Actividad minera no autorizada crece en la provincia de Napo
La minería aurífera ocupó 1.700 hectáreas en 7 años. Es una amenaza para uno de los sistemas hídricos más importantes del país, señala EcoCiencia.
Un nuevo informe de Fundación EcoCiencia y su programa MAAP, en colaboración con Amazon Conservation, alerta sobre la rápida expansión de la minería aurífera en el sector centro de la Amazonía ecuatoriana.
Esta actividad afecta particularmente a la provincia de Napo, una zona estratégica por su biodiversidad y riqueza hídrica.
El análisis, que abarca el periodo 2017-2024, revela la presencia creciente de actividades mineras no autorizadas, incluso en zonas cercanas a centros urbanos y dentro de zonas de protección hídrica.
La afectación de más de 1.700 hectáreas en los últimos años se analiza en cuatro cuencas clave: los ríos Jatunyacu, Anzu, Huambuno y el sistema Puní-Cotona-Arajuno.
Solo en río Jatunyacu, se registraron 502 hectáreas impactadas, muchas de ellas en las inmediaciones de la capital de la provincia, Tena.
Se constata además que una parte de esta actividad se realiza fuera del catastro minero, es decir, sin los permisos correspondientes, lo cual agrava la situación ambiental y legal.
Los datos muestran una expansión significativa en otras zonas: 635 hectáreas afectadas en el río Anzu (15% fuera del catastro), 492 hectáreas en el Huambuno (23% sin autorización), y 112 hectáreas en el sistema Puní-Cotona-Arajuno (99% sin permisos legales).
Este último caso es especialmente preocupante, por el crecimiento explosivo de la minería en un área previamente libre de intervención, señala el informe de EcoCiencia.
"La afectación en el sistema Puní-Cotona-Arajuno (99% sin permisos legales) es especialmente preocupante, porque es un área previamente libre de intervención": EcoCiencia
Además de la deforestación, los impactos incluyen la degradación de los bosques ribereños, la apertura de vías ilegales, la contaminación de cuerpos de agua con metales pesados como el mercurio, y la creciente conflictividad social con las comunidades indígenas y locales.
La proximidad de las operaciones mineras a fuentes hídricas clave pone en grave riesgo la salud de ecosistemas y poblaciones humanas, debilitando alternativas sostenibles como el ecoturismo y la agricultura comunitaria.
Zonas de protección hídrica
El informe incluye recomendaciones de política pública, entre las que destaca el fortalecimiento del monitoreo ambiental con tecnologías satelitales y el trabajo en campo.
Asimismo, se recomienda la aplicación efectiva de sanciones penales y administrativas a quienes promuevan o permitan la minería ilegal.
Otras recomendaciones son la delimitación de zonas de exclusión minera a 100 metros de cuerpos de agua, y la inclusión de zonas de protección hídrica y servidumbres ecológicas en los planes territoriales de gobiernos locales.
También se propone una reforma clave a la legislación ambiental: reducir de 3 kilómetros a 1 kilómetro el umbral para exigir estudios de impacto ambiental en la construcción de nuevas vías dentro de la Circunscripción Territorial Amazónica, debido a su papel en la apertura de nuevos frentes mineros.
Finalmente, se hace un llamado urgente a establecer categorías de protección hídrica vinculantes para ríos con alto valor ecológico y cultural, y desarrollar planes de manejo participativos que garanticen los derechos de las comunidades a decidir sobre su entorno.
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