El Tratado de Alta Mar, salvavidas para los océanos y su diversidad
Se trata de un instrumento vinculante que complementa la Convención de los Derechos del Mar (1982). Tendrá especial repercusión en Ecuador y la región.
Por Álvaro Samaniego
La reciente entrada en vigor del Tratado de Alta Mar o BBNJ (Biodiversity Beyond National Jurisdiction) marca un antes y un después en el gobierno de los océanos, al extender la protección legal a la conservación de las aguas internacionales.
El acuerdo fue adoptado por consenso bajo el amparo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en junio de 2023. Más de 80 países, incluyendo a la Unión Europea y China, lo ratificaron y entró en vigor en enero de 2026.
Se trata de una normativa que abarca dos tercios del mar global -el 45% de la superficie del globo terráqueo- y que ha carecido de legislación efectiva para su conservación.
Para poner un ejemplo, el Tratado permite la creación de santuarios marinos dentro de los cuales estará restringida cualquier actividad industrial o extractiva.
“Al enfrentarnos a la triple crisis planetaria del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, este acuerdo es un salvavidas para el océano y la humanidad”, dijo António Guterres, secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Para Ecuador, y para la región, es una victoria estratégica, ya que crea un marco legal para proteger a las especies migratorias que viajan fuera de las zonas protegidas y son vulnerables a las megaflotas pesqueras.
“Ecuador es un país que firmó y luego se adhirió, un poco tardíamente” a este Tratado, que está en vigor desde mediados de enero de este 2026, dijo Luis Suárez, especialista en biodiversidad.
El entusiasmo, sin embargo, se enfrenta a desafíos estructurales que alimentan el escepticismo de sectores industriales y potencias marítimas.
Los argumentos en contra se centran en la posible colisión de competencias con organismos pesqueros ya existentes y en la carga burocrática para realizar las evaluaciones de impacto ambiental en zonas remotas.
Así mismo, el espinoso tema del reparto de beneficios por el descubrimiento de recursos genéticos marinos —el potencial uso de microorganismos oceánicos para medicina o tecnología— genera recelo entre las naciones desarrolladas.
Creen que estas cláusulas son una limitación a la inversión y a la propiedad intelectual, a pesar de que históricamente han depredado recursos genéticos.
Por sobre las resistencias iniciales de naciones como Rusia, las cautelas de potencias pesqueras como China e Islandia y la desidia de países extractivistas como Estados Unidos, el BBNJ se erige como la pieza que faltaba para enfrentar la crisis climática y la pérdida de biodiversidad.
La comunidad internacional se enfrenta ahora al reto de pasar del papel a la acción: establecer mecanismos reales de vigilancia en el corazón del océano.
Es necesario anotar que 155 países (algo más del 70%) tienen jurisdicción marina. Sin embargo, en ciertos casos inclusive los 45 que no tienen litoral tendrán responsabilidad y beneficios.
“Las aguas internacionales no tenían un instrumento vinculante específico, había normas dispersas”, anotó Luis Suárez. Pero “con este Tratado el planeta ya tiene un instrumento vinculante y un instrumento coherente”, que complementa la Convención de los Derechos del Mar (1982).
En última instancia, el éxito del acuerdo dependerá de la voluntad política para priorizar la salud del ecosistema global por encima de los intereses inmediatos.
Conservación y disputa geopolítica
El océano es el principal regulador climático del planeta y, al mismo tiempo, uno de los sistemas más afectados por la crisis ambiental contemporánea.
Absorbe gran parte del exceso de calor generado por las emisiones humanas, captura gases de efecto invernadero y sostiene una biodiversidad de la que dependen millones de personas.
Pero, ese rol silencioso tiene límites: el calentamiento, la acidificación y la pérdida de oxígeno están empujando a los ecosistemas marinos hacia puntos de no retorno.
Youtopia
La degradación de los océanos no es un fenómeno lejano ni abstracto. El colapso de arrecifes, la reducción de poblaciones de peces y la alteración de las corrientes oceánicas impacta sobre la seguridad alimentaria, el clima regional y la estabilidad de comunidades costeras.
La biodiversidad marina, lejos de ser un lujo ambiental o un hotspot turístico, es una condición básica para la resiliencia del planeta.
El océano es también un espacio de poder. Lo cruzan rutas comerciales, intereses económicos, disputas territoriales y acuerdos internacionales que determinan quién accede a los recursos y bajo qué condiciones.
Más del 80% del comercio mundial se transporta por mar y, sin embargo, la gobernanza de los océanos sigue fragmentada y, en muchos casos, débil.
En nombre de la llamada “economía azul” se promueven nuevas formas de explotación de los mares: transporte, minería, energía, pesca, turismo. Algunas apuntan a la sostenibilidad; otras reproducen viejas lógicas extractivas con un nuevo lenguaje ambiental.
La descarbonización del transporte marítimo, los tratados de alta mar y el papel de los organismos multilaterales revelan tensiones entre intereses económicos, soberanía y compromisos climáticos.
América Latina es una región oceánica, aunque muchas veces se piense a sí misma desde la tierra firme. Sus costas, mares y archipiélagos concentran una enorme riqueza biológica, pero también profundas desigualdades sociales y tensiones productivas.
En este contexto, el océano es simultáneamente fuente de sustento, espacio de conflicto y promesa de desarrollo.
Ecuador ofrece un caso emblemático. Galápagos es uno de los ecosistemas marinos más importantes del planeta y, a la vez, un territorio atravesado por presiones globales: pesca industrial, turismo sin control, financiamiento internacional y geopolítica regional.
La relevancia del Tratado
El documento borda cuatro temas principales: el acceso a recursos genéticos marinos y la distribución de sus beneficios, mecanismos de gestión basados en áreas –las conocidas como áreas marinas protegidas-, evaluaciones de impacto ambiental y la creación de capacidades y transferencia de tecnología.
Este es el primer instrumento oceánico jurídicamente vinculante. Contempla una gobernanza oceánica inclusiva, con disposiciones sobre la participación de los pueblos indígenas y las comunidades locales, e igualdad de género.
La organización ambientalista internacional Green Peace reaccionó a la entrada en vigor del BBNJ y dijo que la relación de la humanidad con lo que cubre dos tercios de nuestro planeta cambiará profundamente.
“La alta mar es uno de los principales bienes comunes mundiales (…) El océano captura y almacena carbono, genera la mitad del oxígeno que respiramos y regula el clima”, anotó la organización en un comunicado.
“El lecho marino es patrimonio de la humanidad y este Tratado establece mecanismos específicos para, a través de información científica más sólida, evaluar los impactos ambientales de actividades como pesquería, transporte marítimo, minería submarina, que es una de las mayores preocupaciones”, aseguró Suárez.
“El lecho marino es patrimonio de la humanidad y este Tratado establece mecanismos específicos para, a través de información científica más sólida, evaluar los impactos ambientales": Luis Suárez
Según el especialista, los pasos inmediatos previstos son crear una estructura institucional (comité científico y secretaría), gestionar recursos y organizar la primera conferencia de las partes.
Mariamalia Rodríguez, ambientalista costarricense que ha trabajado en la construcción de este Tratado durante una década, consideró que es muy ambicioso y da nuevos instrumentos para proteger la biodiversidad en alta mar.
