Asamblea aprueba reforma minera y redefine el control ambiental
El Legislativo aprobó la Ley para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía. El texto final excluyó el artículo 29.
La Asamblea Nacional trató, el 26 de febrero de 2026, el proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía.
Lo hizo, tras un segundo debate marcado por posiciones contrapuestas en torno al alcance de las reformas y, especialmente, a los cambios en materia ambiental y de distribución de recursos.
La iniciativa, calificada como urgente en materia económica, plantea reformas al régimen minero y a la normativa eléctrica con el objetivo de atraer inversiones, fortalecer la minería legal y garantizar mayor eficiencia en la gestión estatal.
En la votación final se aprobaron 28 artículos del proyecto de ley, así como las dos disposiciones generales y una transitoria, y se excluyó el artículo 29 del texto, relacionado con el servicio de energía eléctrica.
Una vez que el Ejecutivo reciba el texto oficial aprobado por el Legislativo, tendrá un plazo de 30 días para su pronunciamiento oficial, antes de su publicación en el Registro Oficial.
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Argumentos a favor: inversión y desarrollo territorial
El asambleísta Alejandro Lara (ADN), ponente del informe, sostuvo que el propósito central de la ley es dinamizar la economía mediante la atracción de capitales y la generación de divisas. Según explicó, el texto “aterriza” la renta minera en los territorios donde se ejecutan los proyectos mineros.
Además, defendió la creación de clústeres mineros como motores de encadenamiento productivo y subrayó que se incorporan criterios de sostenibilidad fiscal.
Desde la misma bancada, Anthony Becerra (ADN) planteó excluir el artículo 29 del proyecto para garantizar la asignación de recursos a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), una propuesta que también fue respaldada por legisladores independientes y de otras bancadas.
Sergio Peña, asambleísta nacional independiente, advirtió que no aprobar la ley implicaría dejar espacio a la minería ilegal, que —según afirmó— ocasiona pérdidas cercanas a 1.000 millones de dólares anuales. Señaló que el fortalecimiento de la minería legal contribuiría al desarrollo del país y destacó la protección militar de áreas críticas para contener actividades ilícitas.
Ana Belén Tapia (ADN) aseguró que el Ejecutivo ha cumplido con la entrega de recursos a la Amazonía y defendió el enfoque del proyecto como un mecanismo para ordenar el sector y garantizar mayores beneficios para las zonas de influencia.
Reparos: Amazonía, consulta previa y licencia ambiental
Desde Pachakutik, Fernando Nantipia (Morona Santiago) sostuvo que no se puede “sacrificar a la Amazonía” y recordó que esa región es clave para la generación energética del país. Insistió en que la consulta previa, libre e informada debe quedar garantizada de forma expresa en la ley. En cuanto a las regalías, defendió que el 30% se mantenga para los GAD amazónicos, en un contexto en el que la norma busca maximizar recursos para el Estado central.
José Luis Nango (Pastaza), independiente, coincidió en que el artículo 29 debía eliminarse al considerar que afectaba recursos de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. Advirtió que su voto dependería de que se mantenga la consulta previa como requisito indispensable, particularmente en el otorgamiento de autorizaciones ambientales.
Comps Córdova (RC) señaló que la propuesta impacta la Ley Amazónica y los fondos que financian el desarrollo sostenible y el fondo común de la región. Recordó que existen deudas millonarias acumuladas y cuestionó que el nuevo esquema pueda afectar esos ingresos.
Uno de los puntos más sensibles del debate fue la reforma al régimen ambiental. El proyecto sustituye la exigencia generalizada de “licencia ambiental” por una “autorización administrativa ambiental” diferenciada según la fase del proyecto. Para sus defensores, se trata de aplicar criterios de proporcionalidad y eficiencia, evitando que trámites complejos frenen etapas de bajo impacto como la exploración inicial.
Sin embargo, Noemí Cabrera (RC) expresó preocupación por lo que considera una eliminación de la licencia ambiental y un debilitamiento de los controles. También cuestionó que se pretenda sustituir la remediación por garantías económicas y advirtió riesgos de privatización al establecer que las Fuerzas Armadas custodien concesiones privadas. Citó el caso del proyecto minero Cangrejos, en El Oro, como ejemplo de potencial afectación a zonas productivas y a derechos de consulta.
Roque Ordóñez (RC) señaló que en Azuay se han realizado consultas populares en las que más del 80% de los votantes se pronunció en contra de la minería en zonas de recarga hídrica, y sostuvo que la nueva ley podría vulnerar esas decisiones.
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El debate sobre el artículo 29
El artículo 29, que reforma el artículo 56 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, fue otro eje de discusión.
La disposición redefine la estructura de costos del servicio eléctrico e incorpora la distribución del 12% de utilidades de generadores privados hacia proyectos de desarrollo territorial en las áreas de influencia, con criterios de reparto entre GAD provinciales, cantonales y parroquiales rurales.
Edmundo Cerda (independiente) y otros legisladores solicitaron su eliminación por considerar que altera el esquema de asignación de recursos y podría afectar a la Circunscripción Territorial Especial Amazónica.
Milton Aguas (ADN), por su parte, destacó que se incorporó una disposición para prohibir en Galápagos cualquier tipo de explotación minera, salvo materiales pétreos destinados a la construcción.
Un escenario de alta sensibilidad
La resolución legislativa se produce en un contexto de crisis energética y de expansión de la minería ilegal, factores que el oficialismo ha señalado como razones para impulsar la reforma.
No obstante, los cuestionamientos sobre el alcance de las garantías ambientales, la consulta previa y la distribución de beneficios evidencian la alta sensibilidad política y social del tema.
Con la decisión adoptada por el Pleno de la Asamblea Nacional, el país entra en una nueva etapa normativa para los sectores estratégico minero y eléctrico, cuyo impacto dependerá tanto de su reglamentación como de la capacidad institucional para equilibrar desarrollo económico, protección ambiental y derechos colectivos.
