Cuatro ejes de minería ilegal con presencia delictiva en Ecuador
Imbabura y Esmeraldas; Napo y Sucumbíos; Morona Santiago y Zamora Chinchipe; Azuay, El Oro y Loja son 9 de las 16 provincias con actividad. La Arcom, con limitaciones.
Hay minería no autorizada en 387 puntos ubicados de 16 de las 24 provincias ecuatorianas. Lo reportó la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) en su rendición de cuentas de 2024. El panorama básicamente no cambió en 2025.
Uno de esos bastiones, en La Merced de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, fue bombardeado por las Fuerzas Armadas en octubre de 2025, como parte de las acciones del Gobierno durante el paro en esa provincia.
El Gobierno mostró este caso como prueba de la lucha contra grupos delictivos que se dedican a la minería ilegal como una de las actividades subsidiarias de la producción de cocaína, que utiliza el diésel para refinarla.
La historia reciente es larga. En 2011 se evidenció la minería ilegal en Esmeraldas y se inmovilizó maquinaria. En 2017 se hizo pública la actividad minera en Buenos Aires. El Gobierno hizo incursiones militares, pero la actividad siguió.
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Otro de los cuatro ejes que revela la posible participación de Grupos Armados Organizados (GAO) está en la zona norte de la Amazonía. El 9 de mayo de 2025, 11 militares fueron asesinados y otro resultó herido en una emboscada en Alto Punino, provincia de Orellana.
El ataque fue atribuido a los Comandos de la Frontera, disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que tras la firma de la paz en ese país se dedicaron a actividades ilícitas en la zona fronteriza con Ecuador.
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El Gobierno informó entonces que la fuerza militar retomó el control de la zona y pidió apoyo internacional para combatir el creciente delito, acicateado por los precios internacionales. En octubre de 2025, por ejemplo, la onza llegó a costar USD 4.300.
Pero en la Amazonía norte hay otros puntos entre los que resaltan los de la provincia de Napo, en especial en Punino, Jatunyacu y Arosemena Tola. En Sucumbíos, hay actividades ilegales en el sitio Barranca Bermeja.
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Los mapeos satelitales de fundación EcoCiencia permiten ver el avance de la deforestación y la contaminación del agua en otras zonas importantes de la Amazonía, especialmente en áreas protegidas.
Zamora Chinchipe y Morona Santiago son un caso de especial atención: ahí hay una veintena de centros de minería ilegal. Se trata de un tercer eje. A inicios de 2025, Infobae informó que mineros ilegales habrían construido una carretera para llevar el oro ilegal de Ecuador hasta Perú, bajo la protección de "Los choneros".
Según la fuente citada, la vía clandestina comienza en Yantzaza y continúa hacia la parroquia urbana Zumbi. Se extiende por La Saquea en Zamora, cruza el río Yacuambi y avanza hacia Cumbaratza, Timbara y Tunantza, pasando por la ciudad de Zamora y el Tambo El Oso, hasta llegar a El Tambo, en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas, Perú.
El mismo portal afirmó que la frontera entre Perú y Ecuador, donde se desarrolló el conflicto entre ambos países, se ha convertido en un foco de minería ilegal de oro, debido al debilitamiento de las instituciones públicas peruanas. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) denunció que mineros ingresan desde Ecuador.
En países andinos con reservas auríferas como Colombia, Perú y Ecuador, la situación presenta caracteres de amenaza a la seguridad pública por la actuación del crimen organizado, así como de afectaciones sociales y ambientales.
Los Andes tienen abundantes minerales debido a un doble fenómeno que empezó hace millones de años: el movimiento tectónico y la subducción de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana.
Esto provocó un intenso volcanismo, pliegues y fallas en la corteza terrestre, que crearon zonas mineralizadas con rocas ricas en cobre, oro, plata, zinc, plomo, hierro, estaño y carbón.
En el cuarto eje de minería ilegal en Ecuador hubo actividad aurífera desde la época colonial, sobre todo en Loja y El Oro. En esa provincia, la presencia de mineras extranjeras hasta mediados del siglo XX dio paso a la minería artesanal e ilegal.
En El Oro hay la suficiente infraestructura instalada para chancar el material aurífero y de otros minerales provenientes de otras provincias, y también para refinar el oro y convertirlo en lingotes de 24 kilates, muy apetecidos en los últimos años.
El Ministerio del Interior ha informado en los últimos meses sobre incautaciones de material aurífero en lugares tan disímiles como Pacto y el sur del país. Algunos provienen de explotación in situ y otros viajan hacia las chancadoras.
El 27 de octubre de 2025, se informó que el Ejército Ecuatoriano decomisó 400 toneladas de oro y plata extraídos en la zona minera de Río Blanco, parroquia Molleturo, Cuenca. Quien conducía la volqueta fue detenido junto con el vehículo.
El fenómeno de la minería ilegal se ejerce también en zonas como el noroccidente de Pichincha, lo cual ha hecho señalar a las autoridades que se practica en 20 provincias del país.
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El impacto ambiental y social
En general, hay dos características de las actividades mineras ilícitas con posible presencia de GAO: se desarrolla en extensas áreas poco pobladas como los parques nacionales, y en zonas fronterizas con Colombia y Perú.
La Arcom señala como los principales efectos ambientales de la minería ilegal, los siguientes: degradación de suelos, contaminación del aire, destrucción de la flora, afectación a la fauna, contaminación de aguas.
Los delitos conexos son la asociación ilícita, la tenencia y porte de armas, el tráfico y uso de explosivos, los delitos contra la administración pública, la defraudación tributaria, el enriquecimiento ilícito, el lavado de activos.
En el aspecto social, las comunidades en donde se desarrolla la minería ilegal están expuestas a la extorsión, la trata de personas, el trabajo infantil, la explotación laboral, el tráfico de influencias. Desde luego, trabajan y viven en un ambiente contaminado.
La Arcom señala un punto pocas veces expuesto por algunas organizaciones ambientalistas: "las comunidades, que ven en la minería ilegal una fuente de réditos económicos de primera mano, dan un soporte logístico a esta actividad minera y apoyo inmediato en contra de la fuerza pública en los operativos de control".
"Las comunidades, que ven en la minería ilegal una fuente de réditos económicos de primera mano, dan un soporte logístico a esta actividad minera": Arcom
Las urgencias de la Arcom
La entidad de control ve que las provincias de Imbabura, Carchi, Esmeraldas, Sucumbíos, Orellana, Napo, Azuay, El Oro, Morona Santiago y Zamora Chinchipe presentan los sectores más álgidos de minería ilegal.
También señala que los enfrentamientos con GAO por parte de Fuerzas Armadas son cada vez más numerosos. Para "erradicar la minería ilícita" y planificar y ejecutar operativos, la Arcom ha establecido el siguiente procedimiento:
-Levantamiento de información previa a través de monitoreo satelital, patrullajes militares y denuncias.
-Intervención en campo con el apoyo de la fuerza pública (fuerzas armadas y policía nacional).
-Emisión de actas técnicas, legales y, en caso de minería subterránea, actas de colapso de bocaminas; en minería a cielo abierto, actas de destrucción de maquinaria y equipos.
En el informe se señala que la minería ilegal se da en todas de las fases de la actividad minera, iniciando desde la explotación de estos recursos en áreas no concesionadas legalmente hasta su exportación final.
Se detallan los ajustes administrativos realizados tras el cambio de una serie de regulaciones en ese sector en la última etapa gubernamental, y se alude a limitaciones de recursos (humanos, tecnológicos y financieros).
ha impulsado iniciativas clave como la actualización del Sistema de Gestión Minera (SGM) para ampliar los servicios institucionales, la activación del portal web institucional, la reestructuración del catastro minero nacional, la ejecución de operativos interinstitucionales para combatir la minería ilegal.
Los principales desafíos para este año son:
-Expedir, reformar y/o derogar la normativa específica y de aplicación de acuerdo a las atribuciones establecidas por la Ley de Minería y su Reglamento General de aplicación.
-Coadyuvar efectivamente en la implementación del nuevo Sistema Integral de Gestión Minera.
-Fortalecer a la Agencia de Regulación y Control Minero con recursos: humanos, tecnológicos y económicos tendientes a cubrir las necesidades y responsabilidades de la ARCOM, para el cumplimiento de sus competencias y atribuciones
-Fortalecer el seguimiento y control a las actividades realizadas por los titulares de derechos mineros.
-Continuar con la ejecución las acciones de combate a la minería ilegal a través de las actividades y operativos contra la extracción ilegal de minerales, en coordinación con las FF.AA., Policía Nacional y demás instituciones estatales.
