¿Una empresa pública para las áreas protegidas del Ecuador?
La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea plantea esa figura. ONG ambientales rechazan esa posibilidad.
El Pleno de la Asamblea Nacional se alista a debatir el proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas.
La iniciativa legal fue enviada al Legislativo, con el carácter de económica urgente, por el presidente Daniel Noboa, el 14 de junio de 2025.
El nombre original del proyecto se denomina Ley Orgánica de Recuperación de Áreas Protegidas y Promoción del Desarrollo Local.
La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea analizó la propuesta y elaboró el informe para el primer debate.
Uno de los temas que constan en el informe de esta Comisión es la propuesta de crear el Servicio Nacional de Áreas Protegidas como una empresa pública (EP), como ente rector del Sistema Nacional de Áreas protegidas (SNAP).
Este cambio en el texto original no es compartido por organizaciones afines al cuidado ambiental y solicitan que eso se elimine del texto de la ley.
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La propuesta de Empresa Pública (EP)
El texto planteado por la Comisión señala que el Presidente de la República creará la empresa pública encargada de la gestión y servicio de áreas protegidas.
Esta EP será técnica, especializada, con personería y personalidad jurídica, con autonomía administrativa, operativa, financiera y presupuestaria.
“El Servicio Nacional de Áreas Protegidas EP ejercerá las competencias del ente rector en materia ambiental y el ente rector en materia de turismo, en cuanto a la gestión del SNAP y servicios turísticos”, menciona el artículo 4 del proyecto elaborado por la Comisión.
Añade que la creación de esta EP tiene por objetivo el fortalecimiento, la conservación y la restauración de las áreas protegidas.
También se plantea que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas EP, podrá constituir un fideicomiso público para la gestión del SNAP.
Este fideicomiso se podrá nutrir de tres rubros: donaciones nacionales o internacionales; los provenientes de préstamos; y los rendimientos de proyectos.
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Alcance del Servicio Nacional de Áreas Protegidas EP
El Servicio Nacional de Áreas Protegidas EP podrá ejecutar proyectos, con un gestor de derecho privado o comunitario, en calidad de alianza estratégica, asociación, consorcio, de acuerdo con la Ley Orgánica de Empresas Públicas y el Código Orgánico Administrativo.
En este sentido, los proyectos podrían estar enfocados en mantenimiento de infraestructura, conservación de especies, restauración, guianza, alimentación, alojamiento, transporte, construcción, monitoreo de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.
Las zonas de las áreas protegidas en las que se desarrollen los proyectos serán definidas por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas EP y se deberá considerar la consulta previa.
El numeral 7 del art. 57 de la Constitución reconoce y garantiza a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, el derecho a la consulta previa, libre e informada, sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente.
Además, se les garantiza la participación en los beneficios que esos proyectos reporten y la indemnización por los perjuicios sociales, culturales y ambientales causados.
“Si, pese a los esfuerzos verificables, no se lograse acuerdo por negativa injustificada de las colectividades, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas EP podrá autorizar la continuidad de la operación, siempre que se establezca un mecanismo sustitutivo de compensación”.
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Organizaciones ambientales se oponen
Una decena de representantes de organizaciones ambientalistas se oponen a la creación de una empresa pública que se encargue de las áreas protegidas.
A través de un comunicado expresaron su respaldo a la creación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, pero no comparten la propuesta de constituir dicho servicio en empresa pública.
“La conservación de la biodiversidad no debe estar sujeta a lógicas empresariales ni a esquemas de rentabilidad económica, sino a principios de interés público, sostenibilidad ecológica y derechos de la naturaleza”, señala el documento.
La figura de la empresa pública –añaden- podría abrir la puerta a procesos de privatización encubierta, tercerización de servicios esenciales y pérdida de control estatal sobre territorios estratégicos y ecosistemas frágiles.
También se menciona que existen alternativas institucionales más adecuadas, como un organismo técnico autónomo, en este caso el Servicio Nacional de Áreas Protegidas.
“La figura de empresa pública, por su naturaleza, no puede ejercer la rectoría sobre el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, lo cual es fundamental si lo que se busca es el fortalecimiento de la gestión efectiva de las áreas protegidas”.
Primer debate en la Asamblea
El Pleno de la Asamblea, este 2 de julio de 2025, tramitó en primer debate el proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas.
Valentina Centeno, ponente del informe y presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, explicó que esta normativa tiene tres ejes fundamentales.
Estos son: mejorar la infraestructura y servicios de las áreas protegidas; proteger a los guardaparques; y combatir los delitos relacionados con la tala indiscriminada de bosques, la minería ilegal y actividades conexas.
"Si el país continúa al ritmo de afectación ambiental actual, para el 2045 habrá perdido el 25% de sus bosques", señaló Centeno.
Sin embargo, el informe de la Comisión fue cuestionado por asambleístas de la oposición. Una de ellas fue Ana Belén Yela, de la provincia del Guayas.
Para esta legisladora, haber incluido la dispoción de la creación de una empresa pública para el manejo de las áreas protegidas es un error. "Predomina la lógica empresarial sobre la lógica de la conservación", dijo Yela.
Mientras tanto, Viviana Veloz, de la provincia de Santo Domingo, cuestionó que el proyecto incluya beneficios para deudores de la Corporación Financiera Nacional (CFN). Exigió que se transparente la lista de quienes se quiere beneficiar con una remisión de multas e intereses.
Otros aportes al debate provinieron de legisladores como Pablo Jurado de la provincia de Imbabura. Su propuesta se enfocó en la incorporación de normativa que contribuya a fortalecer la designación de Geoparques de la Unesco, que actualmente tienen Imbabura, Tungurahua y Napo-Sumaco.
Una vez cerrada la primera discusión, el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, dispuso que el proyecto regrese a la Comisión de Desarrollo Económico, a fin de que se sistematicen las observaciones y elabore el informe para segundo debate.
