10 prioridades para reducir la desnutrición crónica infantil
Expertos advierten que, pese a los avances, Ecuador enfrenta desafíos estructurales, financieros y territoriales. La falta de monitoreo preocupa.
Uno de los objetivos que busca alcanzar el Ecuador en los próximos cinco años es reducir la tasa de Desnutrición Crónica Infantil (DCI), a menos del 15%, en los niños y niñas menores de dos años de edad.
Actualmente, ese indicador se encuentra en el 19,3%, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil (ENDI), que se presentaron en octubre de 2024.
Una de las acciones emprendidas para avanzar en la reducción de la DCI es elevar el número de beneficiarios del Bono 1.000 Días. El Ejecutivo tiene una meta para el año 2025: pasar de 140.000 a 160.000 personas atendidas.
Xavier Basantes
Si bien hay una Estrategia que marca la hoja de ruta para mejorar la DCI en el Ecuador, lograr la meta al 2030 requiere realizar ajustes en el camino.
Esos aspectos fueron abordados en el marco de la presentación del Centro de Análisis y Seguimiento de la DCI, promovido por la Fundación Ecuador Crece Contigo, USFQ y Uisek; y liderado por el expresidente Guillermo Lasso.
Como ponentes participaron Nelson Gutiérrez, especialista senior de Protección Social del Banco Mundial; Karla Santos, consultora de Apoyo a la Coordinación de Mejor Nutrición – FAO Mesoamérica y José Ruales, exministro de Salud y decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de Uisek.
Si bien los expertos destacaron los avances obtenidos en el último lustro, aún hay desafíos que se deben tener en cuenta por la administración de Daniel Noboa.
A partir de las exposiciones, Youtopía Ecuador plantea los diez principales aspectos que generan oportunidades de mejora en la Hoja de Ruta de la DCI.
Ecuador aún está por encima del promedio de desnutrición crónica infantil en América Latina que es de 9%.
Los 10 principales desafíos de la DCI
A pesar de avances importantes en los últimos años, persisten múltiples desafíos estructurales, operativos y financieros que limitan la eficacia de las políticas públicas destinadas a combatir este problema. A continuación, los retos:
1. Persistencia de brechas territoriales y sociales
Las desigualdades en la prevalencia de DCI son marcadas entre zonas rurales y urbanas, provincias y parroquias. Existen comunidades, como Gualea (Pichincha), con niveles de DCI superiores al 30%, muy por encima del promedio nacional. Asimismo, las brechas étnicas son preocupantes: los niños indígenas tienen el doble de probabilidades de sufrir DCI en comparación con otros grupos.
2. Falta de gobernanza territorial e integración intersectorial
Aunque se ha avanzado en el diseño de una estrategia integral, su implementación a nivel local sigue siendo fragmentada. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) aún no logran una coordinación efectiva con los ministerios responsables (MIES y MSP), ni una articulación territorial sólida.
3. Insuficiencia y desigualdad en el financiamiento
A pesar del aumento presupuestario en los últimos años, persiste una ejecución ineficiente y una distribución inequitativa de los recursos. En parroquias como Pangua (Cotopaxi) y Santa Clara (Pastaza) a pesar de tener los mismos niveles de DCI (29%) muestran asimetrías importantes: en 2023 en Pangua se destinaron USD 1,04 por niño, y en Santa Clara fueron USD 13,65. Además, las restricciones fiscales recientes han impedido la contratación de personal y la dotación de equipos básicos.
4. Desaceleración en la reducción de la DCI y estancamiento de resultados
Entre 2023 y 2024 se ha evidenciado un estancamiento en la reducción de la DCI. Esta desaceleración responde, entre otras causas, a la rotación constante de autoridades y a la debilitación del monitoreo en áreas críticas, como las atenciones prenatales y el seguimiento nutricional.
5. Débil monitoreo y rendición de cuentas
La falta de herramientas públicas para visualizar el gasto y los resultados (como un sistema de presupuesto por resultados) impide evaluar el impacto real de las intervenciones. Además, instrumentos fundamentales para la medición de la DCI, como la Encuesta Nacional de Desarrollo Infantil (ENDI), no han sido ejecutados a pesar de contar con financiamiento. Va con un año de retraso.
Youtopia
6. Baja productividad institucional y desbalance en recursos humanos
Aunque el número de atenciones ha aumentado, hay señales de estancamiento en la capacidad de respuesta del Ministerio de Salud Pública (MSP). La reducción de personal en los últimos años afecta especialmente al primer nivel de atención, clave para la prevención de la DCI.
7. Limitado uso y monitoreo de instrumentos estratégicos como el Bono 1.000 Días
A pesar de su importancia, un porcentaje mínimo de los beneficiarios acceden al componente variable del bono, lo que indica falta de información, escasa exigencia de corresponsabilidad y débil seguimiento. Esto reduce el potencial transformador de una de las principales herramientas de política social.
8. Débil enfoque conductual y de cambio cultural
La sostenibilidad de las intervenciones depende del cambio de comportamientos en las familias. A pesar del trabajo del MIES con programas como el CNH (Creciendo con Nuestros Hijos), hace falta una estrategia más fuerte de educomunicación, con mensajes claros, sostenidos y culturalmente pertinentes.
9. Problemas estructurales en la calidad del embarazo y bajo peso al nacer
La calidad del embarazo, influida por el embarazo adolescente, la mala nutrición materna y las condiciones precarias de vida, sigue siendo un factor determinante en el posterior desarrollo del niño. La desnutrición comienza a agravarse después de los seis meses de vida, lo que evidencia fallas en el acompañamiento posnatal.
10. Necesidad de continuidad política y sostenibilidad institucional
Aunque la estrategia contra la DCI ha logrado mantenerse a través de tres gobiernos, la excesiva rotación de ministros y autoridades pone en riesgo su continuidad. Se requiere institucionalizar los logros, fortalecer los sistemas de información y garantizar una visión de largo plazo.
