Suministro de energía y minería ilegal complican la agenda ambiental de Noboa
Daniel Noboa asume el poder para el período 2025-2029. Inicia su mandato con rezagos en energía, biodiversidad y acción climática.
El nuevo mandato de Daniel Noboa (2025-2029) coincide con un período clave dentro de los esfuerzos que se realizan a escala global, para acelerar las acciones enfocadas en la sostenibilidad del planeta.
De cara al cumplimiento de la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los desafíos de esta nueva administración son múltiples.
En cada uno de los ODS, Ecuador tiene tareas pendientes. La política pública no ha sido lo suficientemente efectiva para avanzar hacia las metas allí establecidas.
Y no solo es el caso de Ecuador. El 2 de abril de 2025, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) presentó un informe sobre los avances en la Agenda 2030.
En el documento se indica que, al ritmo actual, solo el 23% de las metas de los ODS se lograría en la región.
“En 2025, diez años después de la aprobación de la Agenda 2030 y a cinco años del vencimiento del plazo para el cumplimiento de los ODS, el avance en la consecución de los ODS en la región no es el que se esperaba”, José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario Ejecutivo Cepal
Uno de los mecanismos que al menos marca la agenda de trabajo del Gobierno ecuatoriano en materia ambiental se establece en la Segunda Contribución Determinada (NDC) a nivel nacional 2026-2035.
Se trata de los compromisos climáticos que asume el país ante Naciones Unidas, en su aporte para reducir la emisión de gases de efecto invernadero.
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10 ejes en el Plan Ambiental
En el Plan de Gobierno 2025-2029 de Daniel Noboa se plantean al menos 10 acciones enfocadas en sostenibilidad y ambiente.
1. Implementar la Estrategia Nacional de Economía Circular, incentivando a las empresas a la reutilización de materiales y reducción de residuos.
2. Favorecer la reducción del desperdicio de alimentos a lo largo de toda la cadena de suministro, mediante la implementación de prácticas agrícolas sostenibles.
3. Aprovechar instrumentos de financiamiento temático (azules, verdes), para desarrollar proyectos que fortalezcan la inclusión social y el cuidado del medioambiente.
4. Promover la conservación y protección del medio ambiente, la biodiversidad y el desarrollo sostenible, como pilares del desarrollo económico y social, así como la transición hacia una economía verde y con energías renovables.
5. Preservar los ecosistemas, incluyendo bosques, ríos, manglares, humedales y áreas protegidas, mediante políticas de conservación y manejo sostenible.
6. Proteger la biodiversidad por medio de la lucha contra la deforestación, la minería ilegal, la contaminación ambiental, con regulaciones eficientes.
7. Fortalecer la presencia de Ecuador en la Antártida y la cuenca Asia-Pacífico, mediante la cooperación científica y la participación en foros internacionales.
8. Aprobar e implementar el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos, para fortalecer la gobernanza del manejo de estos desperdicios.
9. Promover la cooperación internacional para fortalecer las investigaciones en tecnologías renovables y limpias, y caminar hacia la transición energética.
10. Impulsar la reforma de normativas relacionadas con la planificación urbana, la movilidad, la energía y la gestión de recursos naturales.
Xavier Basantes
Suministro de energía y minería ilegal
Más allá del Plan Ambiental para los próximos cuatro años del Presidente Noboa, hay otros asuntos prioritarios y que merecen atención urgente. De eso incluso puede depender el éxito de su agenda ambiental.
Allí están los inconvenientes en el suministro de energía eléctrica, por la incidencia de la falta de lluvias en las principales centrales hidroeléctricas; y la minería ilegal, con las respectivas consecuencias socioambientales.
La energía hidroeléctrica sigue siendo dominante en la generación de electricidad en Ecuador, al representar más del 70% de la producción nacional.
El 21 de febrero de 2025, el Ejecutivo presentó su cartera de proyectos de inversión en el sector eléctrico y en el sector minero.
En cuanto a inversiones en el sector eléctrico, la meta es incorporar 8.000 MW entre 2025 y 2030. Sobre todo este año, antes de la época de estiaje (último trimestre).
De esa cantidad se espera generar 5.700 MW de capacidad instalada hidroeléctrica, con una inversión estimada de USD 7.000 millones.
La energía nuclear también es parte de la planificación del Ejecutivo. No obstante, por los tiempos que demanda el desarrollo de esta fuente energética, se esperarían resultados en la siguiente década (2025-2035).
El Gobierno prevé invertir USD 522 millones para la generación térmica de 638 MW, que entrarán en operación este 2025, para afrontar el estiaje.
En el campo de la minería, el Gobierno espera inversiones por más de USD 7.000 millones, entre 2027 y 2031, con el desarrollo de seis proyectos de oro y cobre.
En lo que tiene que ver con la minería ilegal, por ahora se llevan a cabo acciones de las fuerzas del orden para neutralizar a los responsables, sobre todo en la Amazonía. Sin embargo, no se conoce aún un plan de largo plazo, aunque esta actividad -hasta el 2024- afectaba más de 560 hectáreas de áreas protegidas.
Lo que se tiene por ahora en agenda es la denominada Ley para Desarticular la Economía Criminal. El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, dice que esta ley es una herramienta estratégica que busca cortar el flujo económico que sostiene a los grupos de delincuencia organizados, como el narcotráfico, la minería ilegal.
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El Yasuní y el Bloque 43 ITT
En la Consulta Popular de agosto de 2023, el 58,9% de los votantes se pronunció a favor de mantener el crudo del Bloque 43 ITT, bajo tierra.
A partir de ese resultado y con base en un pronunciamiento de la Corte Constitucional, la finalización de operaciones en el bloque debía cumplirse hasta el 31 de agosto de 2024.
Sin embargo, el plazo no se cumplió y, por el contrario, el Gobierno anunció que el cierre definitivo de los 246 pozos que están en ese campo tomaría al menos cinco años.
En el marco de la presentación del Plan de Inversiones del Sector de Hidrocarburos 2025-2029, el 22 de enero de 2025, el Ejecutivo informó que en 2024 se cerraron 10 pozos. La proyección para este año es cerrar otros 48.
No obstante, organizaciones ecologistas en defensa del Yasuní no solo exigen el cierre de los pozos. También demandan con urgencia un plan de remediación y reparación de los daños causados por el extractivismo petrolero.
Las autoridades prevén que el costo del cierre definitivo del Bloque 43 ITT es de USD 1.345 millones y comprende cinco fases.
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Otros retos ambientales
Además de sancionar la minería ilegal y garantizar la participación de las comunidades en los procesos relacionados con la extracción de recursos naturales, María Cristina Puente, Co Founder de la Sociedad Ecuatoriana de Derecho Forestal y Ambiental, plantea otros desafíos.
Entre ellos, recuperar la institucionalidad del sector; y fomentar la gestión ambiental sostenible desde los gobiernos autónomos descentralizados (GAD).
Además, dar pasos concretos en la llamada ‘transición ecológica’; y asumir la legalización y regularización de tierras y territorios rurales, como un tema prioritario en la gestión pública.
“Hay que recuperar la institucionalidad ambiental, en temas como la creación de un servicio nacional de áreas protegidas, la superintendencia ambiental, que además es una tarea pendiente desde hace varios años”, anota Puente.
En cuanto a la transición ecológica hace hincapié en que debe haber coherencia entre las políticas sectoriales extractivas, de sostenibilidad y de conservación, “sin olvidar temas como la seguridad ambiental y la justicia climática”, señala la abogada especialista en temas ambientales.
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