Así es la nueva Estrategia de Economía Circular de Ecuador
Busca reducir el desperdicio y fomentar la reutilización de materiales en 12 sectores.
La implementación de la economía circular ha seguido un camino sinuoso en Ecuador, desde que el concepto fue introducido en 2019 y se promovió un Pacto Nacional.
La Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva nació en julio de 2021. Dos años después, el 16 de agosto de 2023, se aprobó el Reglamento.
La Estrategia Nacional de Economía Circular fue lanzada el 4 de octubre de 2024.
La ministra de Producción, Sonsoles García, destacó que la economía circular es clave para consolidar la competitividad del país en un entorno global.
Destacó que la sostenibilidad se convierte en un factor decisivo para acceder a nuevos mercados y cumplir con regulaciones internacionales.
La Estrategia Nacional de Economía Circular Inclusiva se extiende desde 2025 hasta 2035.
¿Para qué sirve?
La Estrategia busca reducir el desperdicio, fomentar la reutilización de materiales y promover la sostenibilidad ambiental, económica y social en 12 sectores prioritarios.
En Ecuador, la transición de una economía lineal a una economía circular tiene por objeto reducir la huella ecológica, promover el desarrollo sostenible y fomentar la innovación y eficiencia.
Los cinco ejes estratégicos que se promoverán con la Estrategia son:
· Política pública.
· Cooperación y financiamiento.
· Producción y consumo responsable.
· Innovación e investigación.
· Ciudades circulares y desarrollo territorial sostenible.
Agricultura y ganadería, agroindustria, forestales y madera, plásticos y petroquímica, metalmecánica, enseres domésticos, venta de vehículos, alimentos y bebidas, construcción, minería, pesca y gestión de residuos sólidos, son los 12 sectores priorizados para aplicar la Estrategia.
Tanto las empresas como el sector industrial juegan un rol importante, así como los consumidores, la academia y la sociedad civil.
El papel de las empresas
“Si bien la reglamentación de todos los ejes de la Estrategia tomará tiempo, esto beneficiará a las mipymes y su encadenamiento con las grandes empresas que ya están comprometidas”, señala Fabio Scotto, representante de Fundación ACRA.
ACRA es una de las organizaciones que coopera con el propósito de impulsar este nuevo modelo y lo hace a través del proyecto Futuro Circular.
El gran reto –menciona Scotto- es involucrar a las mipymes porque aún no conocen todos los beneficios que implica transitar a la economía circular.
“Que se puedan sumar las grandes empresas, que tienen a miles de mipymes como proveedoras, seguramente va a favorecer la transición”, menciona el representante de ACRA en Ecuador.
Una de esas empresas es Pronaca. Alexandra Fuertes, responsable de la estrategia de economía circular, resalta que los proveedores son claves para este propósito.
“El gran desafío que tenemos es ver cómo las empresas pueden apoyar a los proveedores, con herramientas y capacidad técnica, para que puedan entender el modelo de negocio de economía circular y adoptar prácticas sostenibles de circularidad”, dice Fuertes.
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Compras públicas sostenibles
En el contexto de la aplicación de la ENCE y de lograr más participación de pymes y mipymes se promueve el concepto de compras públicas sostenibles a través del Sercop, que es la plataforma de contratación del Estado.
Con apoyo del gobierno alemán, a través de la agencia de cooperación GIZ, el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) y ACRA trabajan en un proyecto para introducir la sostenibilidad, la eficiencia y la transparencia en las compras públicas.
Julio Euvín, director de Compras Públicas de Triple Impacto del Sercop, explica que esta iniciativa busca fomentar prácticas responsables desde las industrias.
En las compras públicas del Estado “no solo se está considerando el costo de los productos y la calidad, sino que ahora estamos teniendo en cuenta el triple impacto social, económico y ambiental”, dice Euvín.
De acuerdo con estimaciones de los promotores del proyecto, en un escenario de implementación de 100% de compras públicas sostenibles de 20 productos prioritarios, habría ahorros operativos de USD 96 millones y una reducción de 40% en las emisiones de gases de efecto invernadero.
El objetivo es definir y poner en vigencia esta normativa en el transcurso de 2025.
