Minería ilegal, segundo mercado delictivo más lucrativo en Ecuador
Un análisis exhaustivo de la diversificación del crimen organizado. También se aborda el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de activos y la extorsión.
La minería ilegal se consolidó en 2025 como el segundo mercado más lucrativo del crimen organizado local, según el "Informe de Caracterización del Crimen Organizado en Ecuador" correspondiente a ese año.
Se mencionan ingresos por USD 1.300 millones, aunque la cifra corresponde a 2024. No hay aún un cálculo de los ingresos de la actividad ilícita en 2025. Ese año subió el precio del oro, al tiempo que el Gobierno informó sobre la destrucción intensiva de infraestructura de la minería ilegal (ver al final de la nota).
El documento, elaborado por la Pan American Development Foundation (PADF) y el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), analizó la evolución de los mercados ilícitos mediante un enfoque de "cadenas de valor", frente a la mayor diversificación y fragmentación de la criminalidad.
Esta perspectiva, se señala, "permite desagregar los mercados criminales en fases operativas, desde el suministro de materia prima y el procesamiento, hasta la logística, el control territorial y el lavado de activos".
La investigación se basa en la triangulación de fuentes, combinando el análisis de información oficial, fuentes abiertas y recolección de información primaria obtenida en talleres y entrevistas con actores clave en Guayas, Pichincha, Esmeraldas y Orellana.
El estudio, actualizado el 19 de marzo de 2026, identifica al narcotráfico como la principal expresión criminal del país, seguido por el "vertiginoso ascenso de la minería ilegal". Y también se ocupa de los crímenes conexos.
En ese sentido, destaca la "institucionalización" de la extorsión como mecanismo de control territorial y describe detalladamente los sitios en los cuales se practica mayormente, así como el modus operandi de las bandas e incluso los montos que suelen moverse.
También se refiere a la diversificación del lavado de activos a plataformas tecnológicas y criptomonedas. Cita la estimación de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés): entre 2% y el 5% del PIB mundial proviene del lavado de activos, "que se traduciría en USD 3.000 a 5.000 millones lavados con relación al PIB de Ecuador".
Los representantes de seguridad y justicia entrevistados "mencionaron desafíos respecto a las nuevas formas que ha adquirido el blanqueamiento de los ilícitos con el uso de criptomonedas y pronósticos deportivos y la capacidad de detectar los flujos ilícitos e iniciar investigaciones", se señala.
Hay también un acápite destinado al crecimiento del tráfico de armas, tanto de fabricación nacional como importadas. "La relación directa del tráfico de armas con el tráfico de drogas se ha mantenido vigente en los últimos años -32,7% de los homicidios intencionales tuvieron como motivación el tráfico interno e internacional de drogas-", según el OECO.
No obstante, los resultados del levantamiento correspondiente a este estudio dan cuenta de su creciente uso en otras actividades delictivas: protección de las cadenas de valor de la minería ilegal o a su vez de amedrentamiento para cobro de extorsiones, precisa el informe.
De tal manera que, entre 2020 y 2025, el uso de armas de fuego para el cometimiento de homicidios intencionales se ha incrementado en 30 porcentuales. La evolución puede observarse en el siguiente gráfico:
Finalmente, se advierte que el estancamiento económico y la precariedad laboral facilitan el reclutamiento de menores por grupos delictivos, y se recomiendan políticas públicas que fortalezcan la justicia y la seguridad transfronteriza.
Diversificación del crimen organizado
El OECO parte de la siguiente premisa: desde la publicación del primer Informe en 2023, "el panorama criminal en Ecuador ha sufrido una serie de cambios que incluyen una mayor diversificación y fragmentación" del crimen organizado.
El Informe actual, en ese sentido, "amplía el conocimiento alrededor de las principales expresiones del crimen organizado a nivel provincial, considerando la fragmentación criminal de los últimos dos años, el crecimiento de nuevas economías ilícitas y la declaratoria del Conflicto Armado No Internacional de inicios de 2024.
Se afirma que las organizaciones criminales han acentuado su control territorial y consolidado sus capacidades en los eslabones de las cadenas ilícitas, con operaciones efectivas y eficientes que apoyan su consolidación a nivel nacional, pese a la fragmentación interna de sus estructuras.
Se analiza que la desaceleración económica desde 2023 y el recrudecimiento de condiciones como el aumento del empleo informal, abren un espacio a la infiltración de las economías ilícitas que reemplazan a las fuentes de empleo e ingreso lícitas.
Estas oportunidades se abren paso tanto en la ruralidad, con baja presencia del Estado, como en los centros urbanos, donde los controles son cada vez más escasos y la corrupción se acentúa como una práctica.
Por lo tanto, diversos mercados ilícitos se consolidan y expanden en el país, entrelazando expresiones criminales como narcotráfico, minería, trata de personas, lavado de activos y extorsión.
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Puntos críticos de la minería ilegal
"Gran parte de las operaciones ilícitas se desarrollan dentro o en las inmediaciones de concesiones mineras legítimas". Esta coexistencia -se apunta- crea un "área gris" de opacidad legal y operativa, señala el informe.
En función de entrevistas en Orellana, los autores señalan que las organizaciones criminales ingresaron en la minería ilegal a través de alianzas con mineros artesanales e ilegales a cambio de protección. A partir de ahí tuvieron la capacidad de generar conocimiento sobre la extracción, la producción y el lavado del oro.
"De acuerdo con información sobre hechos delictivos relacionados con la explotación ilegal de recursos mineros y su financiación, entre 2023 y 2024, se registra un incremento sostenido del 24,3% de este tipo de incidentes", se señala.
"Esto sugiere una expansión de las operaciones ilegales y, a la par, una mejora en la capacidad de registro o intervención estatal. Este incremento confirma la agudización de este fenómeno a nivel nacional y la existencia de hechos flagrantes de explotación en el territorio nacional".
Los sitios estratégicos para la minería ilegal están en San Lorenzo, Esmeraldas; Amarumeza, Alto Punino y Guayusa, Orellana; San José de Coca, Napo; Camilo Ponce Enríquez, Azuay; Palo Quemado, Cotopaxi; Buenos Aires, Imbabura; Portovelo y Zaruma, El Oro; Nangaritza, Zamora, y Cielo Lindo, Carchi.
En estos sitios se estima la existencia de “entre 130 y 140 focos mineros, dedicados en un 90% a la minería ilegal de oro”. En 2024, se señaló un incremento desmedido de minería ilegal en Punino, provincia de Orellana, y zonas aledañas en las provincias de Sucumbíos y Napo, que se evidencia en el aumento de hectáreas explotadas.
En Cofán Bermejo, por ejemplo, hubo un incremento del 440% de hectáreas explotadas, mientras que en Punino fue del 578%, al pasar de 32 a 217 hectáreas explotadas.
En el Alto Punino, se estimó una explotación de 1.422 hectáreas desde 2021 hasta 2024, y se estima que para 2025 se sumen entre 300 y 400 hectáreas en las zonas de alta explotación. En el gráfico siguiente se puede observar el número de Noticias del delito (NDD) entre 2023 y 2024:
La minería ilegal en Ecuador se ha profesionalizado, pasando de ser una actividad artesanal a una operación estructurada de crimen organizado que requiere una cadena de suministro y logística compleja, señala el documento.
La caracterización de esta logística es esencial, ya que revela los puntos de vulnerabilidad donde la intervención estatal puede impactar la rentabilidad del ilícito, más allá del simple frente de explotación.
La logística del transporte de material aurífero y la protección de los frentes de explotación son controladas por estructuras armadas, lo que garantiza la continuidad de la cadena de valor.
Dentro de las zonas estratégicas, la actividad se concentra en enclaves ricos en minerales como Zamora Chinchipe (Centinela del Cóndor) e Imbabura (Buenos Aires) y se ha expandido peligrosamente a áreas protegidas.
Pese a la existencia de una venta interna, el canal más frecuente es el tráfico internacional. "El oro es vendido a exportadoras legales (fachadas), que se mezcla con mineral de origen lícito para justificar la exportación a mercados internacionales, principalmente a Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos, facilitando el lavado de activos", señala el informe, citando un trabajo del portal PlanV.
Finalmente, hay una dinámica de distribución directa por la frontera sur, principalmente hacia Perú. "En este paso fronterizo, los controles de trazabilidad son menos rigurosos". Este tipo de contrabando también se genera hacia el norte a través del punto fronterizo "La Hormiga", hacia Colombia, usando canales fluviales.
El informe se centra también en el último eslabón de la cadena: el consumo. "Es importante considerar la capacidad del oro para el blanqueo de activos debido a su falta de trazabilidad. Esta dinámica se evidencia sobre todo en exportación a mercados como Emiratos Árabes Unidos e India -destinos que en 2023 representaron más de USD 268 millones en exportaciones de empresas bajo sospecha, según Amazon Watch.
386 operativos de FF.AA.
El Gobierno se atribuyó 386 operativos de control en 2025, enfocados en provincias como Zamora Chinchipe y Napo; Chimborazo, Azuay y Loja, y El Oro y Esmeraldas.
La destrucción de 1.344 bocaminas, 360 retroexcavadoras y 41 dragas durante estas acciones fue valorada por el Ministerio de Defensa en una pérdida para la minería ilegal de más de USD 2.000 millones y calificada por el Gobierno como un "golpe histórico".
"Estas acciones, lideradas de manera conjunta por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Agencia de Regulación y Control Minero y el Ministerio de Ambiente y Energía, forman parte de una política prioritaria del Estado para combatir la minería ilegal", se remarcó.
El Gobierno la califica como una actividad "que financia a grupos irregulares, deteriora los ecosistemas, pone en riesgo a las comunidades y atenta contra la seguridad nacional".
