Universidad Andina Simón Bolívar, (UASB, sede Ecuador) analiza los avances alcanzados y los retos que el país debe superar para que la economía circular deje de ser una aspiración y se convierta en una herramienta real de competitividad.

Han transcurrido cinco años desde la aprobación de la Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva (LOECI). Desde su perspectiva, ¿cuál es el principal balance de este período? ¿Qué ha cambiado realmente y qué sigue pendiente?
Desde la publicación de la LOECI, el 6 de julio de 2021, Ecuador ha construido de manera gradual una arquitectura institucional para impulsar la economía circular.
Entre los principales hitos destacan el Reglamento General de la ley (2023) y la Estrategia Nacional de Economía Circular Inclusiva (ENECI), vigente hasta 2035, ambos alineados con los cuatro ejes planteados en el Libro Blanco de Economía Circular: producción sostenible, consumo sostenible, gestión integral de residuos y financiamiento.
El balance es positivo en materia regulatoria y en el fortalecimiento de la infraestructura de calidad para la economía circular.
También se observan avances concretos, como la adopción de la norma NTE INEN-AFNOR XP X30-901, el censo de más de 20.000 recicladores de base en proceso de formalización, mejoras en la segregación de residuos, el fortalecimiento de la infraestructura nacional de calidad, la certificación ambiental Punto Verde y el desarrollo de cuentas satélite de bioeconomía, por parte del Banco Central del Ecuador, con metodología homologada por la CEPAL.
No obstante, siguen pendientes aspectos clave: un sistema sólido de incentivos para las empresas, especialmente para las mipymes; una gobernanza más articulada; un sistema confiable de información; y políticas públicas que faciliten la transición desde una economía lineal hacia un modelo más equitativo y sostenible.
"El principal desafío ya no es normativo, sino crear incentivos que permitan a las empresas hacer la transición hacia la economía circular".
Además de la ley, el reglamento, la Estrategia Nacional, el Libro Blanco y una mesa interinstitucional, ¿por qué estos instrumentos aún no se traducen en transformaciones visibles en el aparato productivo?
Considero que es un problema de gobernanza. Aún no existe un marco suficientemente claro de incentivos económicos que impulse la adopción de prácticas circulares, especialmente en las mipymes, que además enfrentan limitaciones financieras y técnicas.
A esto se suma la ausencia de una plataforma pública con indicadores confiables que permita medir aspectos básicos, como cuánto residuo se recupera, cómo se reincorpora a los procesos productivos o cuál es la capacidad del mercado para absorber productos circulares.
También hacen falta más investigaciones que respalden políticas públicas basadas en evidencia, un mayor compromiso de todos los actores involucrados y un esfuerzo sostenido de difusión y educación, para que la economía circular se convierta en una práctica cotidiana.
"Sin datos confiables es imposible medir el impacto real de la economía circular o diseñar mejores políticas públicas".
Cuando hablamos de economía circular solemos enfocarnos en la normativa. Sin embargo, ¿qué iniciativas concretas están impulsando hoy este modelo en Ecuador desde el sector privado, la academia o la cooperación internacional?
Existen experiencias importantes.
En el sector privado se destacan, por ejemplo, casos como el de la empresa Novacero, que ha logrado aprovechar el 93% de los materiales que genera gracias a la incorporación de principios de economía circular.
Desde la academia, la Universidad Andina Simón Bolívar desarrolla investigaciones que aportan evidencia y propuestas para el país, entre ellas:
- "Economía circular, una estrategia para el desarrollo sostenible. Avances en Ecuador".
- "Economía circular en la industria cacaotera: una propuesta para la recuperación del mucílago de cacao para la elaboración de alcohol".
- "Economía comunitaria y circular, conocimiento ancestral andino. Caso Warmikuna Natabuela".
- "La economía circular en el contexto de la certificación Punto Verde, Pacto Verde Europeo y Agenda 2030 de Naciones Unidas: el caso de Ecuador".
En cuanto a cooperación internacional, el PTB de Alemania brinda asistencia técnica al Ministerio de Producción, al Ministerio de Ambiente, al Instituto de Normailización (INEN) y al Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE), mientras que la CEPAL apoya la construcción del Sistema Nacional de Información de Economía Circular.

¿Qué tan desarrolladas están en el país herramientas como certificaciones, estándares, acreditaciones o metodologías para medir la circularidad? ¿Existen suficientes incentivos para adoptarlas?
Ecuador dispone de herramientas importantes, entre ellas la Certificación Ambiental Punto Verde, la adopción de la norma NTE INEN-AFNOR XP X30-901, la familia ISO 59000 —publicada en 2024— y metodologías desarrolladas por el PTB (Instituto Nacional Alemán de Metrología).
Sin embargo, la medición de la circularidad aún es incipiente y la normativa vigente no contempla incentivos tributarios o no tributarios suficientemente claros para promover su adopción.
Esa ausencia constituye uno de los principales frenos para acelerar la transición empresarial.
¿Cómo evalúa el nivel de preparación del sector productivo ecuatoriano para incorporar principios de economía circular? ¿Hay diferencias importantes entre grandes empresas y pymes?
El sector productivo ecuatoriano requiere un cambio de paradigma y por consiguiente un cambio cultural, que permita implantar los principios de la Economía Circular reconocidos internacionalmente.
Es decir, pensamiento sistémico, creación de valor, compartición de valor, gestión responsable de recursos, trazabilidad de recursos y resiliencia del ecosistema.
No cabe duda que las limitaciones financieras y técnicas afectan fuertemente a las pymes, lo que genera una implementación desigual del modelo circular entre distintos tipos de empresas, por cuanto las grandes han implementado y certificado estándares internacionales, cuya integración los va conduciendo hacia la circularidad.
"El sector productivo requiere un cambio de paradigma y, por consiguiente, un cambio cultural que permita implantar los principios de la economía circular".
¿Desde esa perspectiva, qué tipo de barreras afrontan las mipymes para transitar hacia modelos circulares?
Las barreras son múltiples.
En el ámbito financiero, el acceso al crédito sigue siendo limitado por las tasas de interés y las garantías exigidas. En el plano tecnológico y organizacional persiste una fuerte resistencia al cambio.
A ello se suma un desafío cultural: aún existe poco conocimiento sobre los beneficios económicos, sociales y ambientales de la economía circular. Por eso resulta indispensable fortalecer la capacitación y la difusión.
¿Qué incentivos económicos o de política pública son indispensables para acelerar esta transición?
La Estrategia Nacional de Economía Circular reconoce la necesidad de crear mecanismos financieros que faciliten a las empresas los cambios requeridos en sus procesos productivos, como vía para superar las barreras económicas que limitan la adopción del modelo.
En el plano del financiamiento productivo, una herramienta disponible, sin embargo que requiere mayor escala y disfusión, es la ampliación de líneas de crédito de largo plazo, dirigidas específicamente a proyectos de reconversión circular (en la línea de los contratos que la Corporación Financiera Nacional ha firmado con el Banco Interamericano de Desarrollo, para canalizar recursos hacia las pymes).
En otros países, la economía circular ha estado vinculada con innovación, competitividad y acceso a nuevos mercados. ¿Está ocurriendo eso en Ecuador o todavía se percibe como una agenda principalmente ambiental?
La Estrategia Nacional de Economía Circular plantea que la transición hacia una producción sostenible permitirá a las empresas ecuatorianas acceder a nuevos mercados internacionales y diversificar sus exportaciones.
Es decir, desde el discurso oficial, la economía circular se presenta explícitamente como un factor de competitividad. Sin embargo, requiere un analisis más profundo por cuanto para lograr la competitividad se debe considerar en la fórmula la sumatoria de: calidad + productividad + innovación.
Es decir, los productos circulares deben tener una calidad similar o mejor que los productos lineales, los procesos deben ser limpios, amigables y eficientes, y la innovacion una constante.
Respecto a la percepción de la economía circular como una agenda ambiental, la evidencia académica sugiere que, en la práctica, el enfoque ambiental sigue predominando sobre el de competitividad, en el caso de Ecuador.
"La competitividad solo será posible si la economía circular integra calidad, productividad e innovación".
¿Qué sectores muestran mayores avances?
Investigaciones académicas han identificado a la industria manufacturera, la gestión de residuos sólidos, la agricultura sostenible, la construcción y el urbanismo, y las energías renovables, como los sectores con mayores avances documentados en la literatura ecuatoriana sobre economía circular.
Entre los casos más representativos destaca Novacero, que ha integrado sistemas de gestión de calidad, ambiente, seguridad, salud ocupacional y energía.

Si Ecuador quisiera acelerar la transición hacia una economía circular en los próximos cinco años, ¿cuáles deberían ser las prioridades para el Estado, el sector privado y la academia?
El Estado debe fortalecer la difusión de la normativa, desarrollar la infraestructura de calidad, invertir en capacitación y crear incentivos económicos.
El sector privado necesita invertir en medición, trazabilidad y formación.
La academia debe fortalecer la investigación aplicada, ampliar la oferta académica vinculada con calidad, productividad e innovación, y difundir más sus resultados.
La clave será una colaboración permanente entre el sector público, el sector privado y la academia.
¿Cómo debería medirse el éxito de la política de economía circular? Más allá del número de normas o planes aprobados, ¿qué indicadores permitirían saber si el país realmente está avanzando?
Si bien ya existen indicadores parciales de seguimiento reportados, en su momento por el Maate como: la tasa de segregación de residuos sólidos (16,6 % a 2025) y la formalización de recicladores de base (más de 20.000 personas), se deberían implementar otros indicadores.
Por ejemplo, flujos de materiales a nivel de la economía del país; tasa de Circularidad de Materiales (CMUR); productividad de recursos; huella de materiales, etc.
Se recomienda además más allá de los indicadores de resultados, trabajar también con indicadores de proceso como la colaboración multisectorial, el fortalecimiento de capacidades técnicas y el acceso a financiamiento.
"La economía circular debe dejar de ser un concepto y convertirse en una práctica generalizada".
¿Es realista pensar que la economía circular puede convertirse en un factor de competitividad para Ecuador?
Sí, pero requiere condiciones habilitantes.
Ecuador cuenta con una base importante: fue el primer país de América Latina en aprobar una ley específica sobre economía circular, dispone de un reglamento, una estrategia nacional y avanza en metodologías de medición, como la Cuenta Satélite de Bioeconomía del Banco Central del Ecuador (2025).
Sin embargo, las limitaciones financieras y técnicas aún ralentizan la transición. Será indispensable fortalecer la cooperación entre el Estado, el sector privado y la academia; ampliar el acceso a financiamiento y desarrollar capacidades técnicas para que, en el mediano plazo, la economía circular deje de ser un concepto y se convierta en una práctica generalizada.
Marcia Almeida Guzmán. Doctora (PhD) en Economía y Empresa, Univ. de Oviedo; Magíster en Dirección de Empresas y Especialista Superior en Dirección de Empresas, con mención en Mercadeo de la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB-E); Máster en Gestión Integral, con mención en Medio Ambiente, Calidad y Riesgos Laborales, Escuela de Negocios, Madrid (EOI); Certificación Profesional en Economía Circular: Transición hacia la Sostenibilidad del Futuro, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge (MIT); Doctora en Bioquímica y Farmacia, Universidad Central del Ecuador. Profesora investigadora; Coordinadora Académica de la maestría en Gerencia Integrada de la Calidad e Innovación. Docente en programas de posgrado en varias universidades del país y consultora e investigadora especializada en calidad integrada.


