12 áreas protegidas están en riesgo por actividades ilícitas
Estas actividades han impactado una superficie de 400 hectáreas. Corresponden a minería ilegal, deforestación, pesca ilegal y tráfico de especies.
La Ministra del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, María Luisa Cruz, compareció ante la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional para participar en el debate del proyecto de Ley de Áreas Protegidas.
Durante su intervención, el 26 de junio de 2025, expuso un preocupante panorama sobre las amenazas que enfrentan estos territorios, tanto desde el punto de vista ambiental, como social y económico.
Cruz informó que al menos 12 áreas protegidas del país se encuentran actualmente afectadas por actividades ilícitas, como la minería ilegal, tala indiscriminada, pesca no regulada y tráfico de especies. Estas actividades han impactado una superficie estimada de 400 hectáreas.
La situación es aún más alarmante en zonas marinas. Seis áreas protegidas costeras han sido invadidas hasta por 60 millas náuticas por grupos de delincuencia organizada (GDO), lo que ha incrementado la presión sobre ecosistemas ya vulnerables.
56 áreas protegidas son administradas por el Estado, que abarcan una superficie de 26,1 millones de hectáreas. Eso corresponde al 19,34% del territorio.
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796 alertas de minería ilegal
Según datos del Ministerio, se han identificado 796 puntos de actividad minera ilegal dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) y en zonas de amortiguamiento.
La Ministra advirtió que estos daños ambientales son en muchos casos irreparables, y ante la ausencia de responsables identificados, el Estado debe asumir los costos de reparación ambiental de manera subsidiaria, como lo establece el Código Orgánico Ambiental (COA) y su reglamento.
Un caso emblemático es el de Sinangoe, en la provincia de Sucumbíos, donde una sentencia judicial (007) determinó que el Estado debe llevar a cabo una reparación integral del ecosistema, tras la afectación de 20 hectáreas por minería ilegal. La intervención tendría un costo estimado de USD 3,5 millones.
La Ministra también manifestó preocupación por el impacto social de estas actividades. Indicó que las poblaciones que habitan alrededor de las áreas protegidas están migrando desde economías locales a economías ilícitas, lo que agudiza el deterioro del tejido social. Además, hay denuncias sobre la participación de mujeres y niños en campamentos mineros ilegales.
En cuanto a las nacionalidades y pueblos indígenas, Cruz advirtió que están siendo amenazados y enfrentan el riesgo de desplazamiento de sus territorios ancestrales, lo que representa una vulneración directa a sus derechos colectivos.
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Guardaparques en riesgo
El personal que resguarda estas zonas también se encuentra en situación de riesgo. Se han reportado 19 denuncias por amenazas y extorsión contra guardaparques ante la Fiscalía General del Estado. Por ello, el Ministerio ha solicitado el respaldo de la Policía Nacional para garantizar su seguridad.
Actualmente, 598 guardaparques están a cargo del resguardo de las áreas protegidas, lo que equivale a un promedio de un guardaparque por cada 45.000 hectáreas -una extensión mayor a la superficie de la ciudad de Quito- (37.200 hectáreas).
El presupuesto asignado a este personal asciende a USD 7,4 millones, lo que representa el 17% del presupuesto total del Ministerio del Ambiente, que es de USD 41 millones. De acuerdo con esta Cartera, al menos se requieren unos 11.000 guardaparques, para resguardar las áreas protegidas.
Frente a esta realidad, la Secretaria de Estado planteó un incremento presupuestario para su Cartera, argumentando que los costos derivados de las actividades ilícitas ya representan una carga adicional que el Ministerio debe asumir, incluso sin contar con los recursos necesarios para hacerlo.
En este contexto, la ministra Cruz subrayó la relevancia del proyecto de ley, el cual promueve la conservación a través de iniciativas turísticas sostenibles, investigación científica, educación ambiental y corresponsabilidad social; así como el desarrollo económico, social y cultural, y la seguridad en los territorios.
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Otros aportes de ONG
El representante de Wildlife Conservation Society (WCS), Sebastián Valdiviezo, propuso fortalecer la institucionalidad de las áreas protegidas mediante la autonomía del Servicio Nacional de Áreas Protegidas y la implementación de mecanismos de sostenibilidad financiera a largo plazo.
Valdiviezo recordó que las áreas protegidas comprenden el 19,5% del territorio nacional, en donde es fundamental garantizar la seguridad de los guardaparques, técnicos y administradores, quienes enfrentan constantes amenazas.
Asimismo, instó a considerar a los pueblos y nacionalidades que habitan en zonas aledañas, mediante esquemas de cogobernanza o gestión participativa.
En cambio, la directora ejecutiva de la Fundación EcoCiencia, Carmen Josse, enfatizó la importancia de considerar en la toma de decisiones que las áreas naturales protegidas abarcan 2.206.194 hectáreas; mientras que los pueblos indígenas ocupan territorios que suman 6.117.176 hectáreas.
