¿Qué pasó con la consulta del Yasuní y el Chocó Andino, dos años después?
Grupos ambientalistas aseguran que el Estado ha incumplido el mandato popular. El plan de cese de operaciones en el Bloque 43 tardará 10 años.
El 20 de agosto de 2025 se cumplen dos años de la Consulta Popular que aprobó el cese de operaciones petroleras en el Bloque 43-ITT y las actividades mineras en el Chocó Andino.
Organizaciones ambientalistas e indígenas advierten que no se ha cumplido la voluntad popular y que no hay respuestas para frenar el desarrollo de la industria extractivista.
La Corte Constitucional estableció un plazo de 12 meses para cesar la explotación petrolera en el Bloque 43, si la ciudadanía se pronunciaba a favor.
Tras los resultados de la Consulta del 20 de agosto de 2023 (58,95% a favor de dejar el crudo bajo tierra y el 68% contra la actividad minera) se anunciaron planes desde el Estado.
Antes de cumplir un año de ese proceso, el Gobierno decidió, mediante el Decreto Ejecutivo Nro. 257 (8 de mayo de 2024), crear el Comité de Ejecución de la Voluntad Popular Yasuní-ITT (CEVP Yasuní-ITT).
Mientras tanto, desde el Ministerio de Energía en coordinación con el Ministerio de Ambiente se anunció mayor intervención en el noroccidente de Pichincha, para evitar el desarrollo de actividades mineras en el Chocó Andino.
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Cese de operaciones en el Yasuní
El objetivo del CEVP Yasuní-ITT es cumplir la voluntad popular, con respecto al retiro progresivo y ordenado de toda actividad relacionada a la extracción de petróleo.
Una de las responsabilidades del Comité se refiere a la elaboración del Plan de Acción, para el cierre y abandono de las actividades en el Bloque 43.
La explotación del Bloque 43-ITT inició en julio de 2016 en el Tiputini, seguido por el campo Tambococha en marzo de 2018 y finalmente el campo Ishpingo en abril de 2022.
De acuerdo con un informe de la Gerencia de Exploración y Producción de EP Petroecuador, difundido en enero de 2025, el Plan de Acción implica el cierre de 246 pozos. En total, el Bloque comprende 247 pozos. No obstante, en marzo del 2019 ya se cerró un pozo, por razones técnicas y operativas.
Además, el costo estimado del cierre y abandono de la producción petrolera en el ITT asciende a 1.345 millones y se espera ejecutar entre 2024 y 2034.
Según estimaciones de EP Petroecuador, se espera que el cese de operaciones en el Bloque 43-ITT implique un costo de oportunidad en el volumen de extracción de petróleo de 281,8 millones de barriles entre 2023-2043.
Esta disminución en la producción petrolera conllevaría, según el Banco Central del Ecuador, a que se deje de percibir ingresos brutos por USD 17.634,5 millones.
"A pesar del mandato popular y de un plazo fijado por la Corte Constitucional para agosto de 2024, el Estado ecuatoriano sigue incumpliendo: no ha cerrado los 247 pozos ni desmantelado la infraestructura petrolera, y mantiene actividades extractivas que violan la Constitución, el derecho internacional y la voluntad democrática", sostienen las organizaciones indígenas y comunitarias.
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Control minero en el Chocó Andino
En el Distrito Metropolitano de Quito, sectores empresariales y exfuncionarios han sostenido que la decisión solo tendría efectos futuros, omitiendo que varias concesiones ya existentes están caducadas, carecen de permisos o no pueden renovarse.
Esa es la percepción de Benito Bonilla, en representación de las organizaciones ecologistas, que aseguran que las afectaciones por la minería persisten en el Chocó.
La Mancomunidad del Chocó Andino está integrada por las parroquias rurales de Calacalí, Gualea, Nanegal, Nanegalito, Nono y Pacto, que pertenecen a Quito.
Hace un año, la organización Acción Ecológica solicitó al Ministerio de Energía y Minas que actualice y publique la situación de las concesiones mineras en la zona.
También exigió a la Corte Constitucional que garantice el cierre de los proyectos y la reparación ambiental de los territorios en donde han intervenido los mineros. Aún se esperan pronunciamientos sobre la intervención estatal.
Por ello, organizaciones como Quito sin Minería, Acción Ecológica, así como agrupaciones indígenas como NAWE, Conaie, Confeniae, tienen previsto realizar un plantón frente a las instalaciones de la Corte Constitucional, este 20 de agosto.
Xavier Basantes
