Consultoría de la ONU halló más fallas en Censo 2022 de Ecuador
Entre 2022 y 2025, la Asamblea y la Contraloría encontraron inconsistencias y establecieron responsabilidades. La auditoría internacional empezó en 2023.
El Censo 2022 de Ecuador (VIII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y I de Comunidades) ya había sido objeto de observaciones y recomendaciones en la Asamblea Nacional y en la Contraloría General del Estado entre 2022 y 2025.
El Censo es un documento básico para la planificación nacional cuya responsabilidad principal recae en el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC).
Hoy el cuestionamiento se profundiza con el informe de una consultoría contratada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) a petición del INEC. Se detectan varias inconsistencias en los indicadores.
la "Evaluación de las tareas de validación, consistencia y edición de datos del VIII Censo de Población y VIII de Vivienda 2022 de Ecuador" halló que cerca del 10% de la información pasó por procesos de imputación censal (completar datos faltantes), superando los umbrales recomendados por la ONU (mantenerse por debajo del 5% al 10%).
Asimismo, que los ajustes estadísticos provocaron una mejora irreal en los indicadores de empleo (subida del 8,8% en la tasa de empleo) y una reducción artificial del desempleo y de la informalidad.
Asimismo, se detectó "una inclinación a favorecer categorías optimistas en bienes de los hogares y características de las viviendas".
En 2023 empezó una auditoría del Censo con la participación del Banco Mundial y la Organización de las Nacionales Unidas (ONU), con la Contraloría General del Estado y profesionales de INEC como contraparte, informó en una comparecencia a la Asamblea el entonces director del INEC.
Roberto Castillo se desempeñó en ese cargo en los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso. Fue reemplazado en febrero de 2025, antes de que terminara el primer período presidencial de Daniel Noboa, por Eva María Mera.
Hallazgos de la Asamblea Nacional
La Asamblea Nacional comenzó a estudiar los problemas y a fiscalizar el Censo 2022 el 18 de octubre de 2022, mientras el proceso de levantamiento de información aún se estaba ejecutando.El Pleno decidió fiscalizar el censo debido a las alertas sobre cambios metodológicos y falta de transparencia presupuestaria.
La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social emitió un informe aprobado por el Pleno el 12 de enero de 2023 con 120 votos. Exigió a la Contraloría General del Estado hacer una auditoría formal por graves fallas administrativas, presupuestarias y de seguridad.
La segunda etapa empezó el 20 de febrero de 2024, tras la difusión de los primeros resultados del Censo, el 21 de septiembre de 2023. El Pleno delegó a la Comisión de Garantías Constitucionales seguir investigando las inconsistencias técnicas y los reclamos de exclusión de comunidades y pueblos indígenas y afroecuatorianos.
Una de las reuniones más importantes fue la del 21 de marzo de 2024, con la presencia de Roberto Castillo. Los miembros de la Comisión criticaron la "metodología mixta" que incluyó tanto censo territorial como virtual.
Hubo poblaciones que no lograron acceder al censo virtual, en especial por falta de una campaña informativa. Los afroecuatorianos, según la presidenta de la Comisión, Paola Cabezas, resultaron afectados, ya que no fueron censados adecuadamente y sus datos poblacionales son poco confiables.
La población afrodescendiente habría disminuido en un 2.2 % en 2022 en comparación al 2010, por la menor tasa de fecundidad, explicó Castillo, pues las mujeres ecuatorianas han accedido a mayor conocimiento e información sobre la natalidad, uso de anticonceptivos y mayor preparación académica.
Frente al cuestionamiento de que no existieron censistas en territorio, admitió que no fueron alumnos de colegios quienes censaron, sino que contrataron a quienes quisieron trabajar, para luego capacitarlos en la población a la que pertenecían.
Los legisladores Gissela Garzón, Belén Mayorga y Adrián Castro dijeron que tampoco fueron censados, aunque a sus viviendas sí les colocaron el adhesivo del censo. Jhajaira Urresta aseguró que el censo no reflejaba datos reales sobre la población con discapacidad.
Cabezas resumió las anomalías: incumplimiento de fechas de ejecución del proceso, desinformación para la autoidentificación de pueblos y nacionalidades, ausencia de censistas, desorganización en la movilización de los censistas, falta de seguridad, accidentes, violencia de género y robo.
Castillo recalcó que se destinaron USD 390.000 para seguridad, respaldada por la fuerza pública. Añadió que se llevaba a cabo una auditoría con la participación del Banco Mundial y la ONU, y la Contraloría General del Estado y profesionales de INEC como contraparte. Adrián Castro sugirió que no participe el INEC.
El proceso terminó oficialmente el 7 de mayo de 2025, cuando el Pleno de la Asamblea aprobó con 70 votos a favor el informe final no vinculante que detectó fallas de planificación y transparencia en la ejecución del censo. Se detectaron:
- Fallas operativas: problemas en la planificación, asignación presupuestaria, capacitación y en el proceso de empadronamiento.
- Afectación a minorías: observaciones por supuesta omisión o afectación en la cuantificación de pueblos y nacionalidades, como el pueblo afroecuatoriano y montubio.
- Exclusión y sesgo discriminatorio: el proceso constituyó un riesgo para los derechos colectivos debido a la omisión de comunidades y errores de categorización, profundizando la desigualdad de pueblos indígenas, montubios y el pueblo afroecuatoriano.
- Recomendación de recolección adicional: se exhortó al INEC a realizar de manera urgente una recolección complementaria de información para incluir a los hogares y ciudadanos omitidos en 2022.
Contraloría: reforzar los procesos
Entre 2024 y 2025, la Contraloría General del Estado aprobó seis informes de auditoría gubernamental sobre el censo. Se revisaron los procesos de comunicación, contratación pública, gestión del talento humano y sistemas informáticos relacionados con el censo y se hicieron los siguientes hallazgos:
- Inseguridad informática: Los tres sistemas utilizados (Censo en Línea, Formulario SIPE Digitación y SUSO Móvil) carecían de controles y reglas de validación básicas. Por ejemplo, el 12% de cuestionarios en línea ingresaron incompletos a la base de datos.
- Datos geográficos erróneos: Se registraron coordenadas GPS ubicadas fuera del territorio ecuatoriano en miles de formularios.
- Duplicaciones masivas: La base de datos integrada contenía 71.412 registros de personas repetidas en diferentes viviendas (con el mismo número de cédula, nombres y fecha de nacimiento) y 3.239 registros duplicados en la base de mortalidad.
- Imputación metodológica sin sustento: se alteró de forma artificial la etnia a más de 31.000 menores de 15 años y se incrementó la población en 759.103 personas bajo la categoría de "viviendas ocupadas con personas ausentes" (VOPA) sin justificación técnica idónea.
Como resultado de estos exámenes especiales, la Contraloría predeterminó responsabilidades civiles y administrativas, y remitió un informe con indicios de responsabilidad penal a la Fiscalía General del Estado para investigar los presuntos delitos derivados de la gestión de estos fondos y sistemas.
El INEC respondió a los señalamientos y aseguró que acatará las recomendaciones en tiempo y en forma, y que los hallazgos servirán como insumo para acelerar sus procesos de mejora continua y modernización institucional.
Xavier Basantes
La primera ENDI
Roberto Castillo también estuvo al frente de la Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil (ENDI). Cuando se conocieron los resultados previos y hubo la idea de divulgarlos, varios organismos internacionales dieron su asistencia técnica.
La primera Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil (ENDI) contó con la asistencia directa de agencias de alto nivel como UNICEF, el Banco Mundial, la CEPAL y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
La intervención de estos organismos se enfocó en tres aspectos clave. El primero fue el diseño del "Enlistamiento" previo. Dado que Ecuador no tenía un censo actualizado al momento de planificar la encuesta (el censo de población se ejecutó de forma paralela), la muestra corría el riesgo de fallar.
Los organismos internacionales señalaron que era obligatorio hacer esa fase previa de "enlistamiento". El INEC tuvo que salir a buscar, mapear y registrar qué viviendas tenían niños menores de cinco años antes de ir a encuestar, asegurando que la muestra final fuera matemáticamente representativa.
El segundo proceso fue la estandarización de las pruebas físicas. Para evitar inconsistencias en la toma de peso, talla y los niveles de hemoglobina (para medir anemia), los organismos internacionales exigieron el uso de estándares médicos globales.
Por último, se establecieron Mesas de Validación Pre-publicación. Una vez que se terminó de levantar la información en julio de 2023, los datos no se publicaron de inmediato. Pasaron por un comité técnico internacional donde expertos de UNICEF y el Banco Mundial auditaron las bases de datos para "limpiar" cualquier inconsistencia estadística habitual en encuestas complejas.
