'Queremos que el sector productivo sea protagonista de la Economía Circular’
María José Hernández, directora de Sostenibilidad de la Cámara de Industrias y Producción, analiza los retos en data, informalidad y responsabilidad extendida del productor.
Hace casi cinco años (julio de 2021) se aprobó la Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva en Ecuador.
Dos años después se promulgó su reglamento (agosto de 2023) y, en noviembre de 2024, se lanzó la Estrategia Nacional de Economía Circular, cuya implementación está prevista entre 2025 y 2035.
El año pasado, el Gobierno anunció cambios en la normativa e incentivos para promover su desarrollo, pero aún no se concretan.
En esta entrevista con Youtopía Ecuador, María José Hernández, directora de Sostenibilidad y Desarrollo Local de la Cámara de Industrias y Producción (CIP), analiza qué falta para consolidar este modelo de producción y desarrollo económico, y cuál es el rol del sector privado.
Xavier Basantes
¿Cuál es el panorama actual de la economía circular en el sector empresarial ecuatoriano?
La sostenibilidad y la economía circular dejaron de ser un tema de moda. En Ecuador se convirtieron en un asunto normativo y regulatorio, pero sobre todo forman parte del 'core' empresarial.
La Cámara de Industrias y Producción es un gremio con propósito que busca que las empresas que representamos aporten de manera sólida al desarrollo sostenible del país.
La economía circular ya cuenta con una Ley que se ha fortalecido con el Sistema Nacional de Economía Circular Inclusiva. Existe un marco regulatorio que responde a metas y objetivos claros. Sin embargo, todavía enfrentamos muchos retos.
Al menos hoy partimos de una normativa y de una visión que se ha consolidado en los últimos años.
Una ley que está por cumplir cinco años, pero que en la práctica no termina de consolidarse. ¿Por qué no se afianza su implementación?
Uno de los principales cuellos de botella es no tener claridad sobre quién lidera, desde el Estado, la Ley de Economía Circular Inclusiva. ¿Quién es la autoridad responsable de construir métricas, definir objetivos y garantizar procesos?
En estos cinco años han existido pocos espacios para conocer cómo se implementan políticas específicas, como la gestión de RAEE o llantas, o cómo se evalúan las metas prioritarias establecidas en la Ley.
Existe un desfase respecto a quién asume la responsabilidad plena: si el Ministerio del Ambiente y Energía o el Ministerio de Producción y Comercio Exterior.
Cuando no hay una cabeza claramente definida, la responsabilidad se diluye y los avances se ralentizan, no solo para el sector empresarial, sino para todos los actores involucrados, incluidos los recicladores de base.
También es necesario integrar nuevos actores que dinamicen una Ley que funciona como paraguas, para distintos sectores productivos.
“Cuando no hay una autoridad claramente definida, la responsabilidad se diluye y los avances en economía circular se ralentizan”.
¿La falta de avances depende exclusivamente del Gobierno o también de las empresas?
Depende principalmente de quienes toman decisiones. El sector productivo impulsa iniciativas incluso sin una ley que lo obligue.
Hay empresas comprometidas con un desarrollo sostenible, más empático con la comunidad y el ambiente, que responden a estándares internacionales o a políticas de casas matrices multinacionales.
Además, el mercado es cada vez más consciente. Llegar a consumidores informados exige transformar la manera en que el sector productivo estructura su estrategia. Muchas acciones ya se realizan más allá del cumplimiento normativo.
Xavier Basantes
¿Cuál es el mayor desafío para dejar el modelo lineal y avanzar hacia uno circular?
Desde la Cámara, que representa principalmente a grandes industrias, el principal desafío está en el ámbito ambiental.
La industria tiene un impacto ambiental mayor que otros sectores, como el comercio, y la normativa se ha desarrollado con más énfasis en este eje, dentro del marco ESG.
En otros sectores, como la banca, el componente ambiental puede ser menos determinante que el social o el de gobernanza. En nuestro caso, el enfoque principal ha sido ambiental.
¿Cuáles son los otros 'cuellos de botella'?
Existen varios. Uno central es la data y la medición. Hablamos de reincorporar residuos al mercado, pero no contamos con una plataforma que consolide información sobre cuánto se recolecta, cómo se reincorpora y si el mercado está preparado para recibir productos circulares.
También están los costos. En el caso del plástico, por ejemplo, el PET virgen es más barato que el PET reciclado. Ese diferencial impacta la decisión empresarial.
Otro gran desafío es la informalidad. En Ecuador alcanza alrededor del 60%. Muchas empresas informales desconocen la Ley y no la cumplen, pero tienen un peso significativo en la economía. Esto dificulta generar impactos amplios.
“Hablamos de economía circular, pero sin datos claros sobre recolección y reincorporación de residuos es muy difícil avanzar".
¿La informalidad afecta solo a los sectores vinculados al reciclaje?
No. Es un fenómeno transversal. Todos los sectores deberían incorporar procesos más limpios y circulares. Cuando la competencia se basa en precio y existe alta informalidad, la circularidad enfrenta barreras adicionales.
Representamos 62 sectores productivos, incluidos numerosos emprendimientos y pymes. A escala global, las pymes representan el 90% de la economía.
Muchas no cuentan con departamentos de sostenibilidad que orienten su transición. Por eso es clave fortalecer sus capacidades y su visión estratégica.
“Con un 60% de informalidad en la economía, cualquier política de circularidad enfrenta un desafío estructural”.
¿Qué rol cumple la responsabilidad extendida del productor (REP)?
Es un reto importante. Las empresas están más conscientes de que deben hacerse cargo de lo que ponen en el mercado. Sin embargo, no se ha avanzado lo suficiente en un modelo que integre a todos los actores, especialmente al consumidor.
Desde la Comisión de Sostenibilidad de la CIP trabajamos con el Ministerio del Ambiente y Energía, el Ministerio de Producción, Proyección Futura, WWF y Deloitte en un proyecto piloto sobre responsabilidad extendida del productor enfocado en empaques y envases.
La idea es construir política pública a partir de una experiencia real: definir metas de recolección con validación técnica y generar métricas comprobables.
“La política pública debe construirse a partir de experiencias reales y métricas técnicamente validadas”.
¿Cómo se abordará el riesgo de greenwashing en ese piloto?
El greenwashing un riesgo real. Por eso el ejercicio es multiactor. Deloitte aporta estándares técnicos y los ministerios participan como entes de supervisión. El objetivo es que las métricas y reportes sean verificables y que la comunicación no incurra en prácticas engañosas.
La participación de varios actores añade filtros y fortalece la credibilidad del proceso.
Sobre la entrega de certificaciones de sostenibilidad y posibles metodologías “a la medida”, ¿cuál es su visión?
No podría asegurar que una certificación esté totalmente libre de riesgos de greenwashing. La responsabilidad principal recae en cada empresa.
Desde la Cámara conectamos a nuestros miembros con actores confiables y promovemos procesos de compliance.
No intervenimos directamente en las certificaciones, pero generamos espacios técnicos, como Pulso Circular, por ejemplo, para analizar normativa y ofrecer herramientas de fortalecimiento.
El riesgo existe a escala global. Ninguna empresa está completamente exenta del greenwashing. Ahí está lo que pasó con Patagonia.
Xavier Basantes
¿Cuál es el rol de la Cámara en la economía circular?
Nuestro rol es técnico. Analizamos políticas públicas, acompañamos mesas técnicas y traducimos la normativa para que las empresas comprendan sus impactos.
También promovemos formación, cooperación internacional, fortalecimiento de cadenas de valor, mejora de etiquetado, análisis de mercado y conexión con actores estratégicos.
En la Cámara trabajamos desde varios frentes: capacitación, normativa y acompañamiento técnico.
¿Qué ocurrió con el Sistema Nacional de Información de Economía Circular anunciado con apoyo de Cepal?
Hemos solicitado ser parte del Sistema Nacional de Economía Circular Inclusiva. Sabemos que Cepal realizó una consultoría inicial, similar al proceso de incorporación de la bioeconomía en las cuentas nacionales.
No hemos recibido información actualizada sobre avances o resultados. Esperamos que en el primer semestre de este año exista una versión consolidada. La data es fundamental para avanzar.
Youtopia
¿Qué se puede esperar este año?
Aunque la normativa no esté plenamente consolidada, se pueden impulsar acciones concretas. Es fundamental exigir que herramientas como el Sistema Nacional de Economía Circular Inclusiva se implementen oportunamente.
La generación de data sigue siendo el principal cuello de botella. Lo que no se mide no se puede mejorar. Sería positivo que el INEC o el Banco Central del Ecuador incorporen indicadores de economía circular.
Desde la Cámara continuaremos generando espacios de diálogo y fortaleciendo el proyecto piloto. Queremos que el sector productivo sea protagonista en la implementación de la Ley de Economía Circular, aportando desde la experiencia real para construir mejores políticas públicas.
“Queremos que el sector productivo sea protagonista en la implementación de la Ley de Economía Circular en Ecuador”.
¿Cuándo estará listo el proyecto piloto?
El objetivo es concluirlo este año. Ya se han realizado varios talleres con los actores involucrados.
Más que un anuncio público, buscamos un ejercicio práctico que permita aprender: evaluar logística inversa, identificar fallas, entender el rol del consumidor y mejorar procesos.
Queremos que más actores analicen los resultados y aporten una mirada crítica que permita avanzar.
Como gremio que representa a empresas formales comprometidas con el desarrollo sostenible del país, apostamos por construir política pública desde la experiencia y la evidencia.
María José Hernández. Economista licenciada en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene un Diplomado en Gestión de Proyectos de la City University of New York y un Diplomado en Gobernanza y Liderazgo Político otorgado por la Universidad Hemisferios. Cuenta con más de una década de experiencia en el sector gremial. Actualmente se desempeña como Directora de Sostenibilidad y Desarrollo Local de la Cámara de Industrias y Producción. También asesora sobre temas relacionados con género y políticas públicas.
