La minería ilegal en la zona norte, un reto durante cuatro gobiernos
Esmeraldas, Carchi e Imbabura son identificados como un importante enclave. La actividad ilegal genera más ganancias que la legal.
Las autoridades militares y gubernamentales informaron el 15 de octubre de 2024 que un campamento de minería ilegal fue descubierto y destruido en el sector de El Pablo, parroquia El Chical, del cantón Tulcán, en la provincia de Carchi.
El campamento albergaba entre 40 y 50 personas. La Gobernación de Carchi informó que personal del Cuerpo de Ingenieros del Ejército destruyó cinco bocaminas, inhabilitó un comedor, moledoras de material aurífero, poleas, mangueras y dos generadores de luz.
El episodio es uno más en la explotación ilegal de oro en la zona noroccidental del Ecuador y las acciones gubernamentales para frenarlas. Las noticias sobre estas actividades han sido recurrentes desde 2011 en Esmeraldas, Imbabura y Carchi.
“Personal del Ejército ecuatoriano, la Intendencia de Carchi, la Agencia de Regulación y Control Minero y el acompañamiento de la gobernadora (e) de la provincia, se realizó el operativo, señala el parte sobre la acción en El Chical.
Se deja constancia de que “la operación no dejó personas detenidas, ya que al percatarse de la presencia de las autoridades abandonaron las instalaciones”.
El comandante de la Brigada Andes, Vinicio Vivanco, señaló que seguirán trabajando. “El Ejército ecuatoriano no permitirá que la zona de seguridad de frontera sea afectada por este tipo de grupos dedicados a la afectación económica al Estado ecuatoriano”.
La gobernadora (e) Diana Pozo aseguró que estas actividades generan inseguridad en el sector y afirmó que el actual Gobierno tiene como objetivo combatir la minería ilegal, con el Ejército y las instituciones competentes, para evitar que la minería ilegal se expanda en la provincia de Carchi”.
Hoy esta actividad afecta a El Chical, que aparecía en los mapas sobre las actividades ilícitas desde la época en la cual actuaban en Ecuador las bandas delictivas formadas a partir de las disidencias de las FARC colombianas.
Una historia de vieja data
La historia reciente de la minería ilegal en las provincias de Carchi, Imbabura y Esmeraldas empezó hace más de 13 años, durante el gobierno de Rafael Correa.
Después de reportes sobre una intensa actividad ilegal, en mayo de 2011 se realizó un operativo militar para destruir unas 100 máquinas en los cantones esmeraldeños San Lorenzo y Eloy Alfaro.
En noviembre de 2020, durante el gobierno de Lenin Moreno, se produjo un deslizamiento en una mina ilegal en el recinto Los Ajos, de la parroquia Urbina, del cantón San Lorenzo. Cinco personas murieron mientras lavaban oro en una perforación de 70 metros de diámetro y 40 de profundidad.
Pero el mayor reto para Moreno y los militares fue la extracción ilegal de oro en la parroquia La Merced de Buenos Aires, en el cantón Urcuquí de la provincia de Imbabura. Fue detectada a finales de 2017.
Cientos de personas provenientes de diferentes provincias ecuatorianas, e incluso de Colombia y Venezuela, se instalaron en campamentos para extraer oro que era llevado en camiones a chancadoras del sur del país, informó entonces El Comercio.
La actividad fue creciendo exponencialmente, al punto que se instaló lo que podría considerarse una pequeña ciudad con casi todos los servicios. El operativo militar más fuerte para desmantelarla tuvo lugar en 2019.
El gobierno de Guillermo Lasso continuó la lucha contra la minería ilegal en Buenos Aires. Y el operativo más reciente data de agosto de 2024, durante el gobierno de Daniel Noboa.
La actividad ilegal continúa en ese punto y, según información publicada por varios medios, la banda que actualmente dirige la actividad ilícita en Buenos Aires es la denominada Los Lobos.
La explotación ilegal de oro en Carchi no es nueva, y las actividades de desmantelamiento tampoco. En la primera semana de 2022, el Ejército realizó operativos en los cantones Mira y Espejo, entre otros limítrofes con Imbabura.
La minería ilegal está vinculada a delitos como la trata de personas, la extorsión, el lavado de dinero, el uso ilegal de armas, entre otros. También hay serias afectaciones a la naturaleza y se considera un delito ambiental.
La lucha es difícil por el alto incentivo de la actividad. Además de que no paga impuestos, la minería ilegal produce casi el doble de ingresos que la legal, de acuerdo con varios reportes. Investigadores como Arturo Torres señalan que hay participación de miembros de las Fuerzas Armadas.
La minería ilegal prolifera sobre todo en zonas limítrofes, por la facilidad de movilizar el producto, y en áreas poco habitadas, como por ejemplo en áreas naturales protegidas, donde la vigilancia de la fuerza pública se dificulta.
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Cuatro enclaves de minería ilegal
Según una publicación de Plan V basada en un estudio académico a fondo sobre el problema, estos son los enclaves productivos de la minería ilegal en Ecuador:
El enclave productivo ilegal Sierra-Norte: comprende parte de las provincias de Esmeraldas, Carchi e Imbabura.
El enclave productivo ilegal centro-amazónico: concentrado en parte de la provincia de Napo.
El enclave productivo ilegal sur-amazónico: ubicado en parte de las provincias de Zamora Chinchipe y Morona-Santiago.
El enclave productivo ilegal suroeste: concentra las provincias de Azuay, El Oro y Loja.
La descripción y sus cuadros, señala Plan V, están tomados literalmente de la investigación "Gobernanzas criminales y enclaves productivos de la minería ilegal en Ecuador".
Los resultados fueron obtenidos mediante mapa de calor a partir de técnicas de teledetección y a la información recabada en fuentes primarias y secundarias:
El artículo completo de Plan V puede ser revisado en este enlace: https://goo.su/UvGka
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