Lluvia y sismo en la misma ventana: el caso de Ecuador
El país se prepara para El Niño como si fuera la única amenaza hasta febrero. La historia sugiere planificar para la coincidencia. Análisis de Alfredo Carrasco.
Este texto no pronostica un terremoto ni sostiene que El Niño los provoque: la subducción sigue su propio ciclo. Plantea una pregunta que los planes oficiales no se hacen: qué ocurriría si, en plena temporada de El Niño, un sismo de magnitud superior a 6,5 golpeara uno de los dos corredores que ya fallaron, la vertiente oriental de los Andes, como en 1987, o la costa de subducción, como en 2016. La capacidad de respuesta de un país se mide frente a esa coincidencia, y es justamente la que menos se ha pensado.
La probabilidad es baja, aunque no despreciable. En la última década Ecuador tuvo dos sismos de magnitud mayor a 6,5 con víctimas: Pedernales en 2016 y Balao en 2023. No hace falta ponerle una cifra a ese riesgo para entender lo que está en juego. En una temporada concreta es poco probable, y sus consecuencias se multiplican si llega en el peor momento.
La idea tampoco es nueva. En 1991, la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos publicó la evaluación más completa de los sismos del 5 de marzo de 1987 y concluyó que la catástrofe nació de amenazas múltiples interrelacionadas: dos terremotos en tres horas sobre laderas empinadas, cubiertas de suelos volcánicos inestables y saturados por las lluvias previas. Treinta y cinco años después, la gestión del riesgo en el país sigue organizada amenaza por amenaza.
Un sistema que ya está respondiendo
El Niño ya ocupa al sistema. El Plan de Acción Nacional ante El Niño estima 1.379.229 personas expuestas en 17 provincias, 143 cantones y 491 parroquias situados por debajo de los 1.500 metros. El 29 de agosto, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos declaró la alerta roja en las 24 provincias. El Gobierno afirma que las instituciones disponen de 650 millones de dólares, el 70 % para prevención y el 30 % para respuesta, aunque la secretaria Carolina Lozano aclaró que ese monto no corresponde en su totalidad a una partida adicional. Al menos una parte es, por tanto, presupuesto que ya existía.
En los gobiernos locales el avance fue desigual. A fines de julio, 27 municipios todavía no entregaban sus planes de acción y otros 49 debían corregirlos; a comienzos de septiembre, la Secretaría reportaba 161 de 167 planes de contingencia recibidos. Un plan entregado demuestra que el trámite se cumplió. No dice si hay maquinaria con combustible, albergues utilizables o rutas de evacuación ensayadas.
En la Costa, además, el evento ya dejó de ser una previsión. A fines de septiembre había ríos desbordados en Guayas y Esmeraldas y familias afectadas en Manabí. Un sismo mayor llegaría a un sistema que ya está atendiendo otra emergencia.
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La vertiente oriental: un río que retrocede
El 5 de marzo de 1987, dos sismos de magnitud Ms 6,1 y 6,9 sacudieron la vertiente oriental de los Andes, unos 25 kilómetros al norte del volcán Reventador. Murieron alrededor de mil personas, casi todas por deslizamientos y crecidas. El informe de la Academia estima que en la región habían caído unos 600 milímetros de lluvia durante el mes anterior, sin citar una estación, y registra precipitaciones anómalas en enero y, sobre todo, en febrero. INECEL estimó que las lluvias intensas del 3 y del 20 de febrero tenían períodos de retorno de 5 y 20 años. Era, además, un año de El Niño: el índice oceánico de la NOAA rondaba 1,1 grados entre enero y marzo de 1987, un evento moderado. El terremoto encontró las laderas empapadas. Se destruyeron unos 70 kilómetros del oleoducto transecuatoriano y de la única carretera entre Quito y la Amazonía, y el país dejó de exportar petróleo durante más de cinco meses.
Un informe geológico de campo elaborado tras aquellos sismos advirtió que la cascada de San Rafael mostraba serios indicios de retroceso erosivo y filtraciones en su base, y que su ruptura, por erosión o por un sismo fuerte, evacuaría el relleno sedimentario del valle y dejaría sin base las cimentaciones de las obras que se construyeran aguas arriba. Recomendó fechar ese relleno mediante perforaciones y estudiar las fisuras, las filtraciones y la tasa anual de retroceso de la cascada. El 2 de febrero de 2020 colapsó el dique de lava que daba origen a la cascada, y ese colapso disparó la erosión regresiva: desde entonces el río Coca excava su cauce aguas arriba. Hasta el 20 de mayo de 2026, el frente de esa erosión regresiva había avanzado 15,4 kilómetros y estaba a 3,6 de las obras de captación de Coca Codo Sinclair, la central de 1.500 megavatios. Un estudio publicado en 2024 calculó que, en sus primeros años, la erosión movilizó unos 500 millones de toneladas de sedimento.
La respuesta institucional repitió el patrón de 1987. En 2024, la Comisión Ejecutora del Río Coca, que formaba parte de CELEC, recomendó declarar desierto el proceso de construcción de un dique permeable porque el cauce ya había cambiado. CELEC adjudicó la obra en septiembre de ese año. El dique costó 19 millones de dólares, está a 7,8 kilómetros aguas abajo de la captación y se inauguró el 13 de abril de 2026. Cedió parcialmente el 21 de mayo, 38 días después. Celec informó entonces un caudal de unos 2.800 metros cúbicos por segundo; el ministro Juan Carlos Blum habló luego de 4.000 durante unas 20 horas. La obra estaba diseñada para 3.900. Según cuál de las dos cifras sea la correcta, el río superó el diseño o el dique falló por debajo de él, y hasta donde ha trascendido CELEC no ha aclarado la discrepancia.
Una estimación de Carrasco y Beate sitúa las pérdidas acumuladas por la erosión, entre oleoductos, poliducto, vías, puentes y paralizaciones, en un rango de 4.700 a 5.500 millones de dólares hasta mayo de 2026. El mismo trabajo identifica un posible tapón en el sector de San Carlos, que todavía debe confirmarse, y calcula que caracterizar el corredor con estudios 3 geofísicos y geocronológicos, en esencia lo que aquel informe de 1987 recomendaba, costaría entre 1 y 3 millones y permitiría saber si la captación puede sostenerse donde está. La alternativa extrema ya tiene precio público: en 2022, los estudios de prefactibilidad de Celec situaron una nueva captación unos 13 kilómetros aguas arriba, en el Quijos, por 700 millones.
Un sismo fuerte entre octubre y febrero no necesitaría alcanzar la toma para convertirse en un golpe fiscal. En el tramo donde avanza la erosión, las laderas ya están desestabilizadas por el propio proceso erosivo, y por ese corredor pasan el SOTE, el OCP, el poliducto y la vía E45. El riesgo principal de una nueva sacudida es que vuelva a cortarlos. En 1987 la pérdida mayor fue el petróleo que no salió. Hoy se sumaría la carretera, en un corredor donde la captación de la central más grande del país está a 3,6 kilómetros de un frente erosivo que sigue activo. Ese corredor ya conoce el daño.
El 7 de abril de 2020, dos meses después del colapso de San Rafael, la erosión desestabilizó las laderas por las que pasaba el tendido y rompió a la vez el SOTE, el OCP y el poliducto Shushufindi-Quito, y entre 15.000 y 15.800 barriles de crudo y gasolina base bajaron por el Coca y el Napo. El 28 de enero de 2022, el OCP volvió a romperse en Piedra Fina, dentro del Parque Nacional Cayambe-Coca, según la empresa por la caída de una roca, y derramó unos 6.300 barriles. Un corte simultáneo dejaría además a poblaciones del valle, como San Luis y San Carlos, sin la vía que las une con Quito y Lago Agrio, y con el río bajo, si persiste el estiaje, el crudo derramado se diluiría menos en el cauce.
La Costa: lo que ya ocurrió
En la Costa no hace falta imaginar la coincidencia. El 13 de mayo de 1942, un sismo de magnitud 7,8 rompió el segmento de la zona de subducción frente a Pedernales. Fallecieron más de 200 personas según el Instituto Geofísico, y más de 300 según otras fuentes; hubo daños graves en Manabí, Guayas, Los Ríos, Esmeraldas, Bolívar e Imbabura y pérdidas cuantiosas en Guayaquil. Ocurrió al final de la fase cálida de 1939-1942, la que, según el oceanógrafo Franklin Ormaza, dejó en Guayaquil más lluvia acumulada que los Niños de 1982-83 y 1997-98. No sabemos si en mayo de 1942 los suelos seguían saturados, porque el grueso de esa lluvia cayó en 1941. Lo que sí coincidió fue el calendario: el terremoto golpeó una ciudad que había vivido largas inundaciones el año anterior.
El mismo segmento volvió a romperse el 16 de abril de 2016, con igual magnitud, al final del Niño 2015-2016 y en plena temporada de lluvias. Un estudio publicado en la revista Universitas registra que, poco antes del sismo, las lluvias en Rocafuerte habían desbordado la represa Poza Honda y que la humedad del suelo agravó los daños en las viviendas. El balance oficial fue de 663 fallecidos y 35.264 viviendas afectadas, con pérdidas superiores a 3.000 millones de dólares.
La mortalidad no se concentró en el epicentro: Manta registró 219 muertos y Portoviejo 137, más que Pedernales, con 183. Buena parte de esas muertes ocurrió en edificaciones urbanas que colapsaron por malas prácticas constructivas. La coincidencia dejó además un daño que ninguna de las dos amenazas habría producido sola: según un estudio de Sorensen y otros, difundido por la Unión Geofísica Americana, el terremoto dejó a más personas expuestas a los mosquitos y las 4 condiciones del Niño 2014-2016 favorecieron su reproducción, lo que probablemente agravó el brote de zika en la costa.
La secuencia también se dio al revés. En febrero de 2017, durante un Niño costero, las lluvias se concentraron sobre las localidades que el terremoto había dañado, y el agua colapsó alcantarillados y canales de riego que habían quedado debilitados.
En marzo de 2023, con lluvias intensas en el sur del país, un sismo con epicentro en Balao, de magnitud 6,8 según el Servicio Geológico de Estados Unidos y 6,5 según el Instituto Geofísico, dejó el día 18 catorce muertos y 494 heridos en Ecuador, según las cifras oficiales, y una víctima más en Tumbes. Ocho días más tarde, el deslave de Alausí causó 67 muertes. Un estudio de Macías y otros, publicado en la revista Landslides, descartó que el sismo hubiera desencadenado el deslave; las dos tragedias no tuvieron una causa común, pero cayeron sobre el mismo sistema de respuesta en la misma semana. La Federación Internacional de la Cruz Roja las atendió en un solo llamamiento de emergencia, titulado "Ecuador: Floods + Earthquake".
La exposición económica de la Costa creció desde entonces. El Informe Ejecutivo ENOS 2026 identifica 3.431 predios camaroneros, de los cuales 2.977 están en zonas con algún nivel de susceptibilidad a inundaciones; cerca de 2.570, tres de cada cuatro del total, en susceptibilidad alta. El camarón es hoy el primer producto de exportación del país. Un sismo sobre piscinas ya anegadas añadiría muros rotos, cortes de energía y descargas hacia los esteros. Con el nivel freático cerca de la superficie, las arenas sueltas se licúan con más facilidad, y los depósitos aluviales sobre los que se asientan buena parte de Manabí y Esmeraldas podrían fallar con sacudidas menores que las de 2016.
La reconstrucción de 2016 muestra otro límite. Hasta abril de 2025 se habían invertido más de 2.500 millones de dólares y entregado más de 40.000 soluciones habitacionales, según el Comité de Reconstrucción. Una parte de los fondos de la Ley de Solidaridad, sin embargo, se desvió. El 30 de junio de 2025, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia condenó en primera instancia al exvicepresidente Jorge Glas y al exsecretario de la Reconstrucción Carlos Bernal a 13 años de prisión por peculado, por priorizar proyectos ajenos a la emergencia. El tribunal estableció un perjuicio superior a 225 millones de dólares y fijó una reparación integral de 250 millones.
Lo que falta
El Plan de Acción Nacional ante El Niño, como su nombre lo indica, responde a una sola amenaza. La norma de construcción existe, pero su control depende de los municipios y es la competencia más fácil de incumplir. El problema no es nuevo: ya en 1987, el informe de campo sobre los sismos del Reventador atribuía la mayor parte de los daños en las construcciones de hormigón armado a materiales de pésima calidad y al incumplimiento de las normas antisísmicas, mientras las casas de madera resistieron mejor.
Planes y recursos se organizan por amenaza, y nada obliga a preguntarse qué pasa cuando dos llegan juntas. La recomendación contraria lleva más de una década escrita: en 2013-2014, un documento de referencias básicas elaborado por la propia Secretaría con la oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres ya proponía desarrollar escenarios de riesgo en condiciones de multiamenaza. En agosto de este año, la Secretaría volvió a recordar que Ecuador es un país multiamenaza, con 67 tipos de eventos naturales identificados.
Un protocolo de concurrencia, como el que propuso en agosto el artículo «Lo que mata no es el terremoto», tendría que resolver de antemano cuánta capacidad puede movilizarse de una región a otra, y la respuesta cambia según dónde ocurra el sismo. Si el epicentro está en la Costa, el terremoto caería sobre la región que ya concentra la emergencia por lluvias: los albergues estarían ocupados por familias damnificadas y la maquinaria y las brigadas, comprometidas. La ayuda tendría que llegar de la Sierra y del resto del país, que al mismo tiempo atienden sus propios deslizamientos. Si el epicentro está en la zona del Reventador, el escenario es otro. La vertiente oriental estaría probablemente en estiaje, como indican los caudales de este septiembre, aunque 1987, también año de Niño, recuerda que no siempre ocurre así: si vuelve a llover con fuerza sobre esas laderas, regresa el escenario de entonces.
Si el estiaje se mantiene, la probabilidad de flujos como los de 1987 sería menor, aunque las laderas socavadas por la erosión seguirían ahí, y el problema sería sobre todo energético y de recursos: un corte del SOTE, del OCP o de la captación de Coca Codo llegaría cuando el Paute ya genera menos por falta de agua, y los equipos de rescate y la maquinaria tendrían que salir de una reserva nacional que la Costa ya está usando. En los dos casos la pregunta de fondo es qué recursos quedan libres y cuánto tardan en llegar adonde se necesitan. Esa respuesta no puede improvisarse en las primeras 72 horas.
Si el sismo llegara entre octubre y febrero, el orden de las pérdidas dependería de dónde ocurra. En la Costa, lo primero serían las vidas, por edificaciones mal construidas y viviendas sobre suelos blandos y saturados; después la caja del Estado, con el camarón y el banano. En el Oriente, si se mantiene el estiaje y con menos población expuesta, el golpe sería ante todo económico: petróleo que no sale, electricidad que no se genera y una vía troncal cortada. En los dos casos vendría luego el aislamiento, que convierte días de emergencia en meses. El daño ambiental queda último en la contabilidad y es el que más dura.
A modo de cierre
Nada de esto exige predecir un terremoto. Exige reconocer que el país ya vivió la coincidencia de lluvia y sismo en 1942, en 1987, en 2016 y en 2023, y que en los casos mejor documentados la advertencia técnica existió antes del desastre. La Academia de Ciencias lo escribió en 1991; la Comisión Ejecutora del Río Coca, en 2024. Las lluvias de este año llegaron en septiembre, y quedan algunas semanas para preparar lo que los planes vigentes, organizados por amenaza, no contemplan. Fuentes principales.
Alfredo Carrasco es consultor internacional en temas ambientales y sociales, analista y escritor. alercaval@proton.me
Fuentes principales:
Carrasco, A. (1987). Informe geológico, de daños, su impacto en la ecología de la zona del desastre sísmico del 5 de marzo de 1987 y su área de influencia. Quito, 6 de mayo de 1987 (preparado con apoyo de la Fundación Natura). Págs. 36-37 y 41-43. Disponible en Academia.edu.
Carrasco, A. y Beate, B. (2026, 28 de mayo). Erosión regresiva del río Coca: hallazgo geológico y la decisión sobre la captación de Coca Codo Sinclair. https://x.com/compose/articles/edit/2060181867588923393.
Carrasco Valdivieso, A. (2026, agosto). Lo que mata no es el terremoto. Academia.edu.
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Subsecretaría de Acuacultura (2026). Informe Ejecutivo ENOS 2026, citado por El Comercio y El Diario, 24 de septiembre de 2026.
Secretaría de Gestión de Riesgos (2016). Informe de situación N.º 71, 19 de mayo de 2016; Senplades, evaluación de costos de reconstrucción.
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Macías, L., Quiñonez-Macías, M., Toulkeridis, T. y Pastor, J. L. (2024). Characterization and geophysical evaluation of the recent 2023 Alausí landslide in the northern Andes of Ecuador. Landslides, 21, 529-540.
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