La 'transición justa' medirá el éxito o fracaso de la COP30
Es el eje de la Conferencia de las Naciones Unidas en Belém do Pará. El reto es afrontar la crisis climática sin agravar las desigualdades, en la práctica.
Por Isabel Seta
El debate sobre la transición justa es el eje central de la lucha contra el cambio climático. Así define Anabella Rosemberg, especialista sénior de la Red de Acción Climática (CAN), una de las mayores organizaciones internacionales de activismo climático, el tema prioritario de la COP30, que arrancó el 10 de noviembre en Belém do Pará, Brasil.
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, representantes de casi 200 países debaten cómo evitar que las transformaciones para lograr un mundo con menores emisiones de carbono profundicen las desigualdades entre países y perjudiquen a las comunidades vulnerables. Se trata de la llamada "transición justa", defendida en discursos, pero casi nunca implementada en la práctica.
“Una transición justa busca abordar las preocupaciones de la gente, como el aumento del costo de la electricidad, la forma en que nos desplazamos, nos alimentamos y trabajamos”, explica Rosemberg, al señalar la magnitud del cambio estructural que requiere combatir el calentamiento global en todos los ámbitos de la economía.
“Las políticas climáticas siempre se discuten desde un punto de vista técnico y tecnológico, pero sin considerar sus consecuencias para la calidad de vida de las personas” Anabella Rosemberg
El debate sobre una transición justa representa una oportunidad para cambiar esta perspectiva, afirma la experta, al colocar a las personas -sus empleos, sus comunidades y su calidad de vida- en el centro de la compleja ecuación que supone afrontar la crisis climática.
La idea, ya consensuada por los países, es que la transición global hacia un escenario de bajas emisiones no debe dejar a nadie atrás, incluyendo a los trabajadores de sectores contaminantes, las comunidades vulnerables y los países de bajos ingresos.
“La transición ya está en marcha. La cuestión es cómo continuará”, afirma Beatriz Mattos, doctora en Relaciones Internacionales y coordinadora de investigación en Plataforma Cipó, un instituto de investigación independiente centrado en la cooperación global en materia de acción climática.
“¿Acaso profundizará las desigualdades? ¿Generará más daños a la biodiversidad? Existen numerosos ejemplos de una transición injusta”, dice.
En efecto. Para empezar, tan solo tres países desarrollados -Japón, Estados Unidos y Alemania- concentran el 58% de las patentes de “tecnologías verdes”, que reducen o evitan las emisiones de gases de efecto invernadero. Los países en desarrollo (excluida China) representan apenas el 2% de estas patentes, según la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI).
El año pasado, según datos recopilados por Oxfam, los países de altos ingresos concentraron casi el 50% de las inversiones en energías limpias, mientras que África recibió solo el 2%, a pesar de que el África subsahariana alberga al 80% de la población mundial sin acceso a la electricidad.
Y, en un caso específico, mientras que en la República Democrática del Congo, el principal país productor de cobalto del mundo, un minero suele recibir menos del salario mínimo de 150 dólares (806 reales), el fabricante de automóviles estadounidense Tesla (propiedad del hombre más rico del mundo) utiliza 3 kg de cobalto por coche eléctrico y obtiene unos beneficios de alrededor de 3.150 dólares (16.927 reales) por la venta de cada vehículo, 21 veces más que el salario congoleño, según Oxfam.
"¿Cómo harán la transición los países del Sur Global si no tienen acceso a las tecnologías? Por ejemplo, la tecnología de los paneles solares está totalmente concentrada en el Norte y en China, pero los minerales críticos esenciales para su producción se encuentran en países del Sur Global, que no se benefician de la tecnología y se ven obligados a exportar materias primas baratas", afirma Mattos.
Un ejemplo de ello es la incipiente explotación de tierras raras en Brasil, como muestra Pública.
Por lo tanto, en su análisis, resulta más fácil comprender qué son las transiciones injustas, que ya están ocurriendo. "Cuando vemos un parque eólico instalado en una zona de comunidades tradicionales, provocando violaciones de los derechos laborales y de salud, sabemos lo que es una transición injusta", ejemplifica.
No sorprende que esta sea la "lucha clave" para las organizaciones de la sociedad civil, incluidos los sindicatos, en la COP30, según la define Tasneem Essop, directora ejecutiva de la Red de Acción Climática, en una entrevista concedida a Pública en abril.
La Red de Acción Climática reúne a más de 1.900 organizaciones sociales de 130 países. Durante la conferencia, se espera que estas organizaciones presionen a los negociadores de los países para lograr avances concretos en materia de transición justa.
El movimiento indígena brasileño, representado por la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib), solicita, por ejemplo, que las decisiones sobre transición justa prohíban la minería y los monocultivos para biocombustibles en territorios indígenas.
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¿Cómo se integra la transición justa?
Todo comienza con el Acuerdo de París, el principal tratado internacional sobre el clima, firmado hace 10 años por 198 países. Las naciones se comprometieron a actuar para limitar el calentamiento global reduciendo sus emisiones de gases de efecto invernadero.
El Acuerdo tiene en cuenta las diferentes responsabilidades y necesidades de los países, ya que los países desarrollados, como los de la Unión Europea y Estados Unidos, históricamente han emitido muchos más gases de efecto invernadero que los países en desarrollo.
En la COP28, los países dieron otro paso diplomático al decidir crear un programa de trabajo sobre transición justa, con el objetivo de debatir vías más equitativas para alcanzar las metas del Acuerdo de París.
Durante los últimos años, representantes de los países se han reunido en este programa para intentar definir, en primer lugar, qué es una transición justa -dado que la definición misma es objeto de desacuerdo-, cuáles deberían ser sus principios y qué se puede hacer para lograrla en la práctica.
¿Por qué es importante?
Una decisión sobre la transición justa en la diplomacia climática es importante porque tendría que tomarse por consenso entre los 198 países e indicaría qué deben hacer internamente para garantizar una menor desigualdad en las transformaciones hacia economías bajas en carbono.
Esta sería una forma no solo de asegurar que todos estén alineados, sino también de dar cabida a las demandas de la sociedad.
“Posteriormente, los movimientos en cada país podrían decir: ‘Ustedes eligieron este camino en la COP30 y nosotros queremos una transición justa a nivel nacional, queremos diálogo, queremos estos derechos’. Estos acuerdos legitiman las luchas locales”, explica Rosemberg, de CAN. Incluso en casos de litigio en los países, una decisión en la COP30 podría resultarles favorable.
¿Qué está en juego en la COP30?
Dado que el programa de trabajo sobre transición justa finalizará el próximo año, el tema se debatirá en la COP30. Se espera que, tras numerosos desacuerdos, los países aprueben una resolución, basada en un texto preliminar acordado en Bonn, Alemania, donde se celebró la conferencia preparatoria de la COP30 en junio.
La nota preliminar informal representó un importante avance, sobre todo porque el texto será analizado en Belém y podría tomarse una decisión. En ella, los países reconocen, por ejemplo, que las transiciones justas deben estar centradas en las personas, ser participativas desde la base e incluir a toda la sociedad.
También ofrece definiciones más amplias de transición justa, tal como lo proponen los países del Sur Global. Esto se debe a que los países desarrollados, en general, abogan por definiciones más restringidas al sector energético (el mayor contribuyente a las emisiones) y a los trabajadores de este sector, quienes necesitan ser capacitados y reubicados.
Sin embargo, para los países en desarrollo, esta visión no aborda los desafíos que enfrentan, lo que justifica transiciones sistémicas.
“Mientras que los países industrializados se centran en la descarbonización de los sistemas con altas emisiones, los países menos adelantados [un grupo reconocido por la ONU compuesto por 44 naciones] presentan contextos energéticos distintos. (...) Solo el 39% de la población rural [de estos países] tiene acceso a la energía; imagínense por un momento el impacto que esto tiene en la salud, la educación y la agricultura”, declaró el representante de Burkina Faso en la última reunión sobre el programa de trabajo.
El documento preliminar también incluye otros elementos importantes, señala Mattos, como garantizar la participación de todas las personas afectadas por las transiciones (como los trabajadores informales, las personas en situación de vulnerabilidad, los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales, los migrantes y refugiados, la infancia, las personas mayores y las personas con discapacidad), la protección de los ecosistemas y la biodiversidad, y la consideración de los diferentes tipos de trabajadores, no solo de aquellos con contratos laborales formales en las industrias de combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas).
“Este texto también plantea la posibilidad de crear mecanismos para implementar la transición en los países del Sur Global, dado que estos países no cuentan con los recursos económicos ni tecnológicos para llevarla a cabo por sí solos”, explica.
¿Cuándo surge el desacuerdo?
Es al debatir cómo implementar todo esto cuando se hacen visibles los mayores desacuerdos.
Los países en desarrollo abogan por algún tipo de acuerdo institucional que les permita acceder a las tecnologías y los recursos necesarios para llevar a cabo las transiciones, que incluyen la reconversión laboral, las inversiones en energías limpias y, en muchos países, simplemente el acceso a la electricidad y la posibilidad de cocinar de forma segura (sin utilizar leña ni carbón, por ejemplo).
Los países desarrollados, sin embargo, se oponen a un acuerdo de implementación porque esto implicaría que tendrían que aportar más recursos financieros a las naciones en desarrollo, además de compartir tecnología.
En Bonn, también se debatió el lenguaje utilizado para presentar la transición energética hacia energías libres de combustibles fósiles como una oportunidad económica.
La oposición provino principalmente del grupo de Países en Desarrollo con Objetivos Afines (PDDA) y del Grupo Árabe, que ya habían protestado en otras ocasiones cuando los debates hacían referencia directa a los combustibles fósiles.
En general, la sociedad civil ha apoyado la propuesta de la Red de Acción Climática de crear el denominado Mecanismo de Acción de Belém (MAB).
Este mecanismo tendría tres funciones principales: coordinar las diferentes iniciativas de transición justa en todo el mundo, que actualmente se encuentran dispersas entre diversas instituciones; garantizar el intercambio de conocimientos, como planes exitosos y buenos ejemplos de políticas públicas; y facilitar el acceso a la tecnología necesaria y a posibles financiadores.
Diez años después del Acuerdo de París, nos encontramos ante un ecosistema muy fragmentado en materia de transición justa, con iniciativas en prácticamente todas las organizaciones internacionales: la Organización Internacional de la Energía, la Organización Internacional del Trabajo, el Banco Mundial y los bancos regionales, explica Rosemberg. Contamos con numerosas iniciativas, pero ninguna está vinculada a los compromisos climáticos.
El Mecanismo de Acción para la Transición (BAM, por sus siglas en inglés) sería una vía para lograr una mayor coordinación institucional e impulsar las transiciones justas en la práctica. Muchos países en desarrollo han mostrado interés en la idea, como Sudáfrica, Chile, Colombia, México, Malasia, Indonesia, el grupo de países africanos y el propio Brasil.
"La idea de coordinación, acción e intercambio de experiencias y prácticas cuenta con un consenso total entre los países en desarrollo", revela Rosemberg.
Sin embargo, la Unión Europea se opone al acuerdo, a pesar de haber creado su propio Mecanismo, con un fondo de casi 20.000 millones de euros para ayudar a los países europeos a financiar proyectos de transición y una plataforma con una serie de expertos en diferentes áreas a quienes los gobiernos pueden consultar.
¿En qué debemos fijarnos?
Según los expertos consultados para este informe, la COP30 es el momento clave para tomar una decisión sobre una transición justa. Primero, porque la presidencia de la COP30 ha definido el tema como prioritario en la agenda de negociación. Segundo, porque el próximo año la COP se celebrará en Turquía o Australia, y es posible que los países más desarrollados no le den prioridad.
Y tercero, porque si no se llega a un acuerdo ahora, con el establecimiento de medidas prácticas, la transición justa corre el riesgo de convertirse en un "tema zombi", en palabras de Rollemberg, con solo "más diálogos y más diálogos". Por ello, varias organizaciones han abogado por la creación del BAM (Foro Brasileño contra el Marketing).
"Este es el momento de hacer justicia en las negociaciones climáticas", afirma. "Si solo vamos a prestar atención a los anuncios, no tiene sentido reunir a más de 30.000 personas en la COP. Si vamos a la COP, es porque hay puntos en los que todos los países deben ponerse de acuerdo". Una transición justa ocupa el primer lugar de la lista.
Este reportaje fue producido por Climate Tracker América Latina, con apoyo de Oxfam
