Contraloría detecta fallas en obras de agua potable en 17 provincias
La entidad analizó 38 informes de auditoría a proyectos ejecutados entre 2011 y 2021. Hay falencias recurrentes en el uso de recursos públicos.
En Ecuador, la falta de acceso a servicios básicos sigue siendo una de las principales brechas sociales.
Uno de cada dos niños, niñas y adolescentes no cuenta con agua potable, saneamiento e insumos de higiene en sus hogares, una situación que se agrava en el sector indígena, donde ocho de cada diez menores carecen de estos servicios.
A esto se suma que, aunque el 70% de la población dispone de 'agua segura', un 30% aún se expone al consumo de agua con contaminación fecal, con riesgos directos para la salud pública.
En este contexto, los proyectos estatales destinados a garantizar el acceso al agua potable resultan fundamentales.
Sin embargo, el Sexto Reporte de Control Público de la Contraloría General del Estado evidencia fallas en la gestión, incumplimientos contractuales y debilidades en la planificación y control, que han limitado el impacto de estas inversiones.
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El alcance del Sexto Reporte
En el estudio se analizaron 38 informes de auditoría a proyectos ejecutados entre 2011 y 2021, por entidades del Ejecutivo, empresas públicas municipales, gobiernos autónomos descentralizados cantonales (GAD) y mancomunidades.
El estudio revisó obras de redes y plantas de tratamiento de agua potable (PTAP) en 17 provincias (ver tabla inferior) y dejó al descubierto 231 hallazgos, aprobados entre 2018 y 2022, que evidencian falencias recurrentes en el uso de recursos públicos destinados a garantizar el acceso al agua.
Como resultado de la investigación, se determinó que las principales irregularidades en las operaciones para la construcción, mantenimiento y rehabilitación de sistemas de redes de agua potable y PTAP, son las siguientes:
1. Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de los contratistas.
2. Falencias en el desembolso y recuperación de recursos.
3. Ausencia de estudios actualizados, completos y definitivos.
4. Falencias en la calificación de ofertas.
5. Incumplimiento de las obligaciones asumidas contractualmente o a través de convenios, por parte de las entidades estatales.
Tanques fisurados y obras sin mantenimiento
El principal problema identificado es el incumplimiento de obligaciones contractuales por parte de los contratistas, que concentra el 16% de los hallazgos.
Un caso emblemático se registró en el sector Icto Cruz (parroquia Turi, en Cuenca), en 2013, donde el tanque de reserva de agua potable presentó fisuras y filtraciones visibles en sus paredes, debido a que no se controló el cumplimiento de las especificaciones técnicas durante la construcción. La infraestructura, además, no es operada ni recibe mantenimiento, lo que compromete su funcionamiento.
Según los informes, las entidades públicas pagaron por materiales, equipos y trabajos que no cumplieron las especificaciones técnicas o que nunca fueron instalados.
Se detectaron válvulas, bombas y medidores que no funcionaban, cambios no autorizados en diseños y tuberías colocadas sin la profundidad ni los anclajes necesarios, incluso expuestas a la intemperie.
A esto se suman retrasos injustificados, ampliaciones de plazo y la ausencia del personal técnico ofrecido por las constructoras, mientras que los fiscalizadores estatales no aplicaron multas ni corrigieron las fallas, generando perjuicios económicos y poniendo en riesgo la inversión pública.
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Anticipos fuera de la ley y recursos sin justificar
La segunda irregularidad más frecuente corresponde a falencias en el desembolso y recuperación de recursos (15% de los hallazgos).
En Natabuela y Pijal, en Imbabura, en 2011, la Contraloría detectó que en contratos para perforación de pozos y construcción de sistemas de agua potable se pagaron anticipos superiores al 50% del presupuesto, incumpliendo la normativa vigente.
Los auditores también hallaron anticipos no amortizados, pagos sin respaldo técnico y reconocimientos indebidos de costos indirectos a personas naturales, cuando la ley establece que estos solo pueden pagarse a empresas consultoras.
En varios proyectos se adquirieron equipos y accesorios que nunca fueron utilizados, sin que los funcionarios justifiquen su valor.
Proyectos sin estudios y rediseños costosos
La ausencia de estudios técnicos actualizados y definitivos representa el 9% de los hallazgos.
Un ejemplo es el proyecto Acuífero Norte–pozos El Condado, en Quito, en 2016, que inició su contratación sin estudios vigentes, obligando a rediseñar estructuras, sistemas hidráulicos y eléctricos durante la ejecución. Esto provocó ampliaciones de plazo y retrasó la entrega del servicio a la ciudadanía.
La Contraloría advierte que se contrataron plantas potabilizadoras y redes sin sustento técnico, estudios ambientales ni memoria de cálculo.
Todo esto derivó en equipos inutilizados, fisuras en estructuras y aumento de costos, debido a consultorías adicionales y paralizaciones de obra.
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Empresas sin requisitos mínimos
El informe también señala fallas en la calificación de ofertas (8% de los hallazgos).
En San Vicente, Manabí, en 2016, se adjudicó la rehabilitación de un sistema de reserva de agua potable a una empresa que no cumplía con el personal técnico mínimo, luego de que la comisión evaluadora no verificara la veracidad de la experiencia presentada.
Estas deficiencias permitieron la selección de proveedores sin la capacidad técnica necesaria, comprometiendo los objetivos de los proyectos y el uso eficiente de los fondos públicos.
Falta de gestión estatal afecta operación de plantas
Finalmente, el reporte identifica incumplimientos atribuibles a las entidades estatales (7% de los hallazgos).
En Montecristi, Manabí, en 2020, la planta potabilizadora vinculada al proyecto La Esperanza–Refinería del Pacífico no alcanzó la producción de agua programada porque el municipio no gestionó el incremento de caudal requerido. La omisión generó costos adicionales y limitó la cobertura del servicio.
Además, se iniciaron obras sin permisos de paso ni servidumbres, no se garantizó el suministro de agua cruda ni energía eléctrica para las plantas y no se exigieron pruebas de funcionamiento, dejando en duda el cumplimiento real de los contratos.
El informe de la Contraloría concluye que estas irregularidades afectaron la calidad, continuidad y cobertura del servicio de agua potable, y evidencian debilidades persistentes en la planificación, contratación y control de proyectos clave para la población.
