La defensa del agua convoca a una masiva marcha en Cuenca
La movilización, denominada Quinto Río, exige el retiro definitivo de la concesión minera en Loma Larga. El proyecto está en el páramo de Quimsacocha, en Azuay.
Hace un año, Cuenca protagonizó una de las movilizaciones más representativas en defensa del agua. Y esa imagen se repitió el 16 de septiembre de 2026, aunque la concurrencia esta vez fue menor.
Lo que motivó la marcha de septiembre de 2025 fue rechazar el proyecto minero Loma Larga, a cargo de la empresa canadiense Dundee Precious Metals (DPM) y que está ubicado en la zona de Páramo de Quimsacocha, en la provincia de Azuay.
El proyecto recibió la licencia ambiental en junio de 2025, pero fue retirada por el Gobierno en octubre de 2025. No obstante, la concesión se mantiene.
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Antes del retiro de la licencia, las proyecciones de la mina eran una producción anual de 170.000 onzas de oro y la generación de al menos 500 empleos directos.
Además, una inversión superior a los USD 400 millones, con potenciales exportaciones por USD 2.397 millones y beneficios fiscales por USD 212 millones.
Esta zona de páramo acoge las fuentes hídricas que abastecen a la capital de Azuay y a las parroquias aledañas.
El miércoles 16 de septiembre de 2026 miles de personas, en un ambiente de algarabía y portando carteles, se manifestaron par oponerse a las actividades extractivas en Quimsacocha. Recorrieron desde la Plaza de San Roque hasta la de San Francisco.
'46.000 hectáreas concesionadas'
Defensores del agua, organizaciones sociales, comunitarias y ciudadanas declararon septiembre como el Mes del Quinto Río, para exigir la cancelación definitiva de las concesiones mineras.
Según los dirigentes de las agrupaciones promotoras de la marcha, unas 46.000 hectáreas de páramo están concesionadas.
Los reclamos también apuntaron a la Ley Minera, el anuncio gubernamental de una reapertura progresiva del catastro minero hacia finales de 2026 y el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Ecuador y Canadá, suscrito en julio de este año.
Tras la movilización, los participantes esperan una respuesta del Gobierno en relación a su política minera.
