La sociedad civil organizada se adapta a los dos golpes de 2025
Ruth Hidalgo y Javier Alvarado abordan el efecto de la eliminación de la USAID y de la vigencia de la Ley de Transparencia Social. Hay desafíos pendientes.
La segunda presidencia del republicano Donald Trump empezó el 20 de enero de 2025 en Estados Unidos. Uno de los hechos que marcaron su rumbo internacional e ideológico fue el cierre de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), con efectos directos en las organizaciones sociales.
Si bien la decisión del Presidente estadounidense se concretó en marzo de 2025, ya los rumores venían desde finales de 2024 y las consecuencias se sintieron desde los primeros días de enero de 2025, en América Latina en general y en Ecuador en particular.
Ruth Hidalgo, directora ejecutiva de Participación Ciudadana, y Javier Alvarado, director de Fundación Telefónica, coinciden en que la decisión de Trump trajo un remezón en el llamado “tercer pilar”. Y que se sumó el que produjo la Ley de Transparencia Social, auspiciada por el presidente Daniel Noboa.
El tercer pilar es la sociedad civil organizada (Organizaciones no gubernamentales -ONG-, fundaciones, asociaciones) que operan fuera del Estado y las empresas, e impulsan varias causas con base en la participación ciudadana y sin perseguir fines de lucro.
Se le atribuye un papel de contrapeso de los poderes y de mediador entre las necesidades ciudadanas y las políticas públicas, así como el de proponente de nuevas formas de abordar desafíos sociales.
Alvarado e Hidalgo creen que hay intenciones políticas en el proyecto regulatorio, enviado a la Asamblea como económico urgente para evitar que el lavado de activos afecte el desempeño de las Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro (OSSFL). Rige desde agosto de 2025.
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Y concuerdan en que puede tener efectos adversos, pues las organizaciones más pequeñas no podrán cumplir las normas de compliance (cumplimiento de reglas financieras, ambientales y laborales, e identificación y reporte de riesgos operativos y legales).
Creen que el trabajo de tales organizaciones corre el riesgo de cerrarse en los sitios donde el Estado no llega, con perjuicio para los beneficiarios.
Para Alvarado, se produjo un cambio paradigmático que obligará a las organizaciones sociales a pensar en algo que resulta cotidiano en el sector privado: el contexto cambiante. Hidalgo, por su parte, cree que 2026 será un año de adaptación.
Un cambio de paradigma: Javier Alvarado
¿Cuál fue el efecto Trump en la sociedad civil organizada en 2025?
Si bien en un primer momento de 2025 muchas organizaciones esperaban ver qué sucedía con la noticia del recorte de USAID, al final del año se pasó a un cambio en la arquitectura de lo que conocíamos como cooperación y desarrollo internacional.
Es el cuestionamiento del multilateralismo, que básicamente estaba bajo el paraguas de NN.UU. Pero además Trump creó un rechazo explícito a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Y muchas organizaciones perdieron ese marco.
Se genera, por ejemplo, un estigma sobre las poblaciones en movilidad y sobre las organizaciones que trabajan en él. Ecuador es el tercer país en la región con mayor tránsito de migrantes.
Eso es aún más complejo que el cierre de la ayuda. Ahora que esta palanca de cooperación ya no existe tan abiertamente, hay países y empresas que ya no ven la sostenibilidad como marco de actuación, sino como un costo adicional a su gestión.
Mientras USAID es un problema de un donante, geopolíticamente se reconfigura el tablero mundial con menos reglas comunes, se vuelve más un ejercicio de transacción que de cooperación. Sobre todo alrededor de la seguridad, a tal punto que se llegó a hablar de securitización de la sociedad civil organizada.
¿Cuáles fueron las principales consecuencias del cierre?
La idea inicial de las organizaciones de manejar de modo compartido la crisis perdió fuerza porque hay un elemento de riesgo común que es su mantenimiento operativo, y cada organización tiene sus equilibrios financieros.
Las organizaciones sociales se debilitan en la medida en que se debilita la posibilidad de compartir. Y es justamente la diversidad temática con que las organizaciones han trabajado, la que les impide hacerlo.
Otro problema es la poca comprensión de las dinámicas del sector privado, lo que significan las responsabilidades privadas. Estas cruzan por procesos regulatorios y materialidades que las empresas analizan cuando se trata de cooperación en sostenibilidad.
Las organizaciones que han mantenido sus agendas de impacto real aun cuando han tenido sus variaciones, han cambiado las narrativas. Siguen trabajando en género pero empezaron a hablar por ejemplo de desarrollo económico social, aunque al final del día era equidad de género.
¿Cuál fue el impacto de la Ley de Transparencia Social?
La preocupación se da por los puntos críticos de la Ley, no solo en el cambio del ente de control, las inversiones en cuentas basadas en riesgos, los sistemas de integridad institucional, que empujan al cumplimiento de aspectos que no estaban sino en el día a día de las organizaciones grandes y estructuradas.
Se exige compliance, trazabilidad de fondos, responsabilidad de los datos, debida diligencia, lo que se llama la transparencia legítima. Para organizaciones con pocos recursos, en un contexto en que hay una restricción de recursos, el problema se agrava.
Y si el Gobierno se acerca y te pide algo, ¿en qué medida puedes mantener tu neutralidad versus este miedo? A algunas las llaman a participar activamente en temas vinculados con la seguridad, a emergencias o desastres.
Este tema pasa por la experiencia de hace década y media, cuando los registros sociales devinieron en una suerte de instrumento para callar a actores incómodos. Este temor está sobre la mesa. Cuando vimos hace poco el congelamiento de fondos, se pensó en la mordaza para actores que pueden ser incómodos.
La tensión entre el propósito y la autocensura por las regulaciones y dependencia de fondos, hace más difícil la sinergia dentro de la propia organización, por ejemplo entre el área que hace los programas y la que busca los fondos.
Se instala este pensamiento colectivo que tiene este enfoque en la gestión de riesgos, en un nuevo sistema unificado de información, que son candados o llaves que pueden facilitar o dificultar el trabajo de las organizaciones.
Se produce una fatiga moral porque les toca hacer más con menos. La ley sí genera un quiebre en las entidades que no han tenido una cultura organizacional. Parecía que bastaba tener un buen propósito pero hay costos operativos.
Esto ubica a las organizaciones en una discusión que venían teniendo algunas del sector privado: entender los entornos cambiantes. Muy pocas tenían un ejercicio real de analizar el contexto para operar. Si haces una revisión casuística tenías las mismas intervenciones por décadas.
En 2025 las ONG estuvieron obligadas a repensar la sostenibilidad institucional, no solo por financiamiento sino por entender que deben evolucionar y transformar la manera en la que generan impacto y fundamentalmente su dirección estratégica y su modelo organizacional.
¿Cuáles son los desafíos?
El principal es entender que necesitas portafolios financieros más diversificados, empezar a probar financiamiento con fundaciones privadas, con empresas, hacer alianzas corporativas, probar modelos de negocios finales, en los cuales se traslada el costo al beneficiario final dentro del concepto social.
Lo segundo es la comprensión de que hay que medir para presentar evidencias de las intervenciones estructurales. Organizaciones que en otro momento no hacían tanto esfuerzo para generar mediciones de impacto y de resultados, empezaron a incorporarlas como parte del proceso.
Asimismo, cómo se abraza la tecnología, cómo convertirse en un servicio, pero hay discusiones que algunas organizaciones todavía no han logrado entender como la gobernanza, el mayor perfilamiento de sus directores, las lecturas del contexto, el juego de intereses locales e internacionales, las buenas prácticas que en otros sectores funcionan.
Vivir con nuevas reglas: Ruth Hidalgo
¿Cuál fue el efecto Trump en la sociedad civil organizada en 2025?
A Ecuador le tocó en la tercera semana de enero de 2025 afrontar la decisión del presidente Trump de dejar sin efecto las donaciones que ya habían sido aprobadas para cooperación internacional para América Latina.
Pero hizo énfasis en aquellas donaciones que estaban siendo recibidas por la USAID, en un marco que la puso en una ruta de rendición de cuentas, pero sobre todo de sospecha de mal uso de cooperación orientado a propuestas que no tenían nada que ver con el gobierno entrante.
Hay que tomar en cuenta que las directrices siempre se han ajustado a la visión del régimen que llega. No es la primera vez que se recortan fondos: en algunos momentos han sido priorizados para necesidades globales. Por ejemplo, en la crisis de hambruna en África, se bajó mucho la cooperación en América Latina.
Pero es una sorpresa porque la USAID había venido trabajando desde hace 20 años en Ecuador en temas como democracia, minorías, diversidad de género, entre otros. Fue una decisión extrema: terminar con una agencia de cooperación, quizás la que más recursos entregaba.
En esta ocasión la narrativa está asociada a la visión de Trump sobre su gobierno y su misión: hacer a América grande otra vez. Esto quiere decir que los recursos deben ser empleados para beneficio de los mismos estadounidenses, en un contexto conflictivo en Estados Unidos.
El presidente Trump asume en un ambiente de conflictividad social y geopolítica extrema. Ucrania viene atravesando problemas con Rusia y los ojos de la opinión pública mundial están dirigidos a cuál va a ser la posición de EE.UU., en un momento en que tiene un rol importante sobre Israel, Venezuela, China.
En medio de esta complejidad, llega el discurso de fortalecimiento del americanismo, y me imagino que se evalúa cuán beneficioso es tener un rubro tan importante de flujo de recursos hacia América Latina y Ecuador. Trump es muy crítico con los organismos de cooperación.
¿Cuáles fueron las principales consecuencias del cierre?
Las acciones, los proyectos quedan parados. Pero hay una consecuencia más de fondo que produce una decisión de echar abajo una institución generada a partir de la visión del presidente John F. Kennedy, para enfrentar desafíos en educación, pobreza, derechos sociales, políticos, económicos.
La consecuencia es que mueve el piso del concepto fundacional de lo que venía haciendo la sociedad civil en su conjunto. Te quedas de un rato a otro sin fondos, la sociedad civil se queda marcando un teléfono que suena “ocupado” y no sabe en qué va a parar.
Esta decisión obliga a las organizaciones de la sociedad civil a pensar en nuevas estrategias por fuera de lo que se conocía como cooperación internacional. Se debe decir que lo que pasó con la USAID no ha pasado con el resto de la cooperación.
Esta decisión provoca mucha mortandad en la sociedad civil. Sería bueno saber cuántas ONG han sucumbido, cómo están, dónde están.
Ha provocado un cambio radical no solo económicamente: es una afectación a la actividad política de las ONG. Una crisis profunda que pocas organizaciones están pudiendo superar. No es bueno ni malo sino una transición del papel que deben cumplir en el siglo XXI, que no es como se veía desde 1980 hasta hoy.
¿Cuál fue el impacto de la Ley de Transparencia Social?
Las organizaciones sociales son fundamentales para las democracias. La Ley abre un abanico de oportunidades pero también de riesgo: una sociedad civil a la que por recibir fondos no le quede más que alinearse bajo ciertos principios.
Se podría pensar que el cambio no es tan fuerte pero sí está previsto desde una visión más empresarial. El compliance, la auditoría no son difíciles de cumplir para las organizaciones sociales grandes. Lo que va a suceder es que se van a seguir extinguiendo las pequeñas.
Poner una gran parte de su energía en buscar fondos y en cumplir las regulaciones las distrae de su objetivo, de su misión y de su visión. Nadie va a ser kamikaze para que te cierren, cuando tenemos además una crisis en la justicia.
Por ejemplo qué va a pasar con organizaciones como las redes de tejedoras. Brindan capacitación a mujeres, generan beneficios en temas económicos, sociales, tiene una representación eventual pero no tienen oficinas. Pedirles que cumplan los parámetros de la Ley va a ser imposible.
Hay que plantearse, en un momento en que hay que defender a las mujeres, a los jóvenes, a las mascotas, si vale la pena cerrarlas. ¿Quién va a asumir ese rol? Tenemos que preguntarnos qué va a pasar con la actividad de esas pequeñas organizaciones, va a producirse un vacío que el Estado es incapaz de cumplir.
Hay un vaciamiento de la sociedad civil organizada que quizás no se pueda sentir a la luz de un gobierno central o de las ciudades grandes. ¿Pero qué hay con comunidades beneficiarias de pequeñas organizaciones que hacen trabajos pro bono y se basan en la filantropía?
La sociedad civil incomoda al poder. Siempre ha estado poniendo los límites, y frenar a esos guardianes de la democracia parecería ser conveniente para ciertos regímenes. Pero a nadie le conviene, y creo que los efectos se van a ver en el corto plazo.
¿Cuáles son los desafíos?
Me pregunto qué nos va a pasar como sociedad civil y como democracia. Las organizaciones de la sociedad civil son independientes y tienen legados importantes de visibilización de problemas, sobre todo de aquellos que tratan de ser invisibilizados.
Se puede decir que con lo que sucedió en Ecuador en 2025 se han redoblado los desafíos para la sobrevivencia y la adaptación. El año pasado ha sido de supervivencia y 2026 será de adaptación.
Las organizaciones de la sociedad civil tienen que aprender a vivir con nuevas reglas. Y esto siempre viene acompañado de una reinvención.
