Comisión aprueba informe minero y crece el debate sobre la licencia ambiental
La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea aprobó el informe de la ley urgente de minería y energía. La simplificación de la licencia ambiental preocupa.
Con seis votos a favor, la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa del Legislativo aprobó el informe para primer debate, del Proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía.
Esta iniciativa, que fue enviada el 28 de enero de 2026, fue calificada por el Ejecutivo como urgente en materia económica. Ahora, el texto pasará al Pleno de la Asamblea Nacional para su discusión.
La propuesta establece un marco normativo especial para las actividades de minería y energía eléctrica en los ámbitos público y privado, con aplicación en todo el territorio nacional.
Youtopia
Cambios estructurales en minería
El proyecto plantea reformas a la Ley de Minería para ordenar los actos administrativos previos a la actividad extractiva, actualizar el régimen de patentes de conservación y redefinir el sistema de regalías.
El objetivo de esta propuesta, según el Gobierno, es asegurar una participación más eficiente del Estado en los beneficios de la explotación de recursos naturales.
Uno de los cambios centrales es la unificación de la etapa de exploración en un período continuo de hasta 15 años: cuatro para exploración inicial y once para exploración avanzada y evaluación económica. Con ello, se elimina la necesidad de autorizaciones sucesivas entre subfases.
Además, se propone un régimen escalonado de patentes —entre 2,5% y 10% según la fase del proyecto— para evitar el acaparamiento de concesiones y fortalecer la recaudación anticipada mediante regalías.
En el ámbito territorial, los Gobiernos Autónomos Descentralizados deberán registrar y detallar ante el Ministerio Sectorial, el uso de las regalías mineras, garantizando que se destinen a inversión social en las zonas de influencia.
Youtopia
Licencia ambiental en el centro del debate
Uno de los puntos que ha generado mayor discusión es el tratamiento de la licencia ambiental.
El informe sostiene que no se eliminan derechos ni controles constitucionales, pero sí se busca simplificar procedimientos que han sido considerados un “cuello de botella”, especialmente en la fase inicial de exploración.
La reforma plantea ajustar los instrumentos ambientales exigidos para ciertas etapas, bajo el argumento de agilizar trámites sin reducir estándares de protección.
Asimismo, se incorpora la figura del silencio administrativo positivo: si en un plazo de 30 días la autoridad competente no se pronuncia sobre posibles afectaciones al patrimonio natural o cultural, se entenderá que no existe objeción para el inicio de actividades.
En cuanto a la consulta previa, libre e informada, el proyecto ratifica su vigencia y señala que su regulación específica deberá desarrollarse en una ley distinta, conforme a lo dispuesto por la Corte Constitucional (CC).
Youtopia
La oposición de la sociedad civil
La Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (CEDENMA) emitió un pronunciamiento público, en el que rechaza el Proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía.
Según la organización, la iniciativa busca acelerar la expansión de actividades mineras en todo el país, reduciendo controles ambientales y priorizando los intereses de empresas nacionales y transnacionales "por encima de los derechos de la naturaleza y de las comunidades".
CEDENMA advierte que la tramitación bajo la figura de “urgencia económica” limita la participación ciudadana y viola principios constitucionales, incluyendo el derecho a un ambiente sano, la participación efectiva, la protección de ecosistemas estratégicos y los derechos de pueblos y nacionalidades.
Otro de los elementos que genera debate es la creación de “Áreas Mineras con Protección de Seguridad Estratégica”, que prevé la participación de las Fuerzas Armadas en la protección de zonas vinculadas a proyectos estratégicos.
“Cualquier disposición que involucre a las Fuerzas Armadas en actividades relacionadas con inversiones privadas debe analizarse cuidadosamente a la luz del artículo 158 de la Constitución, que delimita con claridad su misión institucional”, señaló Gustavo Redín, abogado de CEDENMA.
La organización exige a la Asamblea Nacional archivar el proyecto, someterlo a control preventivo de constitucionalidad y garantizar procesos reales de participación, antes de cualquier reforma a la legislación ambiental y minera.
Youtopia
Energía, inversión y seguridad jurídica
En el ámbito eléctrico, en el informe aprobado por la Comisión se destaca que la iniciativa del Ejecutivo introduce reformas a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, "para fortalecer la planificación sectorial".
Además, apunta a regular la generación distribuida para autoabastecimiento y establecer condiciones para la participación excepcional de empresas privadas, estatales extranjeras y de la economía popular y solidaria en proyectos estratégicos, bajo rectoría estatal.
El proyecto también contempla la creación de clústeres mineros integrales para articular infraestructura, logística y servicios entre el sector público y privado, así como medidas de seguridad estratégica para proteger áreas mineras frente a amenazas ilícitas.
La propuesta es presentada por el Ejecutivo como una herramienta para enfrentar la crisis económica, generar liquidez sin crear nuevos tributos y promover inversión en sectores estratégicos.
El debate en el Pleno de la Asamblea definirá el alcance final de una reforma que combina expectativas de reactivación económica con interrogantes ambientales y sociales.
