Deforestación y contaminación de ríos provoca la minería irregular en tres provincias

Estudios realizados por tres universidades ecuatorianas muestran que hay presencia de metales pesados en varios ríos de dos zonas de la Amazonía, y en el noroccidente de la provincia de Pichincha.

La Escuela Politécnica del Litoral (Espol), la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) y la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) presentaron los hallazgos de sus investigaciones el 30 de septiembre de 2024. 

Afectación a la calidad del agua por metales pesados, y pérdida de cobertura vegetal, se constatan en dos zonas amazónicas: los ríos Punino y Payamino en Orellana y el río Nangaritza en Zamora Chinchipe.

En el noroccidente de Pichincha, la presencia de metales pesados por actividades de minería metálica fue detectada en las muestras de agua y sedimentos analizados en quebradas de Pacto y Gualea, así como en los ríos Toalí y Pishahi.

Las investigaciones son parte del proyecto Amazonía Transparente de la Corporación Participación Ciudadana (CPC). Se ejecuta junto con otras ONGs y cuenta con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador.

Daños en la Amazonía

La investigación de la Espol se basó en datos satelitales y los corroboró con estudios de campo y laboratorio.

Así, constató la deforestación de 704 hectáreas de bosque amazónico entre 2019 y 2023. La mayor deforestación por minería ilegal se registró en 2022-2023.

Mientras que la actividad extractiva antitécnica aumentó la turbiedad y la acidez del agua en el río Punino.

Los análisis de sedimentos en esa fuente de agua revelaron altas concentraciones de metales pesados como Cadmio, Cobalto, Cromo, Cobre, Mercurio, Níquel, Plomo y Zinc en dos puntos de muestreo.

Estos niveles exceden los límites permitidos por la normativa ecuatoriana y evidencian un impacto en la calidad de las aguas de los ríos Punino y Payamino.

Una de las cinco plantas de tratamiento de agua de la capital de Orellana, El Coca, capta las aguas del río Payamino.

La UTPL enfocó su investigación en la percepción social del impacto de la minería irregular en el Alto Nangaritza, con pobladores de Las Orquídeas.

A esta comunidad lo que más le preocupa es la contaminación del agua y del aire. También hay un impacto acústico considerable por las actividades mineras.

Pero el impacto más significativo se puede ver en la vegetación densa, que se ha reducido de 293.69 hectáreas en 2017 a unas 257 hectáreas en 2024, con el consiguiente crecimiento de la extensión de suelos sin cobertura vegetal.

Qué pasa en el Chocó

La USFQ se centró en las parroquias del Choc{o Andino Nanegal, Nanegalito, Pacto y Gualea, en la zona noroccidental de Quito.

Metales pesados liberados por actividades de minería metálica fueron detectados en las muestras de agua y sedimentos, principalmente en las parroquias de Pacto y Gualea. 

Las quebradas contaminadas por metales pesados son Melina Changó (Pacto) y Culanga (Gualea), y los ríos más impactados son el Toalí y el Pishahi.

Y las concentraciones de metales tanto en sedimentos como en agua registraron valores más altos en la época lluviosa.

Metales pesados como Aluminio, Boro, Cadmio, Cobre, Magnesio y Plomo fueron encontrados en concentraciones que superan los límites establecidos en la legislación ecuatoriana y presentan un riesgo para el suelo y la seguridad alimentaria en la zona.

Además se evidenció la presencia de otras actividades como agricultura y ganadería, que también podrían afectar al medioambiente, anota el estudio.

Un fenómeno que llamó la atención del equipo fue el concepto de “minería ancestral” que se maneja en la zona.

Minería ilegal y política

Al inicio de la reunión, la directora ejecutiva de la CPC, Ruth Hidalgo, señaló que estas investigaciones son parte de un proyecto más amplio -“Amazonía Transparente”-, que busca claridad en la administración de los recursos provenientes de las actividades extractivas.

"El debate que debería promover esta investigación es cómo dimensionar correctamente el daño que produce la minería ilegal frente a la minería que se somete a las leyes ": Ruth Robalino

“El Proyecto lucía muy ambicioso hace varios años. Pero en la última fase hemos podido acercarnos a la Secretaría Técnica Amazónica que tiene que ver con el reparto de los recursos de las actividades extractivas, a las autoridades y a las comunidades”.

Considera que han consolidado procesos transparentes y eficaces en las convocatorias de proyectos, con capacitación a autoridades y líderes. Y que de ese modo las comunidades son las beneficiarias de proyectos para aprovechar los recursos de las actividades extractivas.

Señaló que la preocupación era asimismo contar con data confiable sobre el daño  ambiental, social y económico que causa la minería ilegal. Por eso pidieron ayuda a la Sección Económica de la Embajada de los Estados Unidos y escogieron las mejores propuestas.

“El objetivo es que se empiece a generar data confiable a escala universitaria. Pero el debate que debería promover este tipo de investigación es cómo dimensionar correctamente el daño que produce la minería ilegal frente a la minería que se somete a las leyes y cumple procesos”.

Varios periodistas intervinieron después de la presentación de las investigaciones. Quedó claro que la principal preocupación es el riesgo para acceder a las zonas de minería ilegal, a la que no solo está vinculado el crimen organizado sino también autoridades políticas.

Los participantes coincidieron en la necesidad de contar con información precisa sobre el fenómeno, para transmitirlo en su debida dimensión a la ciudadanía. Robalino recalcó al final de la presentación que este mapeo inicial puede seguir mejorando en la próxima fase.

“Hay que tomar conciencia de que la minería ilegal está mal, y peor aún cuando se aviene con la política. Para luchar decididamente debe participar la empresa privada”: Ruth Robalino

Hay que tomar conciencia de que la minería ilegal está mal, y peor aún cuando se aviene con la política. Para luchar decididamente, aparte de campañas, de buena data y georreferenciación, debe participar la empresa privada, señaló.