El Caso Loma Larga: ¿soberanía hídrica o desarrollo minero?
A pesar de tener la licencia ambiental, el Gobierno suspendió el proyecto en agosto de 2025. Daniel Noboa advierte a los GAD de Cuenca y Azuay.
El proyecto minero Loma Larga, desarrollado por la empresa canadiense Dundee Precious Metals (DPM) en el páramo de Quimsacocha, provincia del Azuay, ha sido suspendido por el Gobierno, a través del Ministerio de Energía y Minas, debido a la falta de un Plan de Manejo Ambiental completo.
A pesar de contar con licencia ambiental vigente, el Ejecutivo ha trasladado la decisión final a los gobiernos locales del Municipio de Cuenca y la Prefectura del Azuay, solicitando informes técnicos y jurídicos sobre el impacto del proyecto.
"La licencia ambiental para la explotación del proyecto ambiental Loma Larga fue emitida por el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate), el 23 de junio de 2025". Así lo anunció DPM en su página oficial, a través de un comunicado.
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Noboa advierte riesgos legales y económicos
El presidente Daniel Noboa declaró, este 12 de septiembre de 2025, que ve una “altísima” probabilidad de que el proyecto no se concrete.
No obstante, advirtió que una cancelación sin fundamentos técnicos sólidos podría derivar en sanciones económicas internacionales.
“Yo no voy a seguir con este proyecto (...) pero si no se sustenta adecuadamente, puede haber consecuencias”, señaló en entrevista con la radio La Suprema.
Noboa recordó que el proyecto, vigente desde hace más de 20 años, ha cumplido con todos los pasos legales. Sin embargo, reiteró que corresponde a las autoridades locales presentar informes sólidos si desean impedir su ejecución.
"Municipio (de Cuenca) y Prefectura (del Azuay) háganse cargo. Pero si el día de mañana tienen que ir a la corte de Londres a pelearse con Dundee, tienen que ir y sustentar sus informes", señaló Noboa en la entrevista.
También afirmó que el caso ya ha generado retrasos en la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Canadá, y comparó el riesgo legal con el histórico caso Chevron, donde Ecuador fue condenado a pagar USD 800 millones.
Comparecencias en la Asamblea Nacional
Dos días antes, el 10 de septiembre, la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional citó a representantes de los ministerios de Energía, Ambiente y Agua para esclarecer el proceso de otorgamiento de la licencia ambiental.
Xavier Subía, viceministro de Energía y Minas, aseguró que el proyecto no afectará las fuentes de agua de Cuenca, y que las zonas de captación del proyecto están fuera de las áreas de recarga hídrica.
Precisó que la mina subterránea proyectada generaría una inversión de más de USD 419 millones durante 2025 y 2026, además de exportaciones por USD 2.397 millones y beneficios fiscales por USD 212 millones.
Sobre la consulta previa, afirmó que se realizaron todos los procesos requeridos con la participación de 240 ciudadanos y que el informe entregado tiene más de 90.000 fojas. Además, aclaró que aún no existe un contrato de explotación firmado; el próximo paso sería la negociación bajo condiciones de transparencia y mitigación ambiental.
Daniela Limongi, viceministra del Ambiente, indicó en la Comisión que el proceso de regularización ambiental tomó cinco años, y que la licencia fue emitida tras cumplir todos los requisitos.
Mientras tanto, Freddy Muñoz, viceministro de Agua, aseguró que el área de recreación Quimsacocha no será afectada, ya que se encuentra a 1.3 kilómetros de distancia del proyecto.
En contraste, asambleístas como Inés Alarcón cuestionaron la legalidad de la licencia ambiental, recordando que en consultas populares de 2019 y 2021, los ciudadanos del Azuay rechazaron la minería en zonas de recarga hídrica. Muñoz respondió que no se han firmado concesiones en esas zonas, respetando el mandato popular.
Desde el sector privado, Guillermo Salgado, gerente general de Dundee Precious Metals, defendió la legitimidad y beneficios del proyecto, asegurando que generaría más de 1.500 empleos, especialmente para jóvenes profesionales. “Hablamos de futuro. Ecuador puede demostrar al mundo que la minería con impacto positivo es posible”, afirmó.
Reacciones y denuncias
El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, ha mantenido su postura contra el proyecto, exigiendo el retiro de vallas publicitarias y revirtiendo la incorporación de tierras al catastro minero.
El gobernador del Azuay, Xavier Bermúdez, recordó que la decisión final sobre la continuidad del proyecto recae en un juez constitucional.
En medio del debate, el activista y excandidato presidencial Yaku Pérez denunció al presidente Noboa, a su esposa Lavinia Valbonesi y a la empresa Dundee Precious Metals, por presunto tráfico de influencias y cohecho, alegando que la licencia ambiental fue concedida tras supuestas donaciones a la fundación de Valbonesi.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) también se pronunció, recordando que la ciudadanía ya votó en contra de la minería en Cuenca. “Ese mandato debe cumplirse. El agua es vital para Cuenca, para Azuay, para Ecuador”, declaró la organización en rueda de prensa.
Un proyecto entre lo legal y lo legítimo
Loma Larga prevé una inversión de entre 400 y 500 millones de dólares, con una producción estimada de 925.000 onzas de oro y al menos 500 empleos directos en su fase inicial.
Además, DPM espera que la vida útil de la producción minera sea de aproximadamente 170.000 onzas de oro por año.
Dundee Precious Metals esperaba firmar el contrato de explotación a finales de 2025, para iniciar la construcción de la mina en 2026.
Sin embargo, actualmente el proyecto enfrenta un camino incierto.
Sin plazos establecidos para los informes técnicos solicitados por el Ejecutivo, y con presiones sociales, legales y diplomáticas en juego, la decisión sobre Loma Larga se ha convertido en un punto crítico para la política ambiental y minera del país, así como para la relación entre el Gobierno central y los gobiernos locales.
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