'El cobro de ingreso a las áreas protegidas de Ecuador se retomará'
El Subsecretario de Patrimonio Natural, Byron Real, explica que el Ministerio de Ambiente alista el fideicomiso para las áreas protegidas y la Estrategia de Biodiversidad.
La política ambiental del Ecuador entra en una nueva etapa. Con la vigencia de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas y su reglamento, y el despliegue de la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2025–2030, el país busca fortalecer la conservación con reglas claras, nuevas fuentes de financiamiento y una institucionalidad más robusta.
Uno de los ejes centrales es el retorno al cobro por ingreso a las áreas protegidas, como parte de un esquema de corresponsabilidad ciudadana y sostenibilidad financiera.
A la par, se estructura un fideicomiso ambiental que canalizará recursos para gestión, control, investigación y fortalecimiento de las áreas protegidas. Además, se mejorarán las condiciones de los guardaparques.
Sobre estos temas, Youtopía Ecuador conversó con Byron Real, subsecretario de Patrimonio Natural del Ministerio del Ambiente y Energía (MAE).
Youtopia
¿El fideicomiso ambiental para áreas protegidas ya tiene una fecha definida para su entrada en operación?
No hay una fecha definida aún. La ley salió hace unos seis meses y el reglamento hace aproximadamente tres. El reglamento establece la creación del fideicomiso y también de una institucionalidad específica para la gestión de las áreas protegidas, con el fin de promover y robustecer esa gestión.
En este momento existe un borrador para la creación del fideicomiso y otro para definir los fondos que recibirán las áreas protegidas a través de cobros de ingreso, tasas, aportes de cooperación, donaciones, entre otros mecanismos.
La implementación será progresiva, conforme a lo que dispone la Ley Orgánica de Fomento para las Áreas Protegidas. Esperaría que en tres o cuatro meses estos procesos puedan consolidarse.
¿En cuanto a los ingresos se va a retomar el cobro por el ingreso a las áreas protegidas?
Definitivamente. Está contemplado como una fuente de ingreso. No se puede mantener un sistema de áreas protegidas si no se cobra una tasa mínima; obviamente debe ser una tasa amigable, que todos puedan pagar.
Es necesario hacerlo no solo para generar un fondo, sino para fomentar la corresponsabilidad ciudadana. Que la ciudadanía sepa que contribuye a algo que disfruta y que le provee servicios ambientales.
La filosofía de las tasas no es meramente económica; lo económico es solo una parte. La otra es generar conciencia en los visitantes sobre la responsabilidad compartida que implica sostener estas áreas.
“La filosofía de las tasas no es meramente económica”.
¿Se están manejando valores preliminares o tarifas?
Se han establecido varios escenarios. Lo que está claro es que habrá categorías de tarifas, definidas según las facilidades existentes en cada área, su cercanía a carreteras y la facilidad de acceso.
Las áreas con mejores accesos podrían tener un costo mayor; aquellas más remotas, uno menor. De esta manera se busca incentivar la visita a áreas menos concurridas mediante valores más accesibles.
¿Esa categorización también diferenciará los valores para nacionales y extranjeros?
Así es. Habrá categorías para niños, estudiantes, visitantes nacionales y extranjeros. También se contemplan tarifas diferenciadas para pernoctar una noche o más tiempo, para campamentos, investigaciones o filmaciones. Será un esquema amplio y flexible.
¿Cuándo estará en marcha esta decisión?
Actualmente está en un proceso de socialización interna, a partir de un borrador consolidado. Esto podría tomar un mes. Luego pasará al análisis jurídico y posteriormente al despacho para su firma.
¿El mejor escenario será en el primer semestre de este año?
Sí, considero que en el primer semestre de este año.
“No se puede mantener un sistema de áreas protegidas si no se cobra una tasa mínima”.
Xavier Basantes
¿Hay una perspectiva inicial del monto que manejará el fideicomiso?
No se ha definido un monto. Lo que sí están claros son los conceptos que lo alimentarán: tasas de ingreso, aportes de organizaciones internacionales y donaciones, entre otros. Pero cifras concretas aún no.
¿En el debate de la ley se planteó el canje de deuda como mecanismo para fortalecer las áreas protegidas?
Sí, es una opción. La nueva institucionalidad del fideicomiso tendrá la facultad de establecer mecanismos para robustecer el fondo.
Los canjes de deuda pueden ser una fuente, al igual que la cooperación internacional o las alianzas estratégicas con universidades que desarrollen investigación dentro de las áreas protegidas. La idea es dinamizar recursos sin generar impactos significativos.
¿El fideicomiso financiará acciones en territorio y no solo gestión administrativa?
Definitivamente. Albergará tanto fondos fiscales como de autogestión y serán invertidos en función de la naturaleza, superficie y complejidad de cada área.
En la mayoría de los casos, gran parte de lo que recaude cada área retornará a ella. Por ejemplo, si el Parque Nacional Cotopaxi genera una determinada cantidad por ingresos, alrededor del 80 u 85% se reinvertirá allí y un 15% o 20% irá al fideicomiso, porcentaje que aún está en discusión.
¿Cómo se va a potenciar el trabajo de los guardaparques?
Una vez creado el fideicomiso se establecerán los planes operativos anuales y de allí saldrán los recursos para guardaparques y otras actividades.
¿Está previsto incrementar el número de guardaparques durante el período 2025–2030?
Sí. El fideicomiso permitirá no solo aumentar su número, sino mejorar su capacitación y equipamiento.
La idea es que no se limiten al patrullaje, sino que también desarrollen investigación in situ y generen proyectos dentro de sus áreas. El número dependerá de los fondos y de las necesidades específicas.
“No solamente se incrementará el número de guardaparques, sino que se capaciten mejor”.
¿Existe un Plan Integral de Seguridad específico para áreas con mayor riesgo?
Actualmente no existe un plan específico, pero se está construyendo con el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y la Secretaría de Gestión de Riesgos. Se elaborará un documento oficial frente a problemas como la minería ilegal o la presencia de grupos de delincuencia organizada (GDO).
Youtopia
¿La ley contempla esquemas formales de cogestión con comunidades?
El trabajo comunitario es transversal en los proyectos del Ministerio (de Ambiente). En las áreas protegidas se coordina con organizaciones indígenas locales.
Por ejemplo, en la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno existen ocho comunidades con las que se gestiona el área desde sus propias perspectivas.
¿Con la nueva ley cambiará la dinámica con las comunidades?
La ley abre nuevas oportunidades. Las comunidades pueden establecer alianzas estratégicas con empresas para actividades turísticas, desarrollar servicios de guianza o de transporte.
En Cuyabeno, por ejemplo, el transporte fluvial es operado principalmente por indígenas que poseen sus propias canoas.
Durante el debate se mencionó que la ley abriría espacio a actividades extractivas…
Esa apreciación debe matizarse. No es efecto de la ley, sino de la Constitución de la República del 2008 y del Código Orgánico del Ambiente.
Las actividades extractivas pueden realizarse bajo declaratoria de interés nacional, siempre y cuando sea aprobada por la Asamblea Nacional.
Es decir, la Constitución lo ampara...
Así es. Antes de 2008 las áreas protegidas eran intangibles. Esa condición cambió con la Constitución. Si se quisiera volver a una protección absoluta, se requeriría una reforma constitucional.
“Si se quiere volver a una protección absoluta de las áreas protegidas, tiene que haber un cambio constitucional”.
¿El reglamento de la Ley de Áreas Protegidas fortalece la capacidad sancionatoria?
Sí, aunque más que norma, se necesita fortalecer la capacidad operativa: protocolos claros y protección para los guardaparques, muchos de los cuales han recibido amenazas.
Youtopia
De otra parte, la Subsecretaría lidera la coordinación de la implementación de la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2025–2030. ¿Qué acciones están a su cargo?
La estrategia se implementa mediante ejes transversales: gobernanza, participación indígena, inclusión de jóvenes, enfoque de género, monitoreo, cooperación científica y transferencia tecnológica, entre otros. Se ejecuta con procesos participativos y asistencia técnica internacional.
¿Cuántos proyectos la sostienen?
Entre seis y ocho, además de iniciativas de organizaciones campesinas, indígenas y ONG que se articulan con la estrategia.
¿Qué hitos se prevén para 2026?
Este año se realizará, en marzo, el lanzamiento oficial de la estrategia, que fue concluida a finales de 2025 tras un proceso participativo nacional.
También se presentará el Séptimo reporte nacional a la Convención de Biodiversidad y una publicación científica sobre Áreas Clave para la Biodiversidad (KBA).
Además, se prevé construir un plan de jóvenes para la biodiversidad, actualizar la estrategia de monitoreo, lanzar un indicador oficial de restauración y definir lineamientos para un plan empresarial de biodiversidad.
¿Cómo participará el sector empresarial?
Ya hay empresas interesadas en alinearse con estándares internacionales. En Guayaquil participa el Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible del Ecuador (Cemdes), promoviendo la incorporación plena del sector privado en procesos de conservación.
De las 23 metas nacionales, ¿cuántas dependen directamente de su Subsecretaría?
Ocho: restauración, conservación, conservación de especies, biocomercio, especies exóticas, bioeconomía, servicios ecosistémicos y bioseguridad.
¿Cuáles son más complejas?
La restauración, por su volumen y metodologías diferenciadas. Otras, como biocomercio o bioeconomía, requieren una consolidación más conceptual, aunque ya están en marcha mediante proyectos específicos.
¿Los indicadores están definidos?
La estrategia contempla 139 indicadores; 111 ya se ejecutan y están vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y al Plan Nacional de Desarrollo 2025–2029.
¿Tiene presupuesto específico?
No. La estrategia no tiene una partida propia; se ejecuta a través de presupuestos institucionales y cooperación internacional.
¿Se puede estimar su costo total?
No se ha cuantificado, porque cada línea se integra en distintos proyectos con objetivos propios. Es complejo aislar un monto específico, tanto del aporte estatal como de la cooperación internacional.
Byron Real. Doctor en Jurisprudencia y Abogado (Pontificia Universidad Católica del Ecuador, PUCE). PhD, University of Florida (EE.UU.), Departamento de Antropología. Además, ha colaborado con comunidades indígenas y campesinas, organizaciones populares y ambientalistas, entidades públicas y organismos internacionales de Ecuador, Alemania, Bolivia, Cuba, Estados Unidos, Honduras y Venezuela. Ha publicado varios libros y artículos.
