No a mercados de carbono y a fondo de conservación: los argumentos de Daniel Noboa
Las reformas al Código Orgánico del Ambiente recibieron un veto total. El Presidente alude a aspectos de forma y de fondo y a inconstitucionalidades.
El Gobierno dijo no al Proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico del Ambiente (COA), aprobado por la Asamblea el 17 de septiembre del 2024.
A través del Oficio 24-0397, el Ejecutivo expresó su Objeción Total. Entre otros ámbitos, la reforma al COA promovía el desarrollo de mercados de carbono y la creación de un fondo de conservación.
Sobre los mercados de carbono advierte imprecisiones de forma y fondo; y con el fondo de conservación, señala aspectos de inconstitucionalidad.
Otro de los argumentos del Régimen para vetar el proyecto fue que no es apropiado que, en la reforma aprobada, los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) dejen de ser organismos del Sistema Nacional Descentralizado.
El proyecto también proponía dar mayor participación ciudadana en las políticas ambientales locales, pero el Ejecutivo considera que esa no es competencia de los Consejos Ciudadanos Sectoriales.
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Fondo de conservación
En cuanto a los servicios ambientales, dentro del mercado voluntario de carbono internacional y local, el Ejecutivo advierte que se introducen imprecisiones que pueden dar como resultado confusión en su aplicación.
En cuanto a la regulación de los mercados de carbono de cumplimiento y mercado voluntario local, a cargo del Maate, conlleva a que los proyectos que no se encuentran en esta tipificación, no accedan a compensaciones ambientales.
Sobre la regulación del mercado voluntario de carbono internacional y debido a que las condiciones podrían cambiar, no es adecuado regularlo en la ley.
Además, el Ejecutivo considera inoportuna la inclusión del registro o certificación de los proyectos, dentro del mercado de carbono voluntario internacional.
Sobre la creación del fondo de conservación, el Gobierno asegura que contraviene lo dispuesto en la Constitución porque se crean preasignaciones.
En este tema, dice el veto, los legisladores no han considerado la Disposición General Primera del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en la cual se establece la prohibición de crear cuentas o fondos.
Una oportunidad perdida
En la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea sus autoridades no quieren pronunciarse. Algunos creen que hubo traición del Ejecutivo, pese a ser de su mismo partido político (ADN).
Otros miembros de la Comisión, como el asambleísta Comps Córdova García, rechazan la decisión del Ejecutivo porque se puso del lado del ‘negocio de las fundaciones ambientalistas’.
“Con ese veto le están diciendo al pueblo ecuatoriano, que no quiere darle el desarrollo. Es decir, (durante) un año no podemos tratar esa reforma. El Ecuador sale perdiendo unos USD 2.000 millones, al no haber dado paso a los mercados de carbono”, señala el asambleísta.
La aprobación del proyecto de reformas al COA se dio con el voto unánime de 117 asambleístas, en la sesión del 17 de septiembre del 2024.
El legislador, representante de la provincia de Sucumbíos, sostiene que los recursos que se podían haber aprovechado a través de los mercados de carbono, no van a ir a las comunidades que lo necesitan.
“La ley era muy buen e incluso fue aprobada por los asambleístas del partido del Presidente (ADN). Pero ha podido más el poder económico de las fundaciones ambientales”, dice Córdova.
La necesidad del veto
La exsubsecretaria de Cambio Climático, Karina Barrera, cree que el Ejecutivo manejó el tema de manera responsable, priorizando los intereses del país sobre intereses particulares.
“En estricto rigor, permite que el esquema de compensación que salió desde el Maate en el 2023 se consolide y abra la puerta a la compensación de forma responsable”.
Barrera no considera que se haya cerrado la puerta a los mercados de carbono, porque la propuesta era "muy pobre" en términos de regulación, institucionalidad y salvaguardas.
“Y hubiera sido peor continuar con una propuesta que puede generar inseguridad jurídica, que luego podía ser declarada inconstitucional que dar un paso atrás y mejorar la reforma con un mejor enfoque y considerando lo que ya existe”.
La exfuncionaria no cree que el país haya perdido ninguna oportunidad con el veto de la ley, más bien ganó tiempo para consolidar algo mejor elaborado.
